La Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir ha emitido un nuevo informe sobre la Proposición de Ley de reordenación del territorio en la corona norte del Parque Nacional de Doñana presentada en el Parlamento de Andalucía por PP y Vox que pretende legalizar cientos de hectáreas de regadío. Dicho informe se puede considerar muy crítico con los planes que ambas formaciones tienen con el beneplácito de la Junta de Andalucía.
Uno de los puntos en el que más incide la CHG en su informe es en la incompatibilidad de la Proposición de Ley con el Plan Hidrológico del Guadalquivir y lo ejemplifica con una de las frases que incluye: "Incremento cero de regadíos, salvo ya planificados, que constituye auténtica piedra angular de la planificación hidrológica del Guadalquivir". De hecho, el organismo dependiente del Gobierno de España afirma que en ningún momento "la Junta de Andalucía se ha opuesto a estas políticas; ni siquiera constan comentarios al respecto".
El Gobierno andaluz ha argumentado durante estos meses que el texto no habla de derechos de agua, aunque la norma habla del uso de aguas superficiales. "Este discurso no solo es contradictorio en sí mismo, sino que también lo es con el hecho de que los planes sectoriales deben adaptarse a la disponibilidad de agua que marcan los planes hidrológicos, y no al revés", defiende la CHG.
El informe es tremendamente crítico con los planes de PP y Vox. "La PDL tiene por objeto declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua, lo cual es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño. Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada, que, tras seis meses de consulta pública del Plan Hidrológico concluidos el 21 de diciembre de 2021, se hicieran por parte de la Junta de Andalucía 12 alegaciones al mismo con un total de 144 páginas sin referencia alguna a ampliaciones de la superficie regable en Doñana y que dos días después, el 23 de diciembre de 2021, se presentara en el Parlamento de Andalucía la primera proposición de ley en este sentido".
Tras señalar varios datos que no aconsejan la aprobación de la Proposición de Ley, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir expresa entre sus conclusiones que la norma "precisa de un plan que le sirva de base, plan que debe ser tramitado con la participación de todas las Administraciones y colectivos que puedan verse afectados por el mismo" y ser sometida a "las figuras de prevención ambiental que le sean exigibles".
Recalca que no es compatible con la Planificación Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, así como con la ley sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm³ desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Por último, la CHG afirma que la puesta en marcha de la norma "provocaría una división en la sociedad, rompiendo con ello el consenso que se consiguió mediante la aprobación del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana".
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