El miedo y el silencio pueden complicar la honrosa tarea de querer saber qué sucedió y dónde están “ellos” o “ellas”, pero no puede borrar el recuerdo de aquellos que les conocieron –directa o indirectamente–, y que hoy se sienten en la necesidad de rescatar, además de sus restos, su honor y su memoria.
Son miles y miles los hijos, sobrinos, nietos y todo tipo de familiares de víctimas de la dictadura que ante esa incómoda pregunta de “¿qué fue de él o de ella?”, sólo pueden responder: “No sé, murió en la guerra”. Y seguramente ni siquiera murió –hay que llamar a las cosas por su nombre–, e incluso ni fue en la guerra –el desconocimiento de los hechos acontecidos en los territorios del bando nacional y en el régimen franquista es tal que nos apresuramos a llamar todo “guerra"–. El miedo, compañero del silencio, se cebó con todos aquellos que tuvieron que soportar la pesada cruz de haber tenido a uno de sus familiares procesado tras el levantamiento del 18 de julio. Un temor que dejó muda a toda una generación, una losa con la que seguimos cargando nada más y nada menos que 80 años después del golpe militar que se llevó por delante a la II República.
El miedo y el silencio pueden complicar la honrosa tarea de querer saber qué sucedió y dónde están “ellos” o “ellas”, pero no puede borrar el recuerdo de aquellos que les conocieron –directa o indirectamente–, y que hoy se sienten en la necesidad de rescatar, además de sus restos, su honor y su memoria. Es el caso de mi compañera Ana Gil Giráldez, natural de El Torno, que busca conocer cómo fueron los años de su tío, Francisco Gil Sánchez, juzgado, condenado y “asesinado” el 9 de mayo de 1941, al parecer en Cádiz. Y pongo asesinado entre comillas porque según los datos que manejamos “falleció” por encefalitis crónica. Ya se pueden imaginar. Francisco Gil, natural de Pruna y de profesión albañil, llegó a ser encausado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas llegando a formar parte del Fichero General Masónico. Y todo –con los pocos datos de los que disponemos–, por tener “antecedentes” y haber oficiado como interventor del Frente Popular en las elecciones que ganó la coalición de izquierdas en febrero de 1936, los últimos comicios democráticos antes de las cuatro décadas de oscurantismo que asoló a nuestro país.
Ante esta circunstancia, 75 años después de su muerte, Ana ha decidido investigar cómo fueron los últimos años de su tío, del que hasta hace unas semanas no sabía prácticamente nada más de aquello que se suele decir: “Se lo llevaron”. La viuda de su tío, sus hijos y sus familiares creyeron durante décadas que era imposible rescatar la memoria de Francisco pero afortunadamente, a día de hoy, podemos decir que aunque el camino es complicado, sí es posible. Una de las intenciones de la Ley de Memoria Histórica de España –aprobada en 2006, en el ejecutivo que presidió Zapatero– es la reparación moral de las víctimas y sus familiares, y aunque el acceso a esta información siga siendo todo un camino lleno de obstáculos para quien quiera rescatar el pasado de algunos de sus familiares, es posible.
En esta línea y con la intención de facilitar los trámites e inconvenientes que puedan surgir a las víctimas, ha nacido de la voluntad ciudadana y memorialística la figura de las “Oficinas de Memoria Histórica” que la propia Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez quiere establecer en nuestra ciudad, pese a las trabas puestas por el ejecutivo y el propio gobierno local. Un centro específico de atención a las víctimas del franquismo que responda a las complicaciones derivadas de aplicar las reparaciones que una propia ley de ordenamiento jurídico español –en vigor, pese a las amenazas del Partido Popular– avala. Un mecanismo para que los trámites que hoy estas personas tienen que hacer por su propia cuenta puedan ser gestionados con facilidad y rapidez.
Más de 100.000 personas asesinadas por el régimen franquista siguen hoy desaparecidas en nuestro país. Seguimos siendo el segundo país con mayor número de desaparecidos del mundo tras Camboya. La dejadez, por una parte del Gobierno de España que con el Partido Popular cerró el grifo presupuestario para las exhumaciones, y de otras administraciones, como en nuestro caso el Ayuntamiento de Jerez, reacio a poner en funcionamiento la Oficina de Memoria Histórica, no hace sino contribuir a que las heridas de gran parte de la sociedad española no se cierren nunca.
Pese a ello, los que creemos en la libertad, la democracia y la paz seguiremos luchando, codo con codo, para que la pregunta “¿qué fue de él o de ella?” sí tenga respuesta, lugar, fecha y reparación. Para que la exhumación de los restos y el conocimiento de los procesos y causas llevadas a cabo contra las víctimas del franquismo sean una realidad. Es lo mínimo a lo que una sociedad democrática puede aspirar. Mientras y a la espera de conocer en qué tipo de sociedad vivimos, nos la apañamos como podemos. Los Archivos Generales, las Instituciones Penitenciarias, el Ministerio del Interior, el Tribunal Territorial Militar, el Ministerio de Defensa y el Centro de Documentación de la Memoria Histórica ya han recibido nuestra consulta. Queremos saber qué fue de Francisco Gil Sánchez y no pararemos hasta conocer su historia y obtener su reparación.