¡Vaya! Mientras Presidencia, Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de la nación se afanan en ordenar con aquilatada prudencia la desescalada confiando en la reducción gradual de casos gracias al confinamiento, y ricas autonomías porfían en acelerar el desmantelamiento de las restricciones presionando para primar su economía particular sobre la seguridad sanitaria global, tal parece que alguna institución, o por ser más preciso algún estamento según viejas semánticas del Antiguo Régimen, no confía mucho en el clima de supuesta bonanza y con cargo a los impuestos pagados por todos los ciudadanos se autoaprovisiona de cara a un incierto futuro con sofisticados virucidas y material de protección, que quizás debieran haber estado a disposición de médicos, sanitarios de toda índole, auxiliares y personal de limpieza y mantenimiento de hospitales, centros de salud y atención primaria, antes que en manos de uniformados de camuflaje que fumigan calles con cañones antidisturbios y pistolas al cinto.
Tal es el caso del Ministerio de Defensa, según se desprende de las autorizaciones de compra por valor de 5.062.490,22 euros (cinco millones sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos euros) en procedimientos acelerados negociados sin publicidad por situación de extrema urgencia Covid-19 que el BOE comunica como adjudicados en abril y autorizados por el Gobierno durante los últimos cuatro días de esta primera semana de mayo.
Escandaliza que no se adopten, no ya las mismas, sino superiores medidas para adquirir más y mejores materiales para ministerios y consejerías autonómicas de Sanidad. Pasma que el portavoz Fernando Simón del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias decline reiteradamente oficializar la bondad terapéutica de preparados como la hidroxicloroquina, la ribavirina o la azitromicina, mientras que a la par el Ministerio de Defensa adquiere toneladas de esos medicamentos que la vox populi tilda de milagrosos. Preocupa que el Ejército expanda el proceso de militarización de la Sociedad Civil, y su presencia y autoridad en competencias sanitarias y policiales que debieran ser constitucionalmente ejercidas por las Consejerías de Sanidad de los gobiernos autónomos y por las policías Estatales, Autonómicas y Locales. Y estupefacta que en época de pandemia y mortandad, sean Defensa y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial quienes confirmen que siguen dedicando como desde hace años presupuestos para la adaptación de una cámara de vacío a las condiciones ambientales de Marte..
Debe ser que todavía en tiempos de plaga pública, la Democracia fluctúa entre la pestilencia y lo esperpéntico.
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