El estuario del Guadalquivir, que es un concepto geográfico que va mucho más allá del propio caudal del río y que hunde su propio sentido en la milenaria desembocadura del también llamado Río Grande (una inmensa bahía marina en tiempos de Tartessos entre las actuales Coria del Río y Sanlúcar de Barrameda), lleva siglos haciendo equilibrios entre su propia supervivencia como valioso ecosistema natural y su condición de territorio densamente poblado y explotado. Y aunque ya los romanos extrajeron mineral de la llamada Faja Pirítica Ibérica, que se extiende desde Badajoz hasta Huelva y Sevilla, fue especialmente durante la industrialización del siglo XIX cuando las explotaciones mineras de Gerena, Salteras y Aznalcóllar empezaron a contribuir de manera tan negativamente en la zona, pues se trata de una actividad que, por muchos beneficios que genere, no sale gratis medioambientalmente.
Forma parte de nuestra íntima historia contemporánea más reciente la rotura de aquella balsa en Aznalcóllar por la que, hace solo un cuarto de siglo (en 1998), se vertieron 7.400 millones de litros de lodos tóxicos y aguas ácidas con metales pesados que arrasaron no solo el cauce del río Guadiamar. Pero la tentación sigue siendo enorme, pues la citada faja pirítica posee una riqueza en cobre de 7 a 12 veces superior a cualquier yacimiento: un porcentaje de cobre de entre un 5 y un 6 por ciento frente a la media en el sector de la minería que no llega al uno.
El difícil equilibrio al que las propias administraciones deben hacer frente es siempre el mismo: entre la economía y el medioambiente. Y aunque los ecologistas (desde la conciencia política ciudadana) -a quienes el desastre de Aznalcóllar dio oxígeno argumental- llevan muchas décadas advirtiendo de los peligros de la contaminación (Ecologistas en Acción simularon el taponamiento de la tubería del vertido minero que Cobre las Cruces venía realizando al Guadalquivir desde 2009 a la altura de La Algaba), no ha sido hasta ahora cuando también los ecólogos (desde la ciencia) se han sumado al carro de la advertencia. Tanto, que la propia Universidad de Sevilla, a través de sus departamentos de Biología Vegetal, Ecología y Antropología Social llevan organizadas, solo en los últimos cinco meses, dos importantes jornadas sobre este difícil equilibrio.
La primera ('El estuario frente a los vertidos mineros') se celebró el pasado mes de junio y reunió por primera vez a expertos de las universidades de Granada, Huelva y Cádiz, además de la Hispalense, y en ella se presentaron dos preocupantes informes, elaborados por el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús M. Castillo, sobre el vertido en el Guadalquivir procedentes de la mina de Aznalcóllar ahora que se prepara su reapertura. La segunda jornada ha tenido lugar este pasado martes y, bajo el título de 'El estuario del Guadalquivir: potencialidades económicas y pasivos ecológicos', se ha conseguido reunir a pesos pesados de las administraciones públicas responsables del estuario del Guadalquivir, de las empresas que comen de este mismo estuario (desde los arroceros a los mariscadores) y de las organizaciones ciudadanas que llevan demasiado tiempo clamando en el desierto.
En concreto, la jornada universitaria dio para reunir en el mismo foro al responsable de la Oficina Técnica de Doñana, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, Emilio Esteban, en sustitución del propio secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, cuya visita estaba anunciada en el cartel; el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla; el alcalde de Coria del Río, Modesto González (Andalucía Por Sí); el representante de la Confederación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, José Carlos Escalera; el gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla, Eduardo Vera; el representante de los mariscadores de Chipiona, Rafael Ruiz; y otros representantes de organizaciones ciudadanas tradicionalmente defensoras de la naturaleza como la ONG Salarte, Ecologistas en Acción, la fundación Savia o Andalucía Viva, entre otras. No hubo ningún representante de la Junta de Andalucía, que es al fin y al cabo la administración responsable de los permisos, “y no porque no estuvieran invitados”, ha criticado el alcalde de Coria del Río, “sino porque no quisieron venir”. El presidente de Savia, Paco Casero, mostró su profunda preocupación por la ausencia de la Junta en este y otros foros “en los que está en juego el futuro de nuestra tierra” e hizo un llamamiento a “la participación, al diálogo, a la escucha y a la búsqueda de soluciones”.
