Ecologistas en Acción y Greenpeace exigen que no se autorice el vertido de la mina de Aznalcóllar al estuario del Guadalquivir, ya que existen graves deficiencias en el análisis de sus consecuencias, que podrían conllevar fuertes impactos socioambientales.
En respuesta a las declaraciones de los consejeros de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, sobre las supuestas garantías del vertido tóxico previsto para la reapertura de la Mina de los Frailes en Aznalcóllar, los ecologistas advierten de las consecuencias que puede tener esta decisión.
El Dictamen Ambiental firmado el pasado 27 de octubre de 2023 por técnicos de la delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Sevilla, incluye un informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de admisibilidad del vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas al estuario del Guadalquivir, mediante una tubería de 30 kilómetros, desde el recinto minero hasta un punto de vertido frente al estadio de la Cartuja en Sevilla, en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre.
A pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada durante los más de 18 años que se propone autorizar, descargaría en el Estuario del Guadalquivir cantidades totales muy elevadas de metales y metaloides potencialmente tóxicos como arsénico (2.709,12 kilos), cadmio (677,28 kilos), cobre (5.577,60 kilos), cromo (717,12 kilos) mercurio (23,90 kilos), níquel (5.577,60 kilos), plomo (796,80 kilos), selenio (796,80 kilos) y zinc (26.294,40 kilos), entre otros contaminantes mineros.
En ese tramo del río, hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, se localizan las tomas de riego de las 36.000 hectáreas de arrozales y las zonas de cría de los alevines del caladero del Golfo de Cádiz, con lo que la contaminación por bioacumulación de metales pesados del pescado y mariscos capturados en esa zona podría ser significativa.
La empresa minera Los Frailes no ha presentado estudio alguno sobre la acumulación y sedimentación de esos metales tóxicos en el lecho del Estuario. Además, la zona propuesta de vertido es la parte interior del estuario del Guadalquivir, cuyos sedimentos ya se encuentran contaminados con metales con efectos ecotóxicos, como demuestra una publicación científica reciente.
Además, esta zona interna del Estuario se comporta como "fondo de saco" por lo que los contaminantes tienden a acumularse en sedimentos con fuerte adhesión al fondo, como también demuestran multitud de publicaciones científicas. Este efecto "fondo de saco", unido a la existencia del "tapón salino" aguas abajo y a la influencia mareal, hacen que el tiempo de residencia del agua en el Estuario sea superior a 100 días, lo que asegura un largo periodo de permanencia de los contaminantes en aguas y sedimentos del estuario. Todos estos aspectos de hidrodinámica y fisicoquímica del estuario han sido ignorados en el proyecto de vertido minero. Siguiendo el Principio de Prevención, base rectora de la legislación ambiental, no debe autorizarse este vertido minero, ya que no se han estudiado y valorado adecuadamente sus posibles consecuencias en el Estuario del Guadalquivir y en sus diferentes usos, entre ellos portuario, agrícola y pesquero.
Los Frailes se defiende
La empresa minera asegura que una depuradora “de última generación” y la nueva red de infraestructuras de agua, que elevará a 450 millones la inversión total, “resolverá definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera”.
La compañía asegura que el proyecto será “emblemático en la gestión ambiental y sostenible del agua en el sector de la minería”, que cuenta ya con el dictamen ambiental favorable y que las modificaciones incluidas incrementarán de 350 a 450 millones la inversión para incluir una “estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto.
El director de operaciones de Minera Los Frailes, Miguel Ángel González, asegura que están aportando “la solución real más completa y definitiva a todos los problemas ambientales existentes desde hace 26 años en el complejo minero abandonado”, siendo “respetuosa y compatible” con la calidad del agua del Guadalquivir y cumpliendo “rigurosamente con la normativa europea de calidad ambiental de aguas superficiales”.
“Minera Los Frailes se ajusta a las nuevas exigencias de un riguroso proceso de tramitación ambiental que garantiza la seguridad y la sostenibilidad de sus operaciones”, aseguran, recordando que con la “obsoleta” planta de tratamiento de la Junta, “se hace necesaria la construcción de la nueva planta de última generación que asegure el cumplimiento de los parámetros químicos en niveles de calidad que cumplen satisfactoriamente los exigidos en la normativa actual”.
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