El proyecto de recuperación de la actividad minera en Aznalcóllar es un proceso que cierra 25 años de incertidumbre tras el desastre ecológico del vertido de tóxicos sobre Doñana. La reactivación implica que vuelven los trabajos mineros, y también un nuevo proceso de depuración que sería más responsable que el que acabó con el desastre de Boliden.
El problema, como ha denunciado el grupo municipal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, es que se va a vaciar la corta Los Frailes, donde se ubica la nueva mina, que a su vez recogía restos de la corta de Aznalcóllar, adonde fueron a parar restos con tóxicos por el desastre. Y esto afectará al Guadalquivir a su paso por Sevilla capital.
En concreto, según el proyecto, se vertirán 15.000 millones de litros (15 hectómetros cúbicos) sobre el río Guadalquivir a la altura, prácticamente, del Estadio de la Cartuja, aunque en término municipal de Santiponce, apenas a unos metros del término municipal de Sevilla. Sin embargo, la capital, lógicamente, por el curso del río, es un municipio afectado aunque no se produzca en su término el vertido, razón por la cual desde Podemos-IU reclaman al alcalde, José Luis Sanz, que ponga en marcha un estudio sobre esta operación.
El proyecto liderado por la multinacional Grupo México recoge la intención de liberar en el agua del Guadalquivir estos restos que contendrían metales pesados procedentes, indirectamente, del desastre de hace 25 años. Además, supondría el vertido en esas mismas aguas de 4.000 millones de litros cada año procedentes de la nueva actividad minera en Los Frailes, durante 17 años. La suma total, en cifras de los grupos ecologistas, asciende a 83.000 millones de litros.
Esta propuesta ha dado pasos hacia hacerse realidad tras informes positivos de la Junta y del Gobierno de España. En el proyecto, la multinacional habla de que los vertidos implicarán prácticamente depositar en el Guadalquivir "agua destilada tras un proceso de depuración", y que será en la práctica implica "la regeneración ambiental de todo el entorno" porque se harán cargo de "los pasivos ambintales que dejaron las minas del pasado", según recogía en un reportaje eldiario.es.
Lo que plantea Podemos-IU es si definitivamente los retos de metales pesados acabarán en el río, o lo que es lo mismo, no fiarse de la garantía de la compañía minera en el proceso de depuración. En la moción que se ha presentado para el próximo pleno, el grupo político habla de presencia de "aluminio, amonio, arsénico, boro, calcio, cadmio, carbono, cobre, cromo, fluoruros, hierro, manganeso, mercurio, níquel, nitratos, plomo, selenio, sulfitos, sulfuros y zinc".
"Las afecciones de los residuos de la minería sobre el río a su paso por Sevilla supondrán una degradación manifiesta del estado ecológico del mismo, así como la potencial generación de un problema de salud pública para los sevillanos y sevillanas que viven en el entorno del río y disfrutan de actividades de ocio y deporte en las aguas de éste". Es decir, si no sale bien, la visión más pesimista, en la que coinciden en muchos puntos con Ecologistas en Acción -porque Podemos-IU se basa en sus informes y cifras-, sería un desastre para la vida diaria en la capital sevillana.
"La conversión del Guadalquivir en un río de sacrificio al servicio de la actividad minera y el peligro que ello representa para el ecosistema y la salud pública ya ha sido denunciada por Ecologistas en Acción, y formaciones como Alianza Verde, Los Verdes Andalucía o Alternativa Republicana, que han señalado, entre otros aspectos, la falta de transparencia del proceso de adjudicación de la explotación de la mina así como la ausencia de informes ambientales rigurosos que amparen su apertura en condiciones de seguridad y salubridad para la población y el entorno de los municipios afectados", añaden en la citada moción desde Podemos-IU.
La concejala de Podemos, Susana Hornillo, manifestaba las dudas sobre este vertido en el río para actividades de todo tipo, tanto en Sevilla como en el resto de municipios en el curso del Guadalquivir: "Actividades agrícolas, de ocio, deporte y turismo". Hornillo ha advertido que la proyección internacional de Sevilla asociada a un río industrial puede suponer una grave lesión para la imagen de la ciudad ante los turistas de todo el mundo y, especialmente, ante el público europeo que valora los destinos concienciados con la protección de sus entornos.
La petición al Ayuntamiento de Sevilla implica un control semanal del agua en el Guadalquivir, aunque, a nivel burocrático, el gobierno local sevillano puede solo realizar informes, si bien es un asunto sobre el que no tiene la última palabra. Como mucho, vigilancia y peticiones de información en calidad de municipio afectado. La moción también propone que la instalación de paneles informativos en todos los espacios de ocio y deporte acuático del Guadalquivir que adviertan de su condición de río industrial por la recepción de vertidos procedentes de las minas de Las Cruces y Los Frailes de Aznalcóllar.
No es la primera vez que grupos políticos y ecologistas plantean sus dudas hacia el proyecto. Estos últimos alertan de que con esta puesta en marcha de la actividad minera se condena al Guadalquivir y, en consecuencia, a Doñana, a pesar de que los vertidos de agua no irán directamente al Guadiamar.
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