La delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), ha presentado una queja ante la delegación del Gobierno en Andalucía y otra ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la vulneración de los derechos y libertades de la ciudadanía por parte de la Policía Nacional, ocurrido como consecuencia del dispositivo organizado por razón de la visita de los Reyes al Polígono Sur el 29 de junio de 2020.
Durante la mañana en cuestión, la policía impidió moverse libremente por el barrio a personas que, solas o en grupos pequeños, se dirigían hacia el Centro Cívico El Esqueleto, llevasen o no llevasen banderas y pancartas. Dos personas fueron multadas por desobediencia contra la autoridad por el único hecho de haber caminado por la calle a la altura del centro comercial de la barriada de la Oliva, Cencosur, donde la Policía Nacional estaba reteniendo a otro grupo de personas en contra de su voluntad y sin motivos justificados.
Un grupo de personas que tenía previsto acudir a la visita fue arrinconado en la esquina enfrente del Centro Cívico, rodeado por un cordón policial que no dejaba el espacio suficiente para guardar la distancia de seguridad sanitaria. El responsable del dispositivo apartó arbitrariamente a varias personas muy mayores con la intención de intimidarlas y llevarlas a su furgón. A la vez que ocurrían estos hechos, otro grupo de ciudadanos y ciudadanas pudo acercarse al Centro Cívico sin ningún impedimento, por lo cual lo sucedido se ve agravado por un trato claramente discriminatorio, contrario a la libertad de expresión y al derecho a la libre circulación de las personas.
Apdha afirma que ninguna de las personas que sufrieron esta situación suponían el menor riesgo físico para el monarca, y que el despliegue policial y su lamentable actuación no hacía más que responder a "una censura y a prohibir a determinadas personas poder ejercer su legítimo derecho de expresarse delante de una figura pública que, como tal, se debe a la opinión y la crítica de sus ciudadanos".
La Apdha considera intolerable que el dispositivo policial se realice de forma que determine como objetivos a los ciudadanos que van a expresar una opinión crítica y amparada en la libertad de expresión. Por todo lo expuesto, presenta su queja rotunda contra la vulneración de Derechos Fundamentales, artículos 14, 16, 20, 21, 23 de la Constitución Española; contra el sesgo de la libertad de movimiento y de expresión que supuso esta actuación de la Policía Nacional, por lo que pide que se promueva la oportuna investigación sumaria para el esclarecimiento de los hechos narrados.
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