Elevado está siendo el revuelo que se ha formado tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula de facto la aplicación del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como plusvalía. La sentencia declara la inconstitucionalidad de los apartados 1, 2aa) y 4 del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales (TRLHL), aprobado en 2004. Son los preceptos que regulan el modo de calcular el impuesto y por tanto al ser anulados queda imposibilitada su liquidación y cobro.
El TC venía avisando desde hace años de este riesgo, por tanto la sorpresa debería haber sido menor y los sucesivos gobiernos deberían haber enmendado la ley antes de haber llegado a esta situación.
Es lógico que los alcaldes hayan puesto el grito en el cielo porque este impuesto es una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos. En 2019 supuso más de 400 millones para el conjunto de municipios andaluces, oscilando entre los 169 millones de la provincia de Málaga y los casi 15 millones de la provincia de Jaén. En Granada capital este impuesto supuso en 2020 casi 14 millones, siendo el segundo impuesto más recaudador, tras el IBI que facturó 81 millones y por encima del impuesto sobre vehículos que supuso unos 13 millones.
Urgidos por estas posibles pérdidas millonarias los alcaldes reclaman al gobierno una compensación económica por las pérdidas así como la reforma de la ley para poder seguir cobrando este impuesto. La ministra de Hacienda acaba de anunciar que llevará de inmediato al Consejo de Ministros una solución. Aparte del modo tan poco apropiado en que ha formulado este anuncio, en un mitin en Torremolinos y en un tono ciertamente vulgar, cuando se modifique la ley aún quedará el trámite obligado de que cada ayuntamiento modifique su propia ordenanza fiscal, lo que retrasará un poco más la aplicación efectiva del impuesto.
Aparte de este problema, que es importante aunque puntual, me extraña que los ayuntamientos españoles y sus organizaciones, Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias (FEMP y FAMP), sean tan poco reivindicativos con el fondo de la cuestión, la escasa potestad tributaria de que gozan los municipios, que dependen absolutamente de las normas estatales para poder aplicar sus tributos. El Estado tiene la competencia exclusiva para fijar los impuestos municipales y también los escasos márgenes en que han de ser aplicados.
Derivado de este modelo tributario vigente para las Entidades Locales (EE.LL.) se genera un nuevo problema. De los cinco impuestos establecidos en el TRLHL tres de ellos están vinculados al urbanismo y la construcción, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones y Obras (Icio) y éste de plusvalía. Con todas las repercusiones que esto tiene sobre la generación de las sucesivas burbujas urbanísticas, de tan nefastos resultados. El cuarto es el Impuesto sobre Vehículos, cuyo fomento gravita sobre uno de los principales problemas para las ciudades, la movilidad y la contaminación. Granada figura entre las ciudades más contaminadas de España, al nivel de grandes urbes como Madrid y Barcelona, debido fundamentalmente al tráfico privado. El quinto es el Impuesto sobre Actividades Económicas, de escasa relevancia recaudatoria y prácticamente irrelevante en la mayoría de los municipios dada la exención de las actividades cuya cifra de negocio esté por debajo del millón de euros.
Por este motivo se echa de menos que los alcaldes reivindiquen no solo medidas perentorias sino que vayan más allá y reclamen una mayor potestad tributaria para los municipios (art. 133 de la Constitución), una profundización de la autonomía local (art. 137 CE), lo que implicaría la derogación o al menos la reforma profunda de la “Ley Montoro” (Ley Orgánica 2/20122, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), que constriñe sobremanera la autonomía local (art. 137 CE) en cuanto que al establecer una Regla o techo de gasto prohíbe a los ayuntamientos gastar el superávit que puedan obtener en sus cuentas. Porque siendo lógico el principio de estabilidad financiera, para impedir gastar más de lo que se ingresa, carece de toda lógica que un ayuntamiento saneado y no pueda gastar su superávit en la mejora de la vida de sus vecinos.
Este tipo de medidas ha llevado a la extraña situación de que mientras la Administración Central y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) vienen presentando sucesivos déficits en sus cuentas anuales, el conjunto de las EE.LL., por el contrario, vienen presentando superavits sistemáticos. En 2018 fue del 0,5% del PIB y en 2019 del 0,3%. Fue precisamente ese superávit el que en su momento propició que el conjunto del Estado cumpliera la exigencia de límite de déficit del 3% sobre PIB que imponía la UE (actualmente con la pandemia dicho límite está suspendido) porque compensaba los déficits excesivos tanto de la Administración Central como del conjunto de las CC.AA.
Estos no son más que ejemplos de una realidad aún más profunda. De las tres administraciones territoriales que define nuestra Constitución son las EE.LL. las que se constituyen en las parientes pobres. España no aguanta la comparación respecto a la mayor parte de los estados de la UE en cuanto distribución de competencias y de financiación de las EE.LL. Se necesita una nueva descentralización, similar a la que en su día se produjo desde la Administración Central hacia las CC.AA., pero ahora desde éstas hacia lo local. Constituye éste un debate apasionante y necesario, que debería conformar uno de los ejes del debate territorial en nuestro país, junto con el de la España vaciada, y que paradójicamente, en buena parte por la debilidad política de la Administración Local y la poca diligencia de los alcaldes y sus partidos por plantear este problema y poner sobre la mesa propuestas de superación.
Los importantes retos que el futuro nos plantea de forma inminente reclaman un nuevo enfoque localista. El clima y el medio ambiente, el urbanismo, las políticas de cuidados y de igualdad, el empleo, la movilidad, la economía circular… sin duda podrían ser mejor afrontados desde una visión más cercana, más local, sin olvidarnos por supuesto de pensar globalmente.