Un geógrafo que busca el decrecimiento
Antonio Figueroa Abrio (Jerez, 1978) es licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla. Fue allí donde conoció a Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana en la Hispalense y uno de los mayores especialistas en el ámbito de la gestión hídrica y del territorio. En su grupo de investigación, al que aún sigue vinculado, 'Estructuras y Sistemas Territoriales', ha trabajado durante 20 años, configurándose como consultor ambiental y experto en temas relacionados con el agua. "No me gusta la palabra experto, no me reconozco en ella", dice humildemente previo a la entrevista con lavozdelsur.es
Preocupado por asuntos que trascienden más allá de la sequía —cree que es sólo la antesala de los efectos del cambio climático—, Figueroa ha centrado su interés en abordar servicios ambientales primero como freenlance y luego desde 'Estudio, Agua y Territorio', uno de los centros de referencia en temas de agua, especialmente en la provincia de Cádiz. La cooperativa, que trabaja para la administración pública y para empresas privadas, está inmersa en el desarrollo de varios proyectos. Recientemente, elaboró la primera parte del Plan Provincial de Restauración de Ríos en Tramos Urbanos, un trabajo pionero a escala estatal en su campo, mientras que también han abordado con Aeopas el Plan Local de Aguas Regeneradas de Chiclana con objeto de reutilizar y depurar el agua potable.
Centrado siempre en el tema ambiental, el consultor destaca su preocupación por el modelo productivo y la ausencia de debate sobre el decrecimiento, haciendo especial hincapié en la necesidad de que la provincia de Cádiz y Andalucía aborden la emergencia climática e hídrica: en 2050 al menos un quinto de los recursos hídricos de los que disponemos en la actualidad desaparecerán. El escenario no es bueno, pero hay margen de maniobra con objeto de prepararnos para lo que nos viene. "Quien piense que podemos seguir aumentando el regadío y la superficie agraria es un iluso", puntualiza sobre la agricultura, un sector que ha alcanzado ya cuatro quintas partes del consumo total de agua en nuestra tierra.
Los embalses de Andalucía rondan el 20% de su capacidad y la previsión de lluvias no es nada halagüeña, probablemente no caiga ni una gota hasta final de septiembre u octubre. ¿Cómo ve la situación?
Las previsiones son las que son, estamos en verano y el año hidrológico empieza en octubre. Las primeras lluvias llegan en septiembre u octubre, por lo que no van a paliar la situación. El momento actual es grave, porque el 20% casi acabando el año hidrológico es un nivel muy bajo. Hay diferencias entre territorios, en la cuenca de Barbate estamos al 18%, mientras que la cuenca mediterránea andaluza ronda el 24%, pero la situación de partida es grave porque con el agua que tenemos ahora mismo en Cádiz no nos da para todo lo que necesitamos, especialmente la demanda agraria que es la que más consume.
Afortunadamente, hoy en día tenemos muchas herramientas. Hay una serie de planes de sequía que definen un poco la situación en la que se van a encontrar las distintas demarcaciones hidrográficas en función de la situación de sequía pluviométrica o escasez de recursos hídricos, hay también una serie de controles en base a unos indicadores mensuales de precipitaciones, reservas de embalses y agua que se va consumiendo. Por tanto, tenemos mucha información. Ahora, ¿cuánto se podía haber previsto? (Piensa). Es difícil, prever la situacion actual es muy complicado porque todo depende del régimen de precipitaciones y de uso del agua. Aún no estamos en esos niveles, pero nos estamos acercando a la gran sequía del 95. Así que creo que más que hablar de si se podía haber previsto, tenemos que hablar de qué es lo que podemos hacer a partir de ahora con la situación actual. Hombre, si vemos que de aquí a final de año no hay un cambio importante, el año que viene lo vamos a afrontar con restricciones severas. Es imposible mantener los niveles, sobre todo en la agricultura.
