Tras no pocos aplazamientos, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de mayo la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) que tendrá un coste de 3.000 millones de euros anuales. Según el Ministerio de Seguridad Social, beneficiará a unas 850.000 “unidades de convivencia” compuestas por aproximadamente 2,3 millones de personas.
Salvo la extrema derecha más ultramontana (Vox y los sectores “cayetanos” del PP), nadie se ha opuesto a la medida y las críticas al gobierno no se centran en su creación –aunque en un primer momento la denominaran vergonzosamente “la paguita”-, sino en qué administraciones deberían administrarla. Y es que, con las diarias imágenes de largas colas para recoger alimentos y las llamadas continuas de Cáritas, el Banco de Alimentos y otras ONG, sería contraproducente políticamente oponerse a la instauración de cualquier medida destinada a paliar el hambre que ya existe en nuestras ciudades y pueblos. Tanto más cuanto que, más allá de las palabras, la medida es barata y no toca para nada el Sistema de dominación existente.
Del IMV aprobado sabemos ya lo fundamental, aunque aún falta la letra chica: los abundantes desarrollos reglamentarios que se anuncian. Pero tenemos ya los elementos suficientes para un análisis y para señalar, sobre todo, lo que el IMV es y lo que no es.
Antes de nada, convendría recordar que, con este u otro nombre, el IMV figuraba ya, cuando aún no había ocurrido el cataclismo social actual, en los programas electorales tanto del PSOE, que prometía gastar en él 6.000 millones de euros al año, como de Podemos, que elevaba esta cantidad a 10.000. En comparación con esas cifras, ¿no se han quedado muy, muy cortos los 3.000 millones ahora aprobados? ¿Qué necesidades podrá cubrir esa modesta cantidad? O, con otras palabras, ¿hasta qué punto es razonable hablar de que estamos ante una “conquista histórica”, como afirman el “gobierno de coalición de progreso” y sus incondicionales?
Los números, e incluso las declaraciones del ministro de la Seguridad Social, son concluyentes. De lo que se trata es de paliar la situación solo de los “extremadamente pobres”. No de los pobres, ni de los empobrecidos, ni de quienes están hoy mismo cayendo bajo el nivel de la pobreza. Solo de los “extremadamente pobres”. ¿No es esto claramente insuficiente? La razón no confesada es que no están dispuestos a gastar –deberían decirnos el por qué- más de 3.000 millones de euros. Con eso hay que apañarse, por más que sea una cantidad muy pequeña en comparación con lo que se está gastando en mantener empresas y para otros destinos y en relación con las tremendas necesidades existentes.
Según Oxfam –que es una organización de prestigio que conoce bien la realidad- en 2019 había en el estado español más de 10 millones de pobres, de los cuales casi cuatro millones y medio eran “extremadamente pobres”. Pues bien, el dinero que va a dedicarse al IMV solo va a llegar a poco más de la quinta parte del total, alcanzando solo a la mitad de los pobres extremos. Quienes de estos últimos reciban el subsidio podrían salir de la pobreza extrema para disfrutar de la pobreza sin calificativos. La otra mitad, nada. Y los pobres “no extremos” seguirán en su pobreza (en realidad, la acentuarán, dadas las circunstancias actuales y las más que previsibles para dentro de unos meses). Ante esta evidencia, estoy con Daniel Raventós cuando este comenta al respecto, que “excederse un poco en el autobombo puede provocar sonrisas hasta benévolas, (pero) excederse mucho es ridículo”. Y, yo añadiría, que suicida, porque el agravamiento de la crisis va a convertir a los millones de perjudicados y sin ayudas en campo abonado para la demagogia de la extrema derecha.
De los 850.000 hogares o “unidades de convivencia” que se verían beneficiados con una cantidad mensual de entre 461,50 euros (el equivalente a una pensión no contributiva máxima) y 1.015 euros, según sea su tamaño y composición, algo más de 200.000 serían andaluces, lo que supone aproximadamente 700.000 personas: aproximadamente un 8% del total de la población, cuando ya en 2018 estaba en situación de pobreza, en sus diversos grados, el 32% (porcentaje que dentro de unos meses, cuando cumplan los ERTEs y se generalicen los despidos puede subir a casi el 50%). Los datos se comentan por sí mismos.
