Casi medio centenar de colectivos, administraciones y personas físicas han presentado alegaciones ante la Junta de Andalucía por el proyecto minero Los Frailes, en Aznalcóllar, consistente en construir una gran tubería de unos 30 kilómetros hasta el Guadalquivir, a la altura del Estadio de La Cartuja, y verter los restos mineros. El proyecto supone deshacerse de mucho de lo que generó el desastre de Aznalcóllar hace 26 años. Con la prisa de que no rebosen las balsas a cuenta de las lluvias que sigan acumulándose (prevista para la próxima década), y que supone además volver a extraer de la mina situada al norte de Doñana.
Entre ese medio centenar de alegantes, han realizado alrededor de 600 preguntas respondidas por el departamento de Minas del Gobierno andaluz. Como es habitual en estos casos, muchos alegantes realizan preguntas similares, por lo que sus respuestas se agrupan, dando como resultado que apenas 53 queden directamente contestadas. Y desestimadas. Casi la mitad de las respuestas de la Junta comienzan con la siguiente expresión: "No es competencia de la autoridad minera". Son preguntas realizadas en tres procesos de información pública: el plan de restauración, en 2019 primero y en 2021 después, y el proyecto de explotación, en 2023. Respuestas todas enfocadas a la cuestión puramente minera y no a sus consecuencias medioambientales, por lo que muchas alegaciones no quedan satisfechas y son, de forma casi automática, desestimadas.
Las respuestas se enfocan a la actividad minera y no a la huella medioambiental, que es lo que cuestionaban muchas alegaciones
El primero de esos proyectos es el núcleo de la eliminación de los residuos tóxicos procedentes de la mina. Con una depuración que varios expertos han calificado de insuficiente, como se señaló en un extenso reportaje en lavozdelsur.es, esas aguas acabarán en el Guadalquivir desde el término municipal de Santiponce, a unos metros del término municipal de Sevilla capital, y que mandará río abajo las aguas con cobre, cromo, hierro, manganeso, mercurio, níquel, plomo, selenio o zinc. Y el arsénico y el cadmio son dos de las sustancias que más preocupan por mantenerse en la cadena alimentaria. Además, podrían acumularse en el lecho en proporciones disparadas.
Las alegaciones ante la Junta, a las que ha tenido acceso lavozdelsur.es en primicia, han empezado a llegar a los respectivos alegantes este lunes 26 de agosto. Algunas versan sobre las garantías ante posibles problemas de seguridad en el futuro en la mina, o en que se descubran afecciones en el entorno natural: ya sea aguas abajo en el estuario, o en las aguas subterráneas. La Consejería da por satisfechas estas y otras preocupaciones en base a la densísima documentación que acompaña al proyecto de Los Frailes. Un plan pensado y repensado, multimillonario, y sobre el que, en principio, a estas alturas, es difícil que se vea modificado.
Por ejemplo, la Junta responde a una alegación sobre la petición de garantías de que la corta de Aznalcóllar no generará impactos a largo plazo. Señala el Gobierno andaluz que cumple con la ley este sistema, y que "el relleno de huecos mineros está considerado como mejor técnica disponible por la normativa europea en materia de residuos de la industria extractiva". Además, que ambas cortas están desconectadas del acuífero. En varios puntos, la Junta insiste en que se trabaja con esa "mejor técnica" disponible para afrontar la situación, primero de recuperación, y luego de nuevas extracciones.
Aunque la más repetida entre los alegantes es la afirmación de que la concesión minera todavía no está otorgada. Se señala así en base al contencioso abierto entre Los Frailes y Emérita, sobre posible prevaricación o fraude, entre otros, y que va al fondo de acreditar el derecho de explotación en Aznalcóllar. La Junta dice que desde 2015 tiene Los Frailes la concesión y que varias resoluciones y autos de los juzgados y la Audiencia Provincial de Sevilla han rechazado la suspensión del proceso. "Quedando, en todo caso, esta Administración a lo que pudieran disponer nuevos pronunciamientos judiciales relativos a la suspensión o no del procedimiento en cuestión".
Además de garantías ante posibles incidentes, las alegaciones también apuntan a posibles problemáticas en los procesos de información pública. Todas se van evacuando desde la administración indicando que se han seguido todos los pasos preceptivos.
Eso sí, en este paso del proceso hasta que comience la actividad en Aznalcóllar, quedarán, parece, por el camino diversas alegaciones que apenas han supuesto respuesta. Por ejemplo, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar habla en una de sus alegaciones del riesgo de afección al espacio natural. Y es uno de los casos en los que la Consejería dice que no es su competencia. "La cuestión que se plantea, afección ambiental de la Red Natura 2000, no es competencia de la autoridad minera". Hay más así.
"La cuestión planteada, sometimiento a información pública de documentación propia de la tramitación ambiental, no es competencia de la autoridad minera". "La cuestión planteada, tramitación de la evaluación ambiental estratégica, no es competencia de la autoridad minera". "La cuestión planteada, integridad de la documentación sobre la que se fundamenta la autorización de vertido, no es competencia de la autoridad minera". Son varias de las respuestas que están recibiendo los alegantes, remitiéndoles a otra documentación o a otros momentos del proceso para obtener respuestas.
En general, las alegaciones presentan un proyecto que, administrativamente, seguirá adelante, cumpliendo etapas burocráticas sin que estas alegaciones, en principio, provoquen un replanteamiento del proyecto. Hasta hay una misa prevista. Que no es preceptiva legalmente, claro, pero que va a ocurrir, con el arzobispo de Sevilla al frente.
A continuación, puedes consultar las 53 respuestas de la Junta a las alegaciones presentadas.
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