Sucesos como el de Linares del pasado 12 de febrero, en el que dos policías fuera de servicio agredieron a un ciudadano y a su hija de 14 años, nos hacen preguntarnos muy a menudo si la selección de los miembros de esas fuerzas de seguridad y su formación posterior es la adecuada en cuestión de derechos humanos.
Amnistía Internacional ya publicó en el año 2001 el informe La formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones en España, Una asignatura pendiente, en el que se ponía de manifiesto que la formación en derechos humanos seguía siendo deficiente en nuestras fuerzas de seguridad. Se observaba que, a pesar de que se daba la posibilidad de que entraran en estos cuerpos funcionarios con comportamientos y actitudes negativas, con respecto a los derechos humanos, no se exigían requisitos específicos sobre conocimientos de derechos humanos al profesorado que impartía la formación, ni se hacía ningún seguimiento al alumnado, para comprobar la incidencia práctica de los programas formativos.
Se llamaba la atención en este documento también sobre la poca atención otorgada al estudio de las normas que rigen el uso de los medios coercitivos y de las armas. Y sorprendía también que temas como inmigración, asilo y refugio, estuvieran ausentes en la formación del cuerpo de la Guardia Civil, a pesar de ser la autoridad competente en vigilancia de fronteras.
Nueve años más tarde, en 2010, bajo el título España: La formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad de ámbito estatal sigue siendo marginal, hacíamos una actualización del análisis de 2001. Las conclusiones fueron lamentables. En 2010 los derechos humanos seguían siendo un contenido marginal en los planes de formación de las distintas fuerzas de seguridad. En la normativa que regula la actuación y el funcionamiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no había ni una referencia explícita a los derechos humanos. La evolución desde 2001 hasta 2010 era sencillamente decepcionante. De los doce aspectos analizados en 2001 sólo había habido algún avance en cuatro, en el caso de la Policía Nacional, y en dos, en el caso de la Guardia Civil.
La presencia de los derechos humanos en la formación de estos cuerpos seguía siendo escasa y aislada, y deficiente en los niveles de ingreso, en los que no existía ni como contenidos trasversales en otras materias. Ninguna de las dos instituciones ofrecía tampoco al alumnado una visión general sobre la situación de los derechos humanos en España, ni daba información sobre las recomendaciones al estado español por parte de organismos intergubernamentales, como el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y algunos más. Y mostrábamos nuestra preocupación por la escasa atención prestada a la cuestión del racismo y la xenofobia y, especialmente, por la falta de procedimientos efectivos para asegurar, durante la formación de ingreso, que se descarta a alumnos y alumnas con valores o actitudes contrarias a los derechos humanos.
Sí se habían encontrado algunos avances en cuestiones como las limitaciones al uso de la fuerza o en materia de violencia de género.
En este 2021 no parece que los diez años transcurridos hayan mejorado mucho la situación. Seguimos asistiendo a menudo a actuaciones por parte de las fuerzas del orden que consideramos que deberían desaparecer. Siguen siendo habituales los controles de identidad basados en perfiles raciales y, especialmente desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, parecen haberse intensificado situaciones de actuaciones arbitrarias. Sigue siendo, a pesar de los pequeños avances producidos en los últimos años, deficitaria la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Y siguen siendo demasiado frecuentes las denuncias de abuso policial y uso excesivo de la fuerza.
Los sucesos de Linares ponen de manifiesto esa ausencia de formación en derechos humanos de algunas personas que constituyen nuestras fuerzas de seguridad. La falta de un control exhaustivo en el perfil de los futuros agentes de policía o guardias civiles nos lleva, demasiado a menudo, a situaciones como ésta, en las que determinados agentes del orden, si bien en este caso fuera de servicio, tienen una actuación absolutamente reprobable en lugar de ser el modelo que, como fuerzas del orden, deberían ser. El uso innecesario de armas de fuego, en este caso una escopeta de postas, contra ciudadanos pacíficos que, según parece, ni siquiera formaban parte de la manifestación de repulsa de la agresión del día anterior, nos demuestra que todavía queda mucho por hacer en la formación en derechos humanos de nuestras fuerzas de seguridad.
Sin embargo, este mismo caso de la agresión sin motivo a un ciudadano y a su hija de 14 años en Linares, nos abre una pequeña ventana a la esperanza de que se pueda estar produciendo un cambio. En el caso de Linares se ha producido una reacción rápida por parte de las autoridades y del propio Cuerpo Nacional de Policía. La condena, sin ambages, de estos execrables hechos, es la necesaria respuesta clara y contundente, cuando se produzcan, por parte de las fuerzas de seguridad, actos como éstos, que suponen claramente una violación de derechos humanos. Violación de derechos que llevan a cabo precisamente quienes debieran defendernos de este tipo de violaciones.
Valoramos muy positivamente que, en este caso, se haya rendido cuentas ante la sociedad y ya esté en marcha una investigación de los hechos que debe ser rápida y exhaustiva, tomando las medidas necesarias, penales o disciplinarias, acordes a la gravedad de tan lamentables hechos.
Igualmente, valoramos positivamente la apertura de una investigación interna por el uso de armas de fuego en la represión de la manifestación de condena de las agresiones perpetradas por los dos policías de paisano el pasado día 12.
Esta actitud de rendición de cuentas cuando se producen hechos tan lamentables como los sucedidos en Linares el viernes 12 de febrero, debería ser la norma en nuestras fuerzas de seguridad. Hoy nos sorprende por inhabitual. No debería sorprendernos. Debería ser la norma cada vez que se produzca cualquier situación que se escape de una actuación normal de nuestras fuerzas de seguridad.
Sería muy conveniente que, para que la excepción se convierta en regla, hubiera un mayor control sobre el perfil de los futuros agentes de policía o guardias civiles y, sobre todo, una formación en derechos humanos previa a su ingreso en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Así como una formación permanente, en este mismo sentido, por parte de expertos en el tema, durante toda su carrera profesional.
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