Las primeras medidas preventivas que se tomaron desde el gobierno central para evitar el aumento de posibles contagios del Covid-19 —incluso antes de decretarse el estado de alarma— fue la recomendación del cierre de los centros de día para personas mayores, personas con discapacidad física o mental y en tratamiento por drogodependencias.
Desde luego tenemos que empatizar con la situación de las familias ante el “sacrificio” que deben realizar por sus seres queridos mientras dure el confinamiento. Pues esos recursos que paradójicamente son conocidos como “respiros familiares”, habitualmente externalizados y subvencionados precariamente, ahora han sido suspendidos y sus cuidados han recaído en las familias, principalmente en las mujeres, ya que teóricamente no necesitan del recurso asistencial por su grado de dependencia.
Porque, efectivamente, las personas con drogodependencias no gozan de la misma consideración y la empatía que podemos sentir hacia otros colectivos ya que parte de nuestra sociedad las sigue estigmatizando y castigando con el rechazo social.
Y ello a pesar de que durante los años 90 —y tras un trabajo constante y arduo del tejido social, en especial de las madres de estos hombres y mujeres— se llegó a entender que se trataba fundamentalmente de un problema de salud pública, en el que era imprescindible el compromiso social, pero que era la administración quién finalmente tendría que abordarlo.
Tras décadas de campañas de prevención y programas de intervención, con periodos de más o menos aciertos, el o la típica imagen “yonki” de los años 80’ ha quedado habitualmente desterrada del imaginario colectivo. Pero pese a ello, la sociedad sigue identificando el submundo de las drogas ilegalizadas con la delincuencia, con los trastornos o enfermedades mentales y con la muerte por sobredosis o VIH, pero muy pocas veces como una enfermedad que hay que tratar y por tanto una cuestión de salud.
Se ha hecho creer que ya las politoxicomanías son residuales por lo que las necesidades de estas personas no tienen prioridad, y menos en este tiempo de crisis. Su situación queda casi completamente invisibilizada para la mayoría de la ciudadanía y se proyecta el mensaje de que se trata de una responsabilidad exclusivamente individual. Pero estas personas existen y son, y en la Apdha, consideramos imprescindible visibilizar su situación ante esta crisis que se ceba sobre todo con los colectivos más marginalizados.
Las personas drogodependientes que no tienen el “privilegio” de ser consideradas como enfermas porque no están bajo tratamiento institucional o de organizaciones, siguen enfrentándose a no pocas adversidades en estos días. Además de las sanciones administrativas y detenciones por la prohibición de salir a la calle para vender o pedir para intentar costearse la dosis necesaria -porque la prioridad del consumo es dejar de estar mal-, se encuentran a veces otras que pueden ser las más graves, como la hospitalización por el síndrome de abstinencia y la muerte por sobredosis, dada la adulteración o escasez de la materia.
La escasez no solo puede influir en la calidad o el incremento del precio, es que incluso la propia salud puede sufrir un deterioro —más aún del que ya tienen— por las condiciones de los lugares clandestinos donde se consume lo cual viene siendo advertido por profesionales expertos en reducción de riesgos.
Somos conscientes de la complejidad del fenómeno y de la situación de las personas dependientes que hemos expresado anteriormente, pero si se hubieran dado pasos en la legalización de las drogas de forma controlada, como venimos defendiendo desde hace años la Apdha y otros colectivos, muchas de las tremendas situaciones que conocemos se podrían haber paliado. ¿O no existen otras sustancias que siendo igual de adictivas y que causan los mismos estragos para la salud y el entorno de la población dependiente, si han obtenido la categoría de primera necesidad tras el decreto de alarma?
El Covid-19 nos está haciendo replantearnos muchas cuestiones que se consideraban asentadas e inmutables. Entre ellas debería estar también la puesta en cuestión de la continuidad de las políticas prohibicionistas y represivas sobre las drogas.