En el año 2002 se aprobó en Cortes la que se conoció popularmente como la Ley de Partidos. Una ley orgánica concebida como instrumento jurídico que permitiese ilegalizar o impedir inscripciones de partidos políticos, y que fue utilizada, principalmente, para la lucha antiterrorista contra ETA en su frente político, de tal forma que fue su aplicación la que determinó la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y otras organizaciones que como elemento común tenían la no condena del terrorismo y el dar apoyo a ETA.
La ley, como digo y todos podemos recordar, tanto en su concepción y aprobación como en su aplicación, no estuvo exenta de polémica, y aunque tuvo una mayoría parlamentaria ―y yo diría que social― considerable, no fue aceptada tanto por los partidos a la izquierda del PSOE como por los nacionalistas. En cualquier caso, e independientemente de los debates esencialistas que podamos tener ―y que no es lo que trato de argumentar―, esa ley más la situación de arrinconamiento social y político de ETA, los éxitos policiales en el desmantelamiento de comandos, y la propia debilidad numérica y de estructura de la banda, posibilitó que los gobiernos, en este caso ―y no hay duda por más que se quiera polemizar― de Rodríguez Zapatero, fueran capaces de llevar a una situación límite a la banda armada que tuvo, como resultado, que anunciar el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de su actividad de terror.
A partir de ahí la historia que llega hasta nuestros días: aparte de la derrota sin paliativos de ETA, se consiguió lo que siempre fue el objetivo final de cualquier demócrata, de cualquier democracia: que las ideas que defendían en lo político pudieran defenderse políticamente. Por más que se insista en lo contrario, que hoy haya discursos independentistas en las Cortes como es el caso de Bildu, es una consecuencia de la voluntad de los votantes y, por consiguiente, de la democracia.
Dice la Ley de Partidos en su preámbulo: ...se impide (con este ley), que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra el sistema democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas...
En aquellos tiempos de actividad de ETA, una de las formas de extorsión de esa gente era el envío a empresarios, políticos o a cualquiera que se les ocurriera, cartas amenazadoras, chantajes inadmisibles, duras pruebas a personas que tenían, en algunos casos, que vivir permanentemente aterrorizadas, o en otros directamente siendo asesinadas por no aceptar ese chantaje terrorista. Era eso: terrorismo y así se aplicaron las leyes para esos casos, tanto la propia de la que estamos escribiendo, como el propio Código Penal, siendo el Pacto Antiterrorista entre algunos partidos políticos otro instrumento importante en la lucha contra el terror.
El pasado jueves enviaron una serie de cartas con amenazas de muerte y con balas incluidas ―al más puro estilo mafioso― al Ministro Marlaska, a Pablo Iglesias y a la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez. Estamos por tanto, y por aproximación histórica a lo que ha sucedido en otras ocasiones, ante una acción terrorista clarísima, siendo de esperar que la investigación que se haga desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado permita detener a los terroristas que han perpetrado estos delitos, y no quiero tener dudas de que la Justicia estará dispuesta a considerar los actos como lo que son: terrorismo.
Dicho lo anterior, leyendo de nuevo el preámbulo de la Ley de Partidos, es notorio que la actitud de Vox, como partido político, es la misma que adoptaba Batasuna con ETA, la misma, incluyendo el racismo, la xenofobia, el intento de subvertir el régimen de libertades y, por supuesto, la no condena de estos actos de terrorismo y ante iguales actos, iguales consecuencias.