Sí, varía por cuencas. En la cuenca del Guadalquivir está cerca del 90% del consumo total, en el Guadalete-Barbate o en la demarcación mediterránea está por encima del 70%, pero es el sector que más consume. De hecho, en la cuenca del Guadalquivir ya se han acortado las dotaciones de riego muchísimo y en la de Guadalete-Barbate en torno a un 25%.
"No todo el regadío es igual, ni todos los agricultores son lo mismo. Tenemos que pensar en un reparto justo y social del agua"
Con los datos en la mano, tenemos un problema de aquí al próximo año.
Por ejemplo, aquí, en la cuenca del Guadalete-Barbate, las demandas agrarias son 306 hectómetros cúbicos al año, mientras que la demanda total puede estar en torno a los 440 o 450 al año. Las reservas que tenemos ahora mismo en las aguas superficiales es de 320 hectómetros cúbicos. Luego hay reservas subterráneas, que son también importante para abastecer el regadío, pero está claro que no, que a día de hoy no nos dan los números.
La Mesa Social del Agua nace de un grupo de entidades preocupadas por la política y planificación del agua en Andalucía. Es un nacimiento progresivo, que va buscando acuerdos en torno a distintos instrumentos de planificación como los planes de sequía. A raíz de ahí, se ve la necesidad y oportunidad de que entidades que venimos de diferentes lugares y vemos el mundo desde diferentes ángulos trabajemos juntos. Hablo de organizaciones ecologistas, consumidores y usuarios como Facua, sindicatos como CCOO y UGT, fundaciones como Savia o Nueva Cultura del Agua, u organizaciones agrarias importantes como COAG y UPA, que tradicionalmente habían estado opuestas a la forma de entender la gestión del agua con organizaciones ecologistas. Lo que buscamos es abordar las cuestiones que tenemos en común. Son necesarios cambios importantes y necesitamos estar juntos. Es una experiencia pionera, en la que llegamos a acuerdos importantes y formamos un discurso en el que la agricultura, el medio ambiente y los recursos hídricos van de la mano.
Cuando hablamos de sequía y hablamos del cambio climático, uno de los sectores damnificados va a ser el agrario. Claro, aquí vemos que no todo el regadío es igual, ni todos los agricultores son lo mismo: hay que diferenciar ente pequeños y medianos agricultores y grandes empresas y multinacionales que están entrando en el sector de la agricutura. Cuando tenemos que hacer frente a una siituación de escasez, de menos recursos hídricos, tenemos que pensar en un reparto justo y social del agua para dar respuesta a esos pequeños y medianos agricultores que sustentan la población en el medio rural; no son las grandes empresas. De la misma forma, cuando se habla de la necesidad de mantener el regadío porque contribuye a fijar la población en las áreas rurales, hay que tener en cuenta a la pequeña y mediana empresa porque es quien realmente fija la población en el territorio.
Se refiere concretamente a que en el momento actual de sequía en la cuenca del Guadalquivir, los regantes del arrozal no van a regar el arroz porque con la dotación que le da la confederación era inviable poder cultivar y lo que plantean es ceder ese 25% del agua que le correspondían a otro regante. Es una cesión del recurso, una figura que permite la ley. En ese momento, lo que plantea la confederación es que se llegue a un acuerdo y lo gestione una entidad privada que es Feragua, la asociación de regantes. Entonces, lo que pedimos es que el acuerdo se tiene que hacer desde la administración pública, con criterios sociales y desde lo público, decidiendo a quién va a ir ese agua, pensando en pequeños y medianos agricultores, en agricultura social y en agricultura que fije a la población en el territorio, generando empleo y valor social añadido. Reclamamos y necesitamos un modelo distinto en la gestión del agua. Al final, se lo han cedido a Feragua, se pierde el control y no sabemos a quién llega el recurso, ni cómo lo hace ni a quién beneficia.
No se hace. Es falta de transparencia.