Tampoco hubo representantes de las empresas explotadoras de las minas que protagonizaron el fondo del debate, pero en este caso porque no fueron invitados al considerar los organizadores “que ya tienen bastante publicidad en otros foros”, como señaló a lavozdelsur.es el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús M. Castillo, no de los responsables de la cita junto a Félix Talego y David Florido.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que no se han evaluado con garantías los posibles efectos acumulativos de los vertidos pasados y los nuevamente autorizados, en que habría que preocuparse por el empleo directo o indirecto en sectores como el agrícola o el pesquero, en que los vertidos, de mayor o menor contaminación metálica, podrían afectar a la calidad de unas aguas ya demasiado turbias, incluidas las del Parque Nacional de Doñana. En definitiva, todos han estado de acuerdo en la necesidad de crear un comité de expertos independientes que evalúa mediante nuevas investigaciones científicas los posibles impactos socioambientales que los vertidos mineros tendrán en el estuario del Guadalquivir. Todos coincidieron con la apreciación del catedrático Castillo, que recordó el comité de expertos para evaluar los impactos del dragado de profundización en el estuario del Guadalquivir, que finalmente tumbó el Tribunal Supremo en 2019, o el comité de expertos que evaluó el proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos en Huelva.
Castillo insiste en que “la evidencia científica es que las aguas vertidas por la mina no están lo suficientemente filtradas o depuradas” y en que habría forma de hacerlo, “pero esas formas siempre son más costosas y es preferible hacerlo con una tubería de decenas de kilómetros que se aleje lo más posible” y que terminen en el río, especialmente entre Coria y la presa de Alcalá del Río, que es donde choca la onda de marea y se depositan tantos materiales junto a la sedimentación natural tanto en el fondo como en las orillas. “Habría que preguntarle al Gobierno andaluz por qué no actúa”, sostiene Castillo, muy preocupado porque ninguno de los dos proyectos mineros haya tenido en cuenta “las condiciones de hidrodinámica y físico-químicas de la parte alta o interior del Estuario del Guadalquivir entre la presa de Alcalá del Río y el tapón salino cercano a la desembocadura, donde el agua va acumulando metales que precipitan en el fondo, con muy escasa regeneración por su baja salida al mar.
Según un estudio publicado en la revista Science of Total Environment, “esta zona interior del estuario ya ha sido contaminada hasta niveles ecotóxicos posiblemente por el vertido de la mina Cobre Las Cruces desde 2009”, ha señalado Castillo, que recuerda que el estuario acaba en la presa de Alcalá, un fondo de saco que frena las mareas y favorece la sedimentación ya a partir de Coria del Río, “lo cual promueve la retención de contaminantes relativamente biodisponibles y con efectos ecotóxicos”, especialmente cuando no hay grandes avenidas fluviales, es decir, casi siempre porque por el cambio climático llueve mucho menos y por la sobreexplotación del agua con fines agrícolas el agua corriente también se ha reducido significativamente. “Pero las minas y la propia Junta dan por hecho que la contaminación minera se diluirá, como si desapareciera mágicamente”, ha apuntillado Castillo.
Hace solo dos meses, la Junta de Andalucía, que ya ha entregado los permisos preceptivos tanto para la mina Los Frailes como para la de Cobre las Cruces en Gerena, anunció una subvención de 3,4 millones para esta última. En ambas minas, en manos de los gigantes internacionales y líderes mundiales del sector Grupo México y la multinacional canadiense First Quantum Minerals, respectivamente, se va a seguir extrayendo a partir del año que viene –si todas las gestiones financieras salen adelante-, además de cobre, plata, zinc y plomo hasta el año 2040 aproximadamente. En el caso de Cobre las Cruces, que ha venido explotando desde 2009 la mina de cobre a cielo abierto más importante de Europa y que ahora continuará su labor con una mina subterránea, se construirá una nueva refinería polimetalúrgica con una inversión de 193 millones de euros (a ello contribuirá la pequeña subvención del Gobierno andaluz), aunque la inversión total roza los 500 millones.
