A pesar de la significativa mejora de la calidad del aire por efecto de las medidas de lucha contra la Covid-19, toda la población andaluza siguió respirando en 2021 un aire perjudicial para la salud según las recomendaciones de la OMS. 350.000 andaluces (el 4% de la población) viven en las cuatro zonas donde se superaron los límites legales del hidrocarburo benzo(a)pireno (BaP) y/o partículas PM10 (pequeñas partículas sólidas o líquidas de polución), Bailén y Villanueva del Arzobispo; y ozono (Córdoba y zona industrial de Puente Nuevo). Son algunas de las conclusiones relativas a Andalucía incluidas en el informe La calidad del aire en el Estado español durante 2021, que ha publicado este pasado lunes Ecologistas en Acción.
En el caso de la provincia de Cádiz, el estudio afirma que mantiene dos de los diez focos de mayor contaminación de Andalucía: la Bahía de Algeciras y la Bahía de Cádiz. Una polución que, aunque pueda partir de zonas como el polo petroquímico de San Roque, obviamente no se queda ahí, sino que afecta a numerosa población de prácticamente toda la provincia.
“El cuadro general que presenta Andalucía es el de un territorio con diez focos principales de contaminación: las zonas industriales de Carboneras (Almería), la Bahía de Algeciras (Cádiz), Puente Nuevo (Córdoba), Bailén (Jaén) y Huelva, la Bahía de Cádiz y las áreas metropolitanas de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; en los seis primeros casos con la actividad industrial y/o portuaria como principales fuentes de contaminación, destacando hasta su cierre las centrales térmicas de carbón de Carboneras, Los Barrios y Puente Nuevo, así como los complejos petroquímicos de Palos de la Frontera y San Roque, y en los cuatro últimos casos con el tráfico rodado como causa principal”, expone el informe.
Y abunda: “Sin embargo, la contaminación generada en estos lugares, al extenderse por el resto del territorio y transformarse en ozono troposférico, acaba incidiendo negativamente en zonas rurales y de interior de Andalucía, especialmente a sotavento de los grandes focos emisores de los contaminantes precursores del ozono”. No es de extrañar, con todo esto, que las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz sean consideradas como el triángulo del cáncer en España.
Como recuerdan desde la organización conservacionista, en 2020 se aprobó la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, que actualiza el diagnóstico de la situación y pretende constituir el marco de los futuros planes de mejora de la calidad del aire, cuya revisión ha sido recientemente contratada por la Junta de Andalucía, junto a la elaboración de seis planes de acción a corto plazo en las aglomeraciones de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y en las zonas industriales de la Bahía de Algeciras y Huelva.
400.000 muertes prematuras por la mala calidad del aire
En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizados en 2021. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la calidad del aire en el Estado español que desde hace década y media viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.
Las últimas estimaciones globales de la AEMA y la OMS sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica son muy preocupantes. Elevan en el año 2019 hasta en torno a 400.000 las muertes prematuras en los países europeos por la mala calidad del aire, 373.000 por exposición a partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM 2,5 ), 48.000 por exposición a dióxido de nitrógeno (NO 2 ) y 19.000 por exposición a ozono troposférico. En España, recoge el informe de Ecologistas, las víctimas de la contaminación fueron ese año hasta 30.000, 23.300 por partículas PM 2,5 , 6.250 por NO 2 y 1.820 por ozono, lo que supone duplicar los 16.000 fallecimientos prematuros anuales que se estimaban hace apenas dos décadas.
El coste económico de la mortalidad prematura y de la pérdida de días de trabajo por la contaminación del aire ambiente y en el interior de las viviendas ha sido cuantificado por el Banco Mundial en 38.000 millones de euros en 2013, equivalentes al 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español en ese año, sin considerar los daños provocados a los cultivos, los ecosistemas naturales u otros bienes de cualquier naturaleza.
En este contexto, la crisis de la COVID-19 que irrumpió en marzo de 2020 alteró los patrones de movilidad, por efecto de las medidas de confinamiento y de distanciamiento social adoptadas por las autoridades para limitar el contagio del virus, especialmente durante los dos estados de alarma declarados entre 2020 y 2021. Medidas que conllevaron una importante reducción de las emisiones contaminantes al aire en España y a nivel mundial, cuyo carácter estructural o meramente coyuntural resulta todavía incierto.