En general, la información que nos llega al ciudadano con respecto al agua es poca. Nos queda mucho por aprender, aunque hayamos aprendido con la crisis energética y el aumento del recibo de la electricidad. La gente se ha preocupado por cómo es una factura de luz y de dónde provienen los conceptos porque les han tocado el bolsillo. En el caso de la factura del agua, estamos más despreocupados. También es verdad que es difícil entender la factura del agua por la falta de transparencia de los distintos operadores que hay. Esto es un reino de taifas, cada empresa, cada operador público, tiene un sistema diferente de tarificación y de mostrarlo a la ciudadanía.
No siempre, no tiene por qué. Nosotros apostamos por los servicios públicos del agua, por la prestación pública del agua, pero eso requiere el trabajo de plantear un modelo eficiente, transparente, basado en la aplicación efectiva del derecho humano al agua, la rendición de cuenta, la recuperación de los costes del servicio... y eso no siempre se aplica en todos los operadores públicos. Hay grandes operadores públicos de referencia que abanderan ese modelo y están consiguiendo resultados fantásticos. Podemos hablar de Emasesa —Sevilla—, de Proacsa —Córdoba—, de Aguas de Cádiz, pero todavía hay mucho camino por andar.
"Va a haber una reducción drástica de los recursos hídricos disponibles de aquí a mediados de siglo. El cambio climático ya está aquí"
Es una pregunta complicada; es un reto. Vamos a hablar de niveles. Todavía en los currículos de formación básica no está integrada la perspectiva ni la dimensión ecológica del agua; se sigue explicando el ciclo hidrológico del agua como una cosa lineal y no alterada por la mano del ser humano. No se habla de los problemas reales de la degradación de los recursos hídricos aunque se mencione la contaminación o la degradación, pero falta la pieza clase que es hablar de límites, de adaptación a la capacidad de carga de los territorios, de decrecer, de transición ecológica y de transición hídrica. Tenemos que empezar a enseñar que reducir el consumo de agua no es solo en el uso urbano. Se habla de que tenemos que hacer un buen uso del agua en el hogar, pero no se habla de la necesidad de reducir el consumo de agua en la agricultura, de la reducción de las superficies de los regadíos ni la cuestión del cambio climático que ya está aquí. Va a haber una reducción drástica de los recursos hídricos disponibles de aquí a mediados de siglo.
(Ríe). Bueno, es importante tener buenos hábitos en el ahorro, es justo y necesario. Pero donde hay que poner el foco es en el sector agrario, que es el gran consumidor, un sector fundamental en Andalucía, pero también el que más consume y el que más va a sufrir los efectos del cambio climático. Hablamos de aquí al 2040 o 2050 de un 20% menos de precipitaciones, un aumento de la evotranspiración, la reducción de las correntías, un incremento del estrés hídrico en las plantas... el porvenir no es nada halagüeño. Hoy en día tenemos que hablar de la reconversión de la agricultura, del regadío, para adaptarnos a lo que va a ocurrir en veinte años. Tenemos que planificar ahora lo que vamos a hacer en un horizonte en el que tendremos menos agua. El camino ahora es al contrario: seguir aumentado el regadío, seguir aumentado las infraestructuras de recursos hídricos cuando ya no hay capacidad real para conseguir más agua... vamos con mucho atraso.
Lo de Doñana es la punta del iceberg porque viene ocurriendo en otros territorios como el Mar Menor, las Tablas de Daimiel, la comarca de Antequera o el Altiplano de Granada. La diferencia es que el consumo, la extracción de los recursos hídricos, afecta directamente a espacios de altísimo valor ecológico. Perdemos mucho más, pero es algo que viene ocurriendo en muchos territorios de España y Andalucía. Lo de Doñana es una muestra de cómo no se debe abordar una crisis hídrica y aboca al colapso ecológico a un santuario de la biodiversidad.
La Administración, en vez de plantear la reducción de la demanda, hace lo contrario. No lo plantea porque ello implica fuertes conflictos sociales y territoriales, hay que abrir el melón. Y hablamos de lo legal, por no hablar de lo ilegal. Lo ilegal no se puede ni se debe reconocer porque estaríamos mandando un mensaje equivocado, de reconocimiento a la persona que lo hace mal. No cumplir la ley no se puede plantear bajo ningún concepto. Necesitamos un giro de 180 grados, necesitamos reducir la superficie destinada al regadío.
