El artículo 183 del Estatut de Cataluña es literalmente idéntico al artículo 220 de Estatuto de Andalucía. Los dos artículos crean y regulan la Comisión Bilateral entre el Estado y el Gobierno de las respectivas comunidades Autónomas.
El miércoles se reunió la comisión bilateral Estado-Generalitat, hacía siete años desde su última cita, en julio de 2011. Tras la reunión que intentaba deshelar las relaciones Generalita–Gobierno de España, la noticia de alcance es la absoluta falta de acuerdo (aparente) en relación al derecho a decidir que demanda el 80% del electorado catalán y en relación a la situación los presos catalanes en virtud de sus encarcelamientos jurídico/político.
Los temas tratados fueron muchos más: inversiones del Estado, fiscalidad, transferencias, infraestructuras, asuntos en el Tribunal Constitucional que bloquean la autonomía catalana, creación de todas las subcomisiones previstas en las competencias que el artículo 183 determina y que alcanzan la práctica totalidad de los temas que conciernen a la ciudadanía catalana.
El artículo 220 del Estatuto de Andalucía es el mismo que artículo 183 del Estatut catalán. La comisión bilateral Gobierno de España – Gobierno de Andalucía igualmente no se reúne desde septiembre de 2011. Tampoco ha sido demandada nunca desde entonces por los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía, ni de Griñán ni de Díaz.
Es verdad que la etapa Rajoy ha sido una etapa negra en la que se ha tratado de acumular poder en el gobierno central para entregarlo a la Europa neoliberal o al capital que domina la economía global, especulativa o no. Se promulgaban leyes centralizantes enarbolando el patriotismo de bandera para entregar la soberanía de las comunidades autónomas al neoliberalismo europeo capitaneado por Merkel o al capitalismo global representado en el FMI de Lagarde.
La centralización del poder de la etapa Rajoy perseguía ahondar en el expolio de servicios públicos, de rentas de trabajo y de recursos financieros públicos entregando el dinero de la patria al poder del dinero sin patria. Esa es ahora la verdadera y única intención de los patriotas españoles Rivera & Casado.
Los problemas visibles de la ciudadanía andaluza son el paro, la precariedad laboral, la nueva emigración de decenas de miles de jóvenes cualificados y la pobreza extendida, todo ello aderezado con el deterioro galopante de los servicios públicos, desde la sanidad y la educación pasando por los servicios sociales y la dependencia, hasta el transporte público o los problemas ambientales con incidencia en la salud y el territorio. La cuantificación de los indicadores de estos problemas sitúan a Andalucía como uno de los territorios con más desigualdad y desequlibrios de Europa.
Ante esta situación, el gobierno de la Junta de Andalucía se ha conformado durante la etapa Rajoy, al que ha sostenido a través de la posición de la presidenta Díaz contraria a sacarlo de la Moncloa hasta que la sentencia Gürtel lo hizo inevitable, con ser una oficina del gobierno central sin presentar batalla política real para mejorar la vida de las y los andaluces durante todos estos años de calvario.
Más al contrario, el PSOE andaluz y la presidenta Díaz se convirtieron en baluarte defensivo contra las legítimas demandas soberanistas de Catalúña después de que en 2010 el Constitucional liquidara de facto el Estatut que había sido consensuado en el Parlament, aprobado en el Congreso y refrendado por el pueblo catalán.
Sólo en los últimos meses tras lograr un acuerdo de propuesta de financiación con todos los grupos políticos menos Ciudadanos, en el que tuvo mucho que ver Podemos Andalucía, planteó la exigencia de convocar al órgano multilateral Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un cambio en el modelo de financiación del que Andalucía podría mejorar en 4.500 millones de euros.
Este acuerdo y esta exigencia, con Sánchez en Moncloa y la exconsejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, ahora ministra de Hacienda del gobierno de España, ha decaído hasta extremos rotundos. La presidenta Díaz se reunió con el presidente Sánchez y volvió a Andalucia con promesas vagas y unas manos vacía llamadas 500 millones de euros que, en realidad, ya estaban comprometidos desde el Gobierno Rajoy. Miseria para Andalucía a cambio de una subordinación institucional a la que quieren llamar lealtad una y otra vez.
En Moncloa ya no está Rajoy, Sánchez comienza a hablar bilateralmente con Cataluña. ¿Por qué no se exige ya la activación de la Comisión Bilateral que establece nuestro Estatuto? ¿Acaso los problemas de la ciudadanía andaluza son menores que los de la catalana? Infraestructuras pendientes, inversiones pendientes, defensa de intereses del campo andaluz ante Europa y el mundo, legislación estatal que mantiene al mundo del trabajo andaluz en paro, en precario o en la pobreza, infraestructuras energéticas, impuesto al sol y balance neto, recursos ante el TC, déficit de financiación, deuda del la hacienda pública estatal por incumplimiento histórico de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto y un largo etcétera de razones para que un gobierno andaluz decida de verdad defender la vida y la felicidad de la ciudadanía andaluza.
Necesitamos un gobierno andaluz que se plantee como objetivo sacarnos de la condición de sirvienta de España, tierra de expolio de capital, recursos humanos y materiales. Para ello debe dejar de ser un departamento del gobierno central al servicio de intereses ajenos y plantar cara políticamente para que Andalucía sea como la que más.