El poder judicial

Decía Ortega, creo recordar que en España Invertebrada, que los políticos de un país eran el reflejo de la sociedad a la que representaban, que sus virtudes y defectos eran los de la sociedad misma.

El comentario precedente viene a colación ante la constante e insistente demonización de la política en nuestro país. Y aunque, ciertamente, los políticos de nuestro país se esfuerzan, cada vez con más ahínco, en ser demonizados, corremos el riesgo de fomentar alternativas políticas ajenas a la democracia, lo que, para mí, ya serían palabras mayores.

En la actualidad, el debate de moda, en nuestra querida España, es la justicia. Y se está desarrollando, como no podía ser de otra manera, dentro del tono general en el que se producen, en esta piel de toro, los debates políticos. Los problemas y debates políticos se abordan, no para analizar y proponer soluciones racionales, sino para ser usados como pretextos que permitan obtener ventaja política. Y en un tono siempre bronco y desagradable.

Y como sucede siempre, al menos en los últimos años, se confunde el grano con la paja, se mezclan las cosas y no se prioriza ni discrimina entre lo importante, lo urgente o lo necesario. Y en el ámbito de la justicia nos encontramos con algo parecido. Aforamientos, Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Tribunales y agresiones sexuales, o violencia de género...

En este punto me parece necesario, imprescindible diría yo, tomar partido ante el conjunto de problemas judiciales que están sobre la mesa. Todos ellos me parecen muy importantes y deben ser abordados con mesura y racionalidad, con sentido de estado y voluntad de permanencia.

Pero, por su naturaleza y alcance, creo que conviene aclarar, en primer lugar, la situación del Consejo General del Poder Judicial. Sobre su resolución se desplegarían el resto de posibles soluciones al conjunto de los problemas citados.

El poder judicial, conviene recordarlo, es uno de los poderes del estado. Y, como tal, emana, como el resto de poderes, del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional. El artículo 1.2 de nuestra carta magna así lo establece.

Queda claro, a tenor de lo establecido en el artículo citado, que, como el resto de poderes, el judicial ha de ser elegido por los ciudadanos, bien directamente, bien a través de sus representantes.

Pero hoy día nos encontramos con voces que reclaman que sean los jueces y magistrados quienes elijan a los miembros del consejo del poder judicial, so pretexto de una mayor cualificación técnica y de una “necesaria” despolitización de la justicia.

Es decir, reclaman que, en uno de los poderes del estado, la democracia sea censitaria, contraviniendo el carácter universal de la misma, constitucionalmente reconocido,  e impidiendo que seamos los ciudadanos quienes podamos elegir a los miembros de los poderes del estado. No parece este un aspecto baladí.

En este aspecto, cobra todo su sentido la referencia orteguiana con que iniciaba esta reflexión. La demonización de la política, paradojas de la vida, se ve  incrementada desde la propia política, o desde parte de ella. Y se presenta como alternativa la instauración, para el poder judicial, de un sistema censitario: que solo los jueces puedan elegir a sus miembros. Jueces y magistrados pertenecientes a nuestra sociedad. Para lo bueno y para lo malo.

Quede aquí patente mi respeto y admiración a la judicatura. Las oposiciones de acceso a la misma son difíciles. Y les faculta, técnicamente, para la resolución de conflictos jurídicos y para la aplicación e interpretación de la ley. De esto no me cabe ninguna duda. Y son independientes en su gran mayoría. No tienen otro credo que aplicar la ley.

Ahora bien, ¿es esto suficiente para sustituir el modelo de elección? ¿Es más democrático? Mi respuesta a ambas preguntas es no. Los jueces son personas, y, como todos nosotros, tienen sus propias ideas políticas, sociales, culturales o económicas. Y tienen sus fobias y sus filias. 

Podemos y debemos contar con su capacitación técnica para la administración de justicia, pero los poderes del estado deben ser reflejo de la soberanía nacional, esa que constitucionalmente reside en el pueblo español, en todo el pueblo español, no solo en una parte. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano técnico, sino un poder del estado.

El actual sistema de elección es manifiestamente mejorable. Pero, en mi opinión, cualquier propuesta de mejora no puede ni debe limitar su carácter democrático, porque deslegitimaría su naturaleza de poder del estado. Hay suficientes fórmulas para mejorar el sistema de elección, sin necesidad de que nuestra democracia se resienta.