Es Navidad y me acuerdo de gente sin nombre, algunas con rostros, y otras sin ni siquiera eso para mí, pero sin embargo a todas las recuerdo. Escribo sobre desigualdad, pero no sobre la de género, esa que nos separa tanto a mujeres y hombres, hago esta vez una excepción, para escribir de una que transciende a todas las demás, la que nos roba la dignidad y la vida, la social.
Toda mi vida me he dedicado al derecho laboral, el que se pensó y creó para defender los derechos de los trabajadores, porque la clase trabajadora demanda derechos y los empresarios defienden sus intereses, a las trabajadoras se las ignoraba e ignora. Trabajo en una administración pública local desde hace treinta años, y he comprobado una verdad que todos y todas conocemos, que no es otra que la de ver como la administración vive una realidad paralela a la de las personas para quienes se supone que trabaja, piensa y actúa, y lo realmente grave es que no hace nada por cambiar, está tan alejada de la vida, que pretende que sean las personas las que se adapten a su forma de mirar, y no entiende que sus normas, códigos, garantías, requisitos, expedientes, subvenciones.., no se corresponden con los de la vida real.
Se habla mucho de la brecha digital, y de la brecha salarial, y se presume de administración electrónica, tramitaciones online, protección de datos, y portales de transparencia, pero se obvian los derechos de los demás, olvidando que existen muchas personas que, por su realidad casi siempre económica, carecen de medios y formación para acceder a ese maravilloso y “fácil” universo online.
Es la enorme brecha administrativa que existe entre esa administración “moderna” y la pobreza. La imposibilidad de los y las que poco o nada tiene, de acceder a ese maravilloso mundo digital, donde con un solo y mentiroso clic de ratón lo obtienes todo.
Esta situación cobra especial importancia cuando se trata del acceso a prestaciones públicas que garantizan un mínimo de subsistencia. Pongo como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital, una prestación de la seguridad social, un derecho subjetivo de las personas, que como su nombre indica tiene como fin una cantidad, que, según la realidad administrativa, esa tan distante de la de las personas, te permite poder vivir. Pero no es cierto porque su cuantía máxima apenas alcanza al cuarenta y algo por ciento del salario mínimo profesional. Pero aun así para cientos de miles de personas que solo ingresan al mes 90,100, 200, 300, o 400 euros, es la tabla de salvación entre vivir en la calle o pagar el alquiler de una habitación, la luz, o simplemente comprar una bombona de butano, porque no da para más. Contra esta prestación votaron en contra los infames representantes de los partidos de la derecha de nuestro país.
Creo que, si queremos vivir en una sociedad democrática que atienda los derechos y necesidades de la mayoría de las personas, tenemos que superar esta brecha administrativa existente, y solo lo podremos conseguir si la administración pública vive la realidad de la gente, y no la de sus oficinas, normas y despachos, y para ello son imprescindibles normas, actitudes y prácticas que la vinculen con la sociedad. Porque la mayoría de las personas que se encuentran ante la brecha administrativa, lo que más urgen y demandan es que la administración pública las escuche, empatice, oriente, y ayude a comprender de lo que se les habla, y no que las rechace con absurdos y complicados trámites y requisitos.