Cuatro funcionarios de la Junta de Andalucía han negado este lunes cualquier irregularidad en el proceso de adjudicación de la explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, durante su declaración como acusados en el macrojuicio que investiga este procedimiento. Los procesados, que participaron en las mesas de concurso y contratación, han asegurado que actuaron con total independencia y sin recibir órdenes externas.
Durante la sesión de la vista oral, en la que inicialmente estaban previstas las declaraciones de los empresarios Mario e Isidoro López Magdaleno —reprogramadas finalmente para este martes—, los cuatro acusados coincidieron en afirmar que no recibieron instrucciones sobre qué empresa debía resultar adjudicataria del concurso, que fue otorgado a México-Minorbis. Todos insistieron en que no conocían previamente a los empresarios involucrados en el caso y defendieron la limpieza del proceso.
Los encausados han sido tajantes al señalar que no tuvieron la sensación de que el procedimiento estuviera “amañado”, y aseguraron que, de haber detectado alguna irregularidad, la habrían denunciado de inmediato. Una de las comparecencias más prolongadas ha sido la del que fuera jefe del Servicio de Contratación de la Junta, quien testificó durante casi dos horas y calificó los escritos de acusación como “una mentira detrás de otra”, aunque posteriormente rectificó sus palabras por indicación del tribunal.
Según explicó este funcionario, su participación en la mesa del proceso se debió “a puro azar” y defendió su trayectoria en la Administración pública: “El único interés que tenía era hacer bien mi trabajo, he estado en más de 1.000 mesas de contratación”. Como el resto de declarantes, lamentó que la investigación judicial haya supuesto un descenso en su nivel profesional y salarial.
El origen de la causa: una denuncia en 2015
El proceso judicial se remonta a febrero de 2015, cuando la empresa Emerita Resources España, también aspirante a la concesión minera, denunció presuntas irregularidades en la tramitación del expediente y en la adjudicación final. Desde entonces, el caso ha atravesado distintos vaivenes judiciales, incluidos dos intentos de archivo por parte de la jueza instructora, Patricia Fernández, revocados ambos por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, con la magistrada Mercedes Alaya como ponente.
El juicio, que se ha convertido en una macrocausa, sienta en el banquillo principalmente a funcionarios y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso, además de varios empresarios. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido que no aprecia delito en los hechos investigados.
Las defensas cargan contra la instrucción
El juicio comenzó el pasado 3 de marzo, cuando las defensas denunciaron una supuesta vulneración de derechos y criticaron la “pena de banquillo” que, según los abogados, están padeciendo los acusados. Un día después, el Ministerio Fiscal rechazó que se hubieran producido esas vulneraciones y defendió la actuación de la jueza de Instrucción número 3, quien había solicitado archivar el caso en dos ocasiones.
Finalmente, la Audiencia de Sevilla resolvió excluir del procedimiento el delito de administración desleal, rechazando también las alegaciones de vulneración de derechos planteadas por las defensas. El juicio continúa esta semana con nuevas declaraciones previstas por parte de los empresarios acusados, mientras se mantiene el foco sobre uno de los procesos más mediáticos en la gestión de recursos públicos en Andalucía.