"Seguir pensando que no solo vamos a mantener la producción de regadío, sino que vamos a aumentarla, es de ilusos"
Hay que ver los números porque cuando los analizas con detalle resulta que al final la mayor parte del consumo del agua se concentra en pocas empresas y de grandes superficies mientras que el menor consumo de agua se distribuye entre muchas familias. Al final, estamos hablando de una especie de latifundio del agua que se está generando. Hay que ponerlo encima de la mesa y de eso no se habla en el conflicto de Doñana: ponemos a todos en el mismo saco cuando no es real. Evidentemente, requiere un programa de reconversión igual que sucedió con la minería, el carbón o los Altos Hornos de Vizcaya, requiere mucho diálogo, inversión pública, pero no podemos seguir queriendo tirar hacia adelante, vamos hacia el precipicio. La reconversión, y esto es un mensaje clave, va a ser sí o sí; la cuestión va a ser cómo la abordamos, si de una manera justa y ordenada, o de una forma caótica, desordenada y con grandes conflictos sociales que es el camino por el donde vamos.
No. En un futuro vamos a tener un escenario muy complejo, menor disponibilidad de recursos hídricos, aumento de la frecuencia e intensidad de la sequía... el sector agrario está en una disyuntiva importante. Seguir manteniendo la producción y aumentarla, que es la dinámica del sistema, es inviable. Entran en juego otras crisis que tenemos que abordar: la energética, la de las materias primas, la de los fertilizantes. Todo esto va a llegar. Seguir pensando que no solo vamos a mantenerla, sino que vamos a aumentarla, es de ilusos.
En la Ley de Cambio Climático de Andalucía se aprobó una disposición adicional en la que se aborda el derecho humano al agua como mínimo vital. Lo ideal hubiera sido que eso se incorporara posteriormente al reglamento del ciclo urbano del agua que estaba elaborando la Junta de Andalucía y que ya lo tenía previsto, pero cuando hubo el cambio de gobierno se quedó en el tintero. Este año se ha aprobado el Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnicos-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, que es a nivel estatal, y que también incluye el derecho humano al agua y que es algo que poco a poco deberá incorporarse en la normativa municipal. Todavía estamos lejos, pero lo importante es que desde el punto de vista normativo, ya tenemos una base para reclamar la aplicación de este derecho. Hay camino por recorrer, pero a diferencia de hace unos años, ya tenemos instrumentos.
Se dispone de un mínimo vital y se regulan aspectos importantes como el acceso a la información, la participación, la transparencia... que son conceptos fundamentales para entender el derecho humano al agua además del suministro mínimo vital. El paso es importante. Esta norma también habla de la creación de un registro de personas vulnerables. Todavía nos quedan varios años para hacerla efectiva, pero lo importante es que ya las tenemos.
El sector turístico está integrado dentro de los usos urbanos del agua a no ser que hablemos de campos de golf que pueden tener su riego independiente. El turismo asociado al consumo de agua en hoteles, alojamiento hoteleros, es urbano. Hay que pensar que en las zonas del litoral y en algunos puntos del interior, en época estival se duplica o triplica la población, con el consiguiente aumento del consumo de agua y prestación de servicios. Es un tema a tener en cuenta. Localidades que dependen mucho del turismo en escenarios de escasez o de sequía, pueden verse afectadas. Pasaría como la agricultura: si entramos en un escenario de restricciones, pueden perderse turistas. Este verano salen las primeras noticias de que se reduce la afluencia de visitantes por las altas temperaturas y olas de calor. No obstante, el sector turístico, desde el punto de vista de la eficiencia del agua, trabaja bastante bien y apuestan por medidas de eficiencia, pero al final todo nos lleva a hablar de lo mismo: de modelo de desarrollo territorial, ya sean regadíos, uso turístico, etcétera. Al final es poner sobre la mesa los límites del territorio, del crecimiento. ¿Hasta dónde podemos llegar con el turismo y cuántos turistas más pueden caber en nuestras costa? No se habla absolutamente de nada de la capacidad de carga, ni de la generación de residuos.
