Las protestas que estamos viviendo en España ofrecen la oportunidad de comprender lo mucho que la sociedad española tiene por hacer e incluso la posibilidad de anticiparse a mayores conflictos y más difíciles de resolver. El intento, por parte del presidente del Gobierno, de calificar todo lo negativamente que se pueda la violencia aparecida en las protestas y de ataque a la democracia no parece que vaya a ser suficiente; sobre todo porque la dureza de las respuestas policiales pone en entredicho la acción del Gobierno. No veo a casi nadie, o a nadie, animando a la violencia en las protestas.
Seguramente, las protestas se irán disolviendo por la fatiga del protestar o no, está por ver. Pero para quien quiera saberlo, esas protestas tienen un doble origen: el malestar concreto por el encarcelamiento de Hasél, y la memoria sobre todos los demás encarcelamientos o juicios, y ‘el malestar en la Cultura’ democrática que está sufriendo una buena parte de la sociedad española, incluida la pobreza. Un malestar que viene aumentando desde la abdicación última, que la pandemia ha incrementado y que nos puede explotar a todos en las manos. Estamos a tiempo de reconocer los conflictos abiertamente y de buscarles una solución aceptable.
Hay dos conflictos principales, el de la falta de calidad democrática y el del aumento sostenido y feroz de la pobreza en España, agravados por la falta de perspectivas que añade la pandemia por su gestión. El conflicto por la falta de calidad democrática incluye la sensación clara de injusticia extendida en la sociedad sobre la falta de justicia fiscal y de un sistema progresivo de impuestos. Por cierto, es el problema de la pobreza el que ha permitido, al menos en buena parte, el aumento de la extrema derecha, no solo en España sino en el resto del mundo.
Una posibilidad de futuro es la del estado policial contra las protestas, que seguirán aumentando y diversificándose si no se plantean soluciones claras ante los conflictos reales. La otra posibilidad es la de abordar los conflictos reales y ofrecer soluciones estructurales en materia de impuestos y de políticas económicas e industriales. Una de esas soluciones podría ser la Renta Básica Universal, financiada por los impuestos a los más ricos, que son los más ricos porque las políticas de impuestos los han ido dejando, desde hace años, libres de impuestos.
La pandemia ha sacado a la luz determinados conflictos, sobre todo estos dos de los que estamos hablando, por la suspensión de las libertades constitucionales y por la crisis económica galopante que ha producido. Los dos conflictos venían de atrás, negados desde la gobernanza, ignorando permanentemente a las personas, que ya por millones han quedado empobrecidas. El plan, visto desde fuera, es que pase la pandemia y volver a lo de antes, recuperar el viejo régimen económico con un poco de color verde, salvar la Navidad, salvar la Semana Santa, salvar el verano. Mejor sería poner a la economía a salvar a las personas para que hagan lo que puedan y quieran en Semana Santa, en el verano o cuando sea. Salvar la vieja economía es continuar con la destrucción del Planeta y la destrucción de la vida diaria de millones de personas.
La ONU dice que en España el 55% de la población ha tenido ya dificultades para llegar a fin de mes. Casi doce millones de personas eran pobres antes de empezar la pandemia. España es el quinto país con más personas pobres de la Unión Europea. España es una olla a presión y la solución no debe ser el Estado policial sino el Estado dialogante, el Estado de las personas para las personas. La violencia, en primer lugar la del Estado, debe ser la última posibilidad, después de haber agotado todas las posibilidades de diálogo. Pero incluso la violencia del Estado debe estar sujeta a unas normas restrictivas y que impidan la violencia contra las personas como castigo por salir a protestar. La protesta es un derecho democrático que no debe ser castigado en sí mismo.
Las protestas contra la Ley mordaza, que en definitiva es la Ley que moviliza en su contra desde hace años a una parte de la sociedad española, y contra delitos que no tienen comparación en la Europa democrática, deben ser resueltas con democracia, con calidad democrática: el mejor combate contra la extrema derecha, que quiere reducir la democracia hasta hacerla desaparecer.
Comentarios