Descarbonización y miles de puestos de trabajo
La empresa ha asegurado a lavozdelsur.es que gastará un 90% menos de dióxido de carbono de lo que suele emplear la minería porque no habrá que trasladar el material a una fundición, pues se contará con ella en el mismo sitio. Por otro lado, con respecto a estas últimas jornadas universitarias impulsadas por ecólogos y ecologistas, fuentes de Cobre las Cruces insisten en que la empresa “cumple estrictamente con todo lo que establece la ley” y en que “sus proyectos se ajustan puntualmente a los límites marcados por la administración”. Si en el proyecto anterior, que se ha alargado durante 14 años, se dio empleo a 600 trabajadores directamente contratados por Cobre las Cruces entre ingenieros, geólogos y operarios de la mina y de la planta hidrometalúrgica, y a más de 200 empleados por empresas externas, el total de trabajadores que se estima para el nuevo proyecto supera con creces los 900. “El 40% de ellos son de Gerena y la comarca”, aseguran las fuentes consultadas.
En el caso de la mina Los Frailes de Aznalcóllar, que también fue a cielo abierto y que ahora será igualmente subterránea, la reapertura de la mina supondrá unos 450 millones de inversión y casi 2.000 empleos durante los próximos 15 años.
Metales pesados al río grande o a los pequeños
La mina Cobre las Cruces ha vertido agua con metales pesados al estuario del Guadalquivir desde que comenzó su producción en el año 2009. Según los organizadores de estas últimas jornadas universitarias, el vertido ha sido de un máximo anual de 360 kilos de zinc, 90 kilos de níquel, 45 de arsénico, cobre y plomo y de 9 kilos de mercurio. El segundo vertido que ya tiene autorizado dobla al primero: 2,34 hectómetros cúbicos durante 14 años y que vertería anualmente un máximo de 1.638 kilos de zinc, 421 de plomo, 211 de arsénico, cobre y níquel y 33 de mercurio.
La de Aznalcóllar, por su parte, podría acumular, según las mismas fuentes, un máximo de 35.856 kilos de aluminio, 27.091 de hierro y manganeso, 5.578 de cobre y níquel, 2.709 de arsénico, 797 de plomo, 677 de cadmio y 24 de mercurio, entre otros. Estos datos, desde luego, procedentes de las investigaciones de especialistas de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla, chocan con las de las propias empresas mineras en sus propios estudios de impacto ambiental y con las autorizaciones otorgadas por la Junta, que niega cualquier impacto relevante en nuestro río.
El plan de la empresa que va a volver a explotar la mina de Aznalcóllar es construir una tubería de 30 kilómetros para llevar las aguas tratadas al estuario del Guadalquivir, a la altura del Estadio de la Cartuja, como ha venido haciendo Cobre las Cruces hasta el Guadalquivir a la altura del puente viejo de La Algaba. En este sentido, el alcalde de Coria, que ha participado en las jornadas de este pasado martes, se ha mostrado especialmente crítico con estas estrategias empresariales al recordar que “la empresa ha dejado de verter a ríos más pequeños como el Ribera de Huelva o el Agrio porque las exigencias medioambientales en ellos son mucho mayores que en el Guadalquivir”. “Lo importante es que cada vez somos más las voces que exigimos un comité de expertos que ofrezca verdaderas garantías del análisis de esos vertidos”, ha añadido el regidor coriano, quien ha recordado, por otro lado, que la Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla SA (Emasesa) sigue adelante con su plan de construir una desalobradora en los terrenos próximos al estadio de La Cartuja, muy cerca de donde irán a parar los vertidos (aguas ya tratadas) de Aznalcóllar. “Eso hay que volver a ponerlo sobre la mesa y yo lo he señalado ya en más de una ocasión en el consejo de administración”, señala González.
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