¿El IMV es suficiente, o siquiera aceptable, para un país como Andalucía que tiene los mayores índices de desempleo, pobreza extrema y no extrema, barrios deprimidos, municipios con el PIB más bajo de todo el estado, etc., etc.? Algunas andaluzas y andaluces mejorarán algo su situación, eso es cierto, pero incluso ellos continuarán viviendo en la pobreza. Y su horizonte no cambiará: continuará siendo también la pobreza, o la emigración cuando esta sea posible. ¿Es razonable que alguien que pertenezca a esta Matria pueda aplaudir este IMV? ¿Sobre qué bases, con qué datos, más allá de la adhesión inquebrantable a unas determinadas siglas o personas, es defendible que el IMV sea el “escudo social” para “no dejar a nadie atrás” que se prometía?
Y todo esto, sin entrar en detalles difícilmente defendibles de la nueva ley, como la exclusión como titulares de “unidades de convivencia” de los menores de 23 años y, sobre todo, de los mayores de 65 -¿por qué razón?-. O la obligación de los jóvenes de llevar al menos tres años independizados de sus familias y contabilizar doce meses a la Seguridad Social. O la petición de un año de antigüedad para la consideración de matrimonios y parejas de hecho. O la exigencia de que el subsidio solo pueda dedicarse a cuatro ámbitos: manutención, vestido, calzado e inserción laboral, so pena de ser excluidos. O que, si no se tiene trabajo, sea obligatorio estar inscritos como demandantes de empleo. O que el silencio administrativo ante una petición signifique el rechazo de esta, sin tener que dar explicaciones. O…
Ni siquiera la dramática situación actual ha sido ocasión para que en el “gobierno de progreso” se debata el tema de la Renta Básica Universal e Incondicional (RBUI), a pesar del creciente apoyo social a esta medida, que es la única que garantizaría que toda persona tenga realmente cubierto el derecho a la subsistencia y a unas condiciones de vida dignas. Para quienes aún no estén suficientemente informados, conviene recordar las diferencias entre esta y el IMV. La principal de ellas es que el Ingreso Mínimo Vital es un subsidio y, como tal, está condicionado, en este caso, a demostrar ante la administración correspondiente –ante burócratas e inspectores- que los miembros del “hogar” viven (es un decir) en la pobreza extrema. La RBUI, por el contrario, es un ingreso no condicionado que iría a todas y cada una de las personas sin que tengan que demostrar nada. Claro que un 25% aproximado de la población tendría que devolver lo cobrado, vía Declaración de la Renta, tras la reforma necesaria de los tramos del IRPF.
La RBUI beneficiaría no solo a quienes se encuentran en situación de pobreza “severa” sino a quienes están en la pobreza, en riesgo de pobreza o en la precariedad incluso si tienen empleo. ¿Alguien ha pensado que dejar sin cobertura a los muchos millones de ciudadanos y residentes que no son lo que suelen ser denominados “pobres de solemnidad” pero que son “simplemente” pobres o están en una dinámica de empobrecimiento es, además de injusto, dejarlos a merced de la demagogia populista de la ultraderecha? Por no hablar de las ventajas en cuanto a la gestión. Porque, al ser un ingreso incondicional, no haría falta ningún documento para percibirlo, salvo el de estar empadronados, con lo que sobraría casi toda la burocracia y desaparecerían los fraudes, abusos y clientelismos. Y al final del año, el 25% de los ciudadanos tendrían que devolver ese ingreso vía Declaración de la Renta para que el 75% restante se beneficiara en un grado directamente proporcional a sus necesidades no cubiertas. Sería una verdadera redistribución de las rentas.
¿Es que no ven estas diferencias, y las ventajas de la RBUI, nuestros actuales gobernantes y buena parte de quienes se autoconsideran de izquierda? En unos casos, la ceguera ante ello responde, sin duda, a anteojeras ideológicas que los mantienen anclados en la quimera del “pleno empleo” (¡!), de la inexistente e imposible “sociedad de trabajo” y en la consideración del trabajo como sinónimo exclusivamente de empleo asalariado. En otros casos, la cuestión es más pragmática. Responde a no estar dispuestos a enfrentarse a los intereses que no aceptan de buen grado una reforma fiscal progresiva, aunque esta no sea revolucionaria sino homologable a la situación de otros países europeos, y por ello optan por subsidios condicionados, en esta caso por el llamado Ingreso Mínimo Vital, aunque sean insuficientes y demostradamente ineficientes. Prefieren impulsar algo que sea asumible sin problemas por el Sistema, incluso por la derecha cerril aquí existente. Eso sí, envolviendo la iniciativa en grandes palabras cuando se trata, lisa y llanamente, de un débil paliativo y de intento de compra barata de paz social, con una función no muy alejada de la que ha tenido el PER o el antiguo Subsidio Agrario desde que se implantó, con este objetivo, hace años en Andalucía.
Este artículo se publicó originalmente en Portal de Andalucía