Desde la Asociación de Mujeres Feministas Radicales, expresamos nuestra más profunda condena ante la alarmante escalada de violencia machista que afecta a mujeres y menores en España.
Los datos recientes son devastadores: 31 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año, sin contar los feminicidios no íntimos que disparan las cifras a 65 víctimas mortales por violencia contra las mujeres.
Además, hemos sido testigos de la brutalidad de la violencia vicaria, que ha arrebatado la vida de 10 menores asesinados por sus padres en tan solo ocho meses, tres de ellos en los últimos días, dejado a sus madres devastadas. Desde 2013, 63 menores han sido asesinados en un contexto de violencia vicaria.
Nos preocupa enormemente el hecho de que cada vez más hombres soliciten el cambio de sexo registral para eludir la aplicación de la ley contra la violencia de género. Este fenómeno, además de socavar los esfuerzos para erradicar la violencia machista, pone en peligro la integridad del marco legal que tanto ha costado construir, porque la ley de autodeterminación de sexo, mal llamada ‘ley trans’, permite que cualquier hombre pueda “autodeterminarse” “mujer registral”, incluso si ha cometido actos de violencia contra las mujeres, facilitándoles la ley la vía para escapar de sus responsabilidades mediante el fraude que propicia y valida la misma ley, aprobada también de forma fraudulenta.
Desde nuestra asociación, hacemos un llamado urgente a las autoridades para que refuercen las medidas de prevención, protección, sensibilización, asistencia, justicia y reparación a las mujeres y menores que sufren violencia machista. Y se aborde la erradicación de la violencia contra las mujeres y menores como una cuestión de Estado, de prioridad nacional, para garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la dignidad de todas las mujeres y menores en España.
Igualmente, exigimos que se tomen acciones decisivas contra quienes intentan burlar la ley mediante el cambio de sexo registral, instando al Congreso la derogación de una ley que nunca se debió poner en vigor, porque resulta contraria a la Constitución y las leyes y la realidad material del sexo biológico.
Reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres y menores, y seguiremos trabajando con entrega hasta lograr la erradicación de todas las formas de violencia que nos afectan. Hacemos un llamado a la unidad colectiva, para que esta lucha no sea sólo de las mujeres, sino que comprometa a toda la sociedad y nuestras instituciones y autoridades.