Decir que el Reino de España tiene una deuda histórica y política y, además, un deber jurídico con su antigua colonia, el Sáhara Occidental, es comenzar este artículo diciendo una obviedad para todos los lectores. Pero algo tan incuestionable por la sociedad española, se les olvida, de manera consecutiva, a todos los Gobiernos que han pasado por Moncloa. Se le olvidó a Felipe González cuando llegó a la Presidencia del Gobierno. Antes, cuando era líder de la oposición, había visitado los campamentos de refugiados saharauis en Argelia con la promesa de organizar un referéndum de autodeterminación. Y ahora es el turno de su homólogo, Pedro Sánchez, que parece no saber que, con la nueva posición española, nuestro país está incumpliendo con el Derecho Internacional.
La decisión del Gobierno de España es de una elevada torpeza en términos políticos. Un giro de 180º en su posición con el Sáhara Occidental, sin preavisar al principal líder de la oposición y, lo que es más grave, a su socio en el Gobierno; y justo en un momento en el que somos más dependientes que nunca del gas proveniente de Argelia. Este último país es el mayor aliado de la República Árabe Saharaui Democrática (Estado reconocido por más de 80 países en todo el mundo y miembro de pleno derecho de la Unión Africana), lo que ha provocado la llamada a consultas de su embajador en España. Esto supone, de facto, que el país africano ha retirado su representación diplomática en Madrid.
Los juristas no podemos quedarnos al margen de esta decisión. Que el Gobierno de España califique la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental que realiza Marruecos como “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” es sinónimo de admitir la soberanía del país árabe sobre un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, conforme a las Resoluciones de Naciones Unidas. Por tanto, es una posición que queda al margen del Derecho Internacional.
La Resolución 1514 de la ONU de 1960 incorporó el principio de autodeterminación de los pueblos como derecho a la Carta de Naciones Unidas de 1944. Una declaración que establece expresamente, en su apartado primero, que “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales”; y que, en estos territorios, conforme al apartado 5, se han de tomar “medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados (…)”.
A finales de los 50, la Corte Internacional de Justicia declaró que el Sáhara Occidental era un territorio no autónomo pendiente de descolonización, por lo que España debía organizar un referéndum de autodeterminación con todas las garantías para que los saharauis decidieran su futuro. Nada más lejos de la realidad, España firmó los ilegales Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, que repartían el Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania, lo que provocó una guerra que duró hasta 1991 (año en el que comenzó la tregua gracias a la promesa de que la ONU organizaría el tan ansiado referéndum a través de la Minurso y que nunca ha llegado) y que ha vuelto a estallar después de que Marruecos violara el alto al fuego en noviembre de 2020.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido oportunidad de declarar la no aplicación de los acuerdos entre la UE y Marruecos al Sáhara Occidental en sentencias de 2016 y 2021 por los motivos anteriormente descritos, esto es, que el Sáhara no es un territorio que pertenezca a Marruecos. Por tanto, no se pueden explotar sus recursos naturales sin su consentimiento.
En definitiva, la nueva posición de España supone una nueva traición al Sáhara Occidental que, además, es una maniobra política de difícil comprensión. Ahora que estamos viendo la tan necesaria solidaridad de la Unión Europea con los refugiados ucranianos observamos también las contradicciones e incoherencias de alguno de sus países miembros. Centenares de miles de refugiados saharauis, a causa de la falta de responsabilidad de uno de los países que forman parte de la Unión Europea –España-, llevan más de cuarenta años en campamentos de refugiados en medio del desierto, cerca de la ciudad de Tinduf, en Argelia. En vez de tratar de resolver el conflicto conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, seguimos tratando a Marruecos, un país dictatorial que incumple los derechos humanos a diario, como un socio preferente.
La única solución ajustada a Derecho es la de organizar un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Medida que debía haberse tomado mucho antes y que, más tarde o más temprano, será la que haya de llegar para los saharauis.