Sabemos que hace falta un plan de regeneración democrática, llevamos años esperándolo, tantos como la derecha ha utilizado sus cenáculos, poderes y redes para desmontar el espíritu de las leyes democráticas, retorcer la letra de la ley al aplicarlas y pudrir las conductas públicas.
En mala hora, el gobierno de Rajoy perpetró la ley mordaza, dejando a la ciudadanía indefensa y muda frente a los abusos del poder. Perdón, no a toda la ciudadanía, sino a los de abajo, a quienes manifestarse les podría suponer una multa sin juicio previo. Una ley netamente clasista, un ataque sin piedad hacia los derechos fundamentales. Una ley que, en la práctica, sirvió además como caldo de cultivo para dar cancha a las posiciones más ultraderechistas entre los cuerpos policiales. Basta con ver la contundencia con que se ejerce contra los movimientos reivindicativos y la tolerancia y complicidad ante las asonadas de la ultraderecha.
En mala hora se legisló el capítulo de las ofensas a los sentimientos religiosos y a las altas instituciones del estado, castigando sin causa razonable la libertad de expresión que es un fundamento vital para la democracia.
Por otra parte, es una sanción inútil para la convivencia porque al final siguen estando las cloacas de las redes, el refugio del anonimato de los cobardes, que están dando tanto rédito a los ofendiditos con pedigrí.
Ya será en buena hora de que se elimine de una vez el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, que ha demostrado no ser otra cosa que el recurso de ultras y religiosos resabiados para condenarnos a las penas del infierno a los no creyentes y, por si acaso, a multas, persecuciones y otros exilios más terrenales. Que los espíritus religiosos siempre han sido muy de “a dios rogando y con el mazo dando” Que bien les viene a estos que el mazo de la justicia también sea santo de su misma devoción.
Nadie debería ser juzgado por sus creencias, pero no sé por qué me da a mí que ninguno de estos ejemplares del museo de las religiones jamás se hubiera ofendido por la implantación de la religión obligatoria. Yo lo sé porque tengo edad suficiente como para recordarlo y no tanta como para haberlo olvidado. Las religiones mayoritarias suelen adquirir ese tipo de prepotencia de intérpretes únicos homologados de la ley divina, tantas veces en contraposición a los derechos humanos.
Existe el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y de manifestación, lo que en su versión religiosa vendrían a ser las procesiones. Pero quien se expresa en sus manifestaciones religiosas se expone a la crítica ¡Qué suerte! Solo se expone a la crítica, que puede ser mordaz, sarcástica, graciosa o patosa, incluso vulgar, pero que no duele en el cuerpo como los golpes de la policía.
En cuanto a las ofensas referidas a la Corona y a las altas instituciones del estado, Gobierno, Tribunal Supremo, Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, nótese que de todos ellos tres tienen que ver con los jueces -que no han sido votados por el pueblo- otro es la corona, que tampoco, y solo nos queda el gobierno que al menos procede del acuerdo parlamentario.
No se me ofenda tampoco a la Corona, que, si alguien tiene que estar ofendida, es la ciudadanía, tanto por la trayectoria de la dinastía reinante como por su comportamiento contante y sonante. Pero sobre todo por el sinsentido que implica alcanzar la jefatura del estado sin pasar por las urnas, heredando el país y a los paisanos como si fuéramos súbditos en lugar de ciudadanos.
En el año 2009, José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real, fue juzgado por la Audiencia Nacional y condenado por injurias a la corona a 6.480 euros de multa. Años más tarde se demostraría que las actuaciones y comportamientos del monarca coincidían y en algunos casos superaban lo relatado en las palabras de Barroso. Años más tarde, en 2014, envuelto en el escándalo de las realidades, Juan Carlos de Borbón abdicó. A la vista de los hechos se pudo comprobar que más que injurias, José Antonio Barroso había desvelado un diagnóstico real.
Supimos tarde lo que se nos ocultaba, no sabemos lo que se nos oculta ahora. Tomemos nota y reclamemos que por salud democrática cambie también la ley de secretos oficiales.