La especialización de Andalucía en el turismo es una decisión de estado regalada al poder político de la Unión Europea para mantener Andalucía como una colonia interior. En el reparto funcional de la producción de valor en España y Europa, Andalucía no cuenta para el sector industrial ni para la economía del conocimiento, ni siquiera para la producción cultural.
El clima andaluz, el enorme litoral de costa este hasta consta oeste, nuestro inmenso patrimonio cultural, el más peculiar de toda la península ibérica gracias al legado de al-Ándalus, nuestro territorio, nuestra naturaleza y nuestro paisaje, son ya por completo productos de mercado capitalista cuya explotación la dirigen operadores externos a Andalucía.
El sector turístico aliado con el de la construcción ha sido el principal motor de destrucción y expolio de Andalucía. Además, ha inducido una economía temporal, de productos básicos encarecidos y de empleo mal pagado y precario, siendo las mujeres las más dañadas al sufrir los trabajos más duros y peor remunerados.
Los males producidos por el sector turístico se agravan en los centros históricos, en los barrios andalusíes y en las zonas litorales. Tropas de turistas toman las calles desde la mañana a la noche expulsando la vida de las familias del barrio, promocionando la generación de parques temáticos con decorados reales, dificultando el acceso al transporte público, multiplicando los consumos de agua y la generación de residuos, encareciéndolo todo y requiriendo enormes inversiones de mantenimiento patrimonial y urbano.
De entre los veinte grandes operadores turísticos, según datos para 2022 de El Economista solo uno tiene su sede social en Andalucía. De entre los 20 principales operadores de alojamientos turísticos, solo tres declaran sus beneficios en Andalucía. De entre los veinte grandes conglomerados hoteleros que operan en España solo uno tiene sede social en Andalucía. Las dos grandes plataformas digitales que operan en Andalucía intermediando la oferta y la demanda de alojamientos turísticos, Booking y Airbnb, tributan sus beneficios en Países Bajos e Irlanda, respectivamente, países de la UE que operan con carácter de paraísos fiscales.
El modelo extractivo turístico es el principal causante de que el precio de los alquileres de vivienda en Andalucía entre junio de 2014 y junio de 2024, según datos del portal Idealista, haya subido un 95%, superior en casi 10 puntos a la media de subida en España. Por otro laso, el precio de la vivienda, según el mismo portal, ha subido en Andalucía, entre junio de 2014 y junio de 2024, un 61% frente al la subida de un 36% de media en España.
La vivienda, además de un derecho constitucional, es un bien de primera necesidad para construir un proyecto vital. Consiguientemente, el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional que deben garantizar tanto el gobierno de España como el gobierno andaluz. Con el panorama dibujado es de justicia la tasa turística que ya pide hasta una multitud de alcaldes del Partido Popular, una tasa que debería repercutir fuera del sector turístico para mejorar los servicios públicos municipales y facilitar el acceso a la vivienda.
Es de justicia un ecoimpuesto hotelero, es de justicia prohibir desde ya el crecimiento de plazas hoteleras, es de justicia limitar y vigilar el crecimiento indiscriminado de los pisos turísticos. Es un deber del gobierno andaluz aplicar la ley de vivienda que con mucho esfuerzo frente a la obstrucción del PSOE sacó Podemos Adelante declarar los pueblos y ciudades turísticas y patrimoniales, con alta concentración de alojamientos turísticos, zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres. Si no se hace, si el gobierno de España y el andaluz no actúan con decisión a favor del acceso a la vivienda, es porque son cómplices de intereses económicos de un pequeño grupo de personas que lo tiene todo y lo quieren todo.