Un informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén señala a José Enrique Fernández de Moya, quien fuera alcalde de Jaén entre 2011 y 2015 bajo las siglas del PP, y también número dos del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, y a otros tres miembros del gobierno local como "posibles responsables" de unos hechos "indiciariamente compatibles con los delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad de documental en documentos mercantiles y blanqueo de capitales”, por el sobrecoge de 2,67 millones de euros en una facturación "manifiestamente falsa" en cuanto a precios, materiales y personal empleado para obras de mantenimiento urbano de la capital jiennense.
El informe, que se refiere a la pieza derivada del caso Matinsreg, recoge que Fernández de Moya, así como los concejales Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral, los técnicos municipales A.S. y D.S., presuntamente participaron “por acción u omisión" en la facturación "manifiestamente falsa en cuanto a precios, materiales y personal empleado" de unos trabajos en el área de Mantenimiento Urbano.
Los trabajos, “de ninguna de las maneras fueron realizados ni por el personal, en cuanto al número, que facturan las diferentes empresas investigadas, cantidad y precio de materiales, maquinaria utilizada, ni al tiempo de ejecución de los trabajos, con la clara finalidad de aumentar el precio de las facturas en porcentaje que supera con creces cualquier beneficio industrial admisible, con la determinación de enriquecer a costa del Ayuntamiento de Jaén a las empresas implicadas”, reseña el citado informe.
La investigación también señala a varios funcionarios públicos del Ayuntamiento de Jaén, “los cuales obviando su deber de actuar con diligencia y velar por los intereses generales, a través de acciones u omisiones administrativas en cuanto a la contratación, fiscalización de los trabajos realizados, fiscalización de la facturación y levantamientos de reparos formulados por la intervención del Ayuntamiento, que desembocaron en una serie de actos administrativos y jurídicos en los que se aseguraba el cobro de las facturas emitidas por las empresas intervinientes en las obras de mantenimiento urbano de la ciudad de Jaén. Del estudio documental, se desprende que los funcionarios municipales que participaron eran conscientes de los actos realizados, en cuanto a la organización y acuerdo previo con la trama empresarial”.
La investigación refleja que "se produjo un fraccionamiento sistemático de los contratos con la finalidad de evitar el sistema de contratación de obras que hubiera requerido para su adjudicación respecto a los principios de publicidad y concurrencia para la contratación de una gran cantidad de obras que afectarían al mantenimiento urbano de la ciudad de Jaén".
Las empresas que figuran como posibles responsables de tales hechos delictivos son Esatrimo SL, Moreno y Acero SL, URHO Iniciativas para el Desarrollo Urbano SL, Renta Baras, Oproler Obras y Proyectos SL, Abeconsa SL, Grupo Sotoval SL, Vivaria Obras y SS SL. La Policía Judicial ha analizado 116 facturas y en 47 de ellas la intervención municipal realizó reparos de legalidad por fraccionamiento, pero no en otras 69, aunque fueron "por el mismo concepto, partida presupuestaria, misma fecha de adjudicación, de ejecución, de recepción de obra, adjudicadas a la misma empresa”.