El tema es de una enorme complejidad. En todo el litoral de Cádiz, desde Sanlúcar a Tarifa hay miles de viviendas ilegales y en la mayoría ha prescrito el delito urbanístico de edificación, pero eso no significa que sean legales, ni mucho menos. Lo que viene a decir es que son alegales, son asimilables a viviendas fuera de ordenación que no cumplen con las leyes urbanísticas: no se pueden derribar porque ha prescrito el delito, pero tampoco se pueden legalizar. En ese gran limbo urbanístico, hay viviendas que tienen servicios de abastecimiento e incluso de saneamiento, red eléctrica, retirada de residuos, pero también hay muchas miles de viviendas que no tienen acceso al agua como Conil, El Palmar o Zahora. Es un tema de difícil resolución. ¿Por qué no tienen agua? Porque están fuera de la zona de suministro.
"Hay que cambiar la percepción social de las viviendas ilegales. No ha habido ninguna administración, de ningún signo político, que haya sido valiente y haya querido coger el toro por los cuernos"
Pero la solución no es hacer más pozos, ni traerse agua de empresas de camiones cisterna de dudosa profesionalidad como el caso que mencionas. Es complejo. En la mayor parte de los casos, son segundas viviendas o viviendas de uso turístico de forma ilegal: el futuro debería ser su clausura. No obstante, hay una figura que ya aprobó el anterior gobierno de la Junta de hacer planes especiales de adecuación de viviendas irregulares en el medio rural para poder prestar servicios de abastecimiento, saneamiento, etcétera. Lo que pasa es que son planes complejos porque son los propios vecinos los que tienen que sufragar los costes y cuando se lo planteas, en el caso de que se vayan a legalizar, no quieren asumirlo. La solución pasa por diferentes escalas: administración local, Junta y colegios profesionales. Es un auténtico cáncer territorial. La nueva ley urbanística está poniendo coto y freno, pero aún sigue habiendo una marea social para conseguir viviendas en zonas no urbanizables y contra eso no hay administración que pueda combatir. Al final es una cuestión social: o se cambia la percepción social de las viviendas ilegales, o no hacemos nada. No podemos poner un policía detrás de cada persona en el campo, igual que en la ciudad para si saber si tira o no un papel a la papelera o si tira a su hora la basura al contenedor. Hay un trabajo necesario de educación y concienciación territorial, y todavía no ha habido ninguna administración, de ningún signo político, que haya sido valiente y haya querido coger el toro por los cuernos. Posiblemente, habría que ver qué viviendas que están en ese limbo y cuáles se pueden y cuáles no. En las que no, ver qué se puede hacer con ellas, pero es un tema absolutamente complejo.
Se aborda con muchísimo diálogo, con muchísima información, transparencia y educación. El esfuerzo no es doble sino triple. Los negacionistas del cambio climático, de los problemas ambientales de la Tierra van sembrando su semillita y al principio, con planteamientos tan absurdos y ridículos, uno pensaba que no iba a ir más con el sentido común de la sociedad. Al final te das cuenta que es un veneno que ha intoxicado la sociedad, y mucha gente reproduce consignas e ideas sin un mínimo análisis. Están haciendo muchísimo daño. Un ejemplo de ello es el bulo de las presas: de que están demoliendo presas, como el de una pareja que dice que el Estado desembalsa para aumentar la situación de sequía. Es una barbaridad, algo rocambolesco...
Así es. Los bulos son uno de los grandes problemas, también en la gestión del agua. Las fake news funcionan para nosotros como si fueran contaminación difusa, que nadie sabe de dónde viene pero está ahí. Es una contaminación que luego es muy difícil de eliminar. Tarda mucho tiempo.
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