Ana Obregón ha viajado a EEUU para comprar un bebé por gestación subrogada. La noticia, publicada este miércoles en exclusiva por la revista ¡HOLA!, provocó rápidamente un tsunami de reacciones. El frívolo tratamiento informativo de la revista del corazón y otros aspectos controvertidos, como la edad de Obregón o la reciente pérdida de su hijo, convirtieron la noticia en lo más comentado en las redes sociales en nuestro país en apenas unas horas. El resto de medios de comunicación se apresuraron para hacerse eco de la noticia. Algunos de ellos, eludiendo las circunstancias en las que la bebé había llegado al regazo de Obregón: alquilando el vientre de otra mujer a cambio de dinero.
Telemadrid publicó que Ana Obregón había “dado a luz” a una niña tras “un embarazo que llevaba en la más absoluta discreción”. Minutos después de hacerlo, y tras acaparar la indignación de Twitter, el perfil de la televisión autonómica madrileña borró la publicación. Demasiado descaro en favor de este tipo de violencia contra las mujeres.
Otros muchos medios de comunicación, aunque con más sutileza, han tratado el tema con idéntico propósito. Especialmente vergonzoso, por su condición de televisión pública, ha sido el abordaje de Canal Sur. Tanto el día en que se conoció la noticia como el día posterior, la televisión andaluza dedicó más de cinco minutos de sus informativos (de media hora) a hacer apología de la gestación subrogada.
Para ello, los informativos de Canal Sur centran la atención en los países donde la gestación subrogada está permitida, con distintas restricciones. Enumeran once países, aunque no dudan en repetir que son “muchos países” o “numerosos países”, mientras insisten en que se trata de una práctica “ilegal en España”. En sus informaciones omiten, por el contrario, que así es en la mayoría del planeta, y especialmente en los países de nuestro entorno. Tanto es así que algunos de ellos, como Alemania, prohíbe recurrir a los vientres de alquiler en países donde estén permitidos.
Por supuesto, ni rastro del posicionamiento del Tribunal Supremo al respecto, que en sentencia de 2022 concluyó que los vientres de alquiler entrañan un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Tampoco de la resolución del Parlamento Europeo que, de manera contundente, señala que esta violencia tiene un componente de género y de clase determinante.
Sin embargo, en apenas dos informativos, Canal Sur ofreció a su audiencia hasta cinco testimonios favorables a la gestación subrogada. Entre ellos, un doctor del Hospital Virgen del Rocío, el vicepresidente de una asociación dedicada al activismo en favor de la gestación subrogada, la dirigente de una empresa dedicada a la gestación subrogada y una mujer. Esta vez la Dirección de Informativos no encontró hueco para la Conferencia Episcopal.
Un ejercicio de manipulación informativa de manual, que pretende condicionar sin remilgos la perspectiva de la audiencia de la cadena pública. <<¿Hay que legislar sobre los vientres de alquiler? ¿Cómo hacerlo? El asunto está hoy en todas partes>>, dice el presentador. La respuesta la tiene (¡sorpresa!) el presidente de la Junta. Juanma Moreno resuelve la incógnita reproduciendo el argumentario del Partido Popular, que ya antes había llegado con acuse de recibo a la Dirección de Informativos de Canal Sur.
En el mismo informativo, la televisión autonómica va más allá y se afana en resolver las dudas que puedan surgirle a quien tenga la tentación de comprar un bebé por vientre de alquiler. A pesar de que la publicidad de las empresas que se dedican a la gestación subrogada está prohibida en nuestro país, la televisión pública no tiene reparos en detallar cómo localizarlas, e incluso ofrece varios minutos a la dirigente de una de ellas para exponer cómo se llevan a cabo los trámites de la explotación.
En definitiva, asistimos ante un ejemplo más de un proceder cansino y deleznable de la dirección de los servicios informativos. Horas, horas y horas de televisión al servicio del Partido Popular a costa del erario público y de los principios más elementales de la ética periodística.
Así lo testifican los innumerables informes que el Consejo Profesional de la RTVA viene publicando ante tan descarado menosprecio al servicio público. El trabajo pormenorizado del órgano no tiene desperdicio, y evidencia que los informativos son un publirreportaje indigerible de Moreno Bonilla y el Partido Popular. Día sí, día también, el telediario de Canal Sur cuestiona al Gobierno de España, omite la contestación social a la Junta por los recortes en sanidad o educación, obvia los numerosos escarceos del PP con la corrupción —véase, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Marbella—, y desprecia a la oposición. Lástima que estos informes hayan tenido poco éxito entre la prensa andaluza.
Desde que Moreno Bonilla es presidente de la Junta, dos personas han ostentado la Dirección de Informativos de Canal Sur. La primera de ellas fue Álvaro Zancajo, actual miembro del Consejo de Administración de Canal Sur a propuesta de Vox y director de comunicación de la campaña de Macarena Olona en las elecciones andaluzas. La segunda y actual directora es Carmen Torres, respetada periodista por su paso por El Mundo y el El Independiente. Su llegada hacía presagiar un cambio a mejor en la televisión autonómica, pero como el de Moreno Bonilla, el cambio ha sido a peor. Nunca Canal Sur, que ya había sido objeto de usufructo electoral para los gobiernos socialistas, había alcanzado semejantes cotas de manipulación y de falta de rigor, independencia y pluralidad.
A comienzos de este año, Torres fue revalidada en su cargo. Baste como conclusión que, tras la consultada realizada por el propio Consejo Profesional a la redacción de Canal Sur, el 93% de las opiniones expresadas eran contrarias a su continuidad. Según detalla el Consejo Profesional, “entre las opiniones expresadas por las y los compañeros con respecto a su labor al frente de los informativos pueden leerse expresiones como sectarismo, partidismo, parcialidad, sumisión a los intereses del partido en el gobierno, manipulación y propaganda”. Además, “las y los profesionales aseguran también que no defiende un mínimo de calidad en los contenidos y en los formatos de informativos, que sigue mostrando impericia y desconocimiento del medio y que ha demostrado que no puede garantizar que la televisión cumpla los principios de pluralidad, independencia y veracidad a que nos obliga el Estatuto de Autonomía, la ley de la RTVA y el Estatuto Profesional”.
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