Artículo 50 de la Constitución Española: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".
En la actualidad, y desde el mismo origen de la Seguridad Social, el sistema de pensiones español ha asumido gastos comúnmente denominados impropios, puesto que no tienen que ver con ese carácter contributivo. Entre esos gastos se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que servirían para superar el déficit financiero del sistema. En la actualidad, y desde el mismo origen de la Seguridad Social, el sistema de pensiones español ha asumido gastos comúnmente denominados impropios, puesto que no tienen que ver con ese carácter contributivo. Entre esos gastos se encuentran parte de las prestaciones no contributivas (de carácter asistencial), políticas de incentivos al empleo a través de reducciones de cuotas, políticas de apoyo a las familias o gastos de funcionamiento que, de acuerdo a las recomendaciones del Pacto de Toledo, deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y que servirían para superar el déficit financiero del sistema.
A ello debemos añadir que no todo el gasto reflejado como pago de pensiones salen realmente de las arcas públicas ya que, a través de las retenciones del IRPF, entre un quince y un veinte por ciento, se transfieren de nuevo al Estado mediante este impuesto para sufragar todo tipo de gastos públicos sin tener un carácter finalista como torticeramente nos pretenden embaucar con las cotizaciones de la seguridad social.
De todo lo anterior debemos colegir que el sistema está prostituido por intereses espurios y como en la antigua Roma preguntarnos ¿Qui prodest?
Séneca utilizó esta expresión en Medea (acto primero, escena primera, versos 500-501):
Es fácil de deducir, a aquellos que negocian con los planes de pensiones, es decir la gran banca, la misma que se resiste a reconocer el sistema público de prestaciones, pero que en plena crisis económica no deja de obtener beneficios pornográficos y se niegan a contribuir ellos mediante un impuesto especial, pero también a aquellos partidos que pretenden defenestrar el estado del bienestar y sustituirlo por una plutocracia, donde el tío Gilito de turno no tiene reparos en gastar dinero público subvencionando confesiones religiosas, pese a que constitucionalmente somos un país laico, gastos en armamento y una corona que día sí y otro también va sonrojando al monárquico más recalcitrante, por no incluir instituciones y organismos ineficaces e innecesarios, verbi gratia, las Diputaciones.
Si la clase política dominante en éste país tuviese decencia, que ya sé que es mucho pedir, no cuestionaría la existencia del sistema de pensiones ni humillaría a sus perceptores, la mayoría de los cuales, por cierto, se dejaron la piel para que esta nación fuese modernizándose y avanzando social y políticamente.
Remitiéndome al principio de este artículo la Constitución no puede usarse a conveniencia y como si fuera un pañuelo de papel de usar y tirar, sí para la banderita y el escudo, pero no para tratar con dignidad y respeto a nuestros mayores y garantizarles mediante pensiones adecuadas la suficiencia económica.
Por lo tanto, a partir de ahora piense y sepa que una pensión no es un favor que le hace el Estado, ni es una limosna, es un derecho constitucional que se tiene que garantizar.
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