La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha identificado a 250 empresas y profesionales responsables de la extracción ilegal de agua en los acuíferos del espacio natural de Doñana. Ante esta situación, ha instado a la aplicación de medidas de prevención y reparación para exigir la responsabilidad medioambiental correspondiente.
Un informe difundido este viernes señala que las actuaciones dirigidas por el fiscal Manuel Campoy Miñarro y ejecutadas por la Unidad Central Operativa del SEPRONA de la Guardia Civil han revelado que, durante 2022 y 2023, se produjo una extracción masiva, sistemática y persistente de aguas subterráneas sin control administrativo. La investigación concluye que esta actividad se llevó a cabo de manera simultánea e ilegal, afectando el equilibrio del ecosistema.
Los responsables de estas extracciones corresponden a múltiples operadores económicos y profesionales que captaron agua sin concesión administrativa y superaron los caudales permitidos. Esta práctica afectó diversas masas de agua subterránea en los acuíferos de Doñana, incrementando la presión sobre un recurso ya deteriorado.
En total, han sido identificados los titulares de 198 empresas y profesionales en Huelva, en los términos municipales de Almonte (15), Bonares (33), Chucena (16), Escacena del Campo (5), Hinojos (4), Lucena del Puerto (80), Manzanilla (20), Moguer (8), La Palma del Condado (1), Paterna del Campo (4), Rociana del Condado (4), Villalba del Alcor (3), Villarrasa (4) y Gibraleón (1). A ellos hay que sumar 51 de Sevilla en Aznalcóllar (1), Carrión de los Céspedes (1), Dos Hermanas (7), Huévar del Aljarafe (5), Puebla del Río (5), Pilas (20), Villamanrique de la Condesa (10), Aznalcázar (1) y Sanlúcar La Mayor (1), y uno más en Cádiz, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda (1).
Siguiendo la Ley de Responsabilidad Medioambiental, la Fiscalía ha instado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a aplicar los principios de prevención y de responsabilidad del contaminador. La propuesta busca frenar la extracción irregular de agua y obligar a los responsables a restaurar el daño ambiental ocasionado en la zona protegida.
La claridad del informe
En su informe, recuerda que el deterioro de las tres masas de agua que alimentan el acuífero de Almonte-Marismas, persiste actualmente, como lo atestigua un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y continúa ocasionando daños a los ecosistemas terrestres que dependen directamente de dichas masas de agua con una "alteración constante de las zonas protegidas".
Cita también un estudio del técnico especialista Juan José Pérez Santos de la Unidad Técnica Adscrita a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, quien ha certificado que "el descenso del nivel de agua del acuífero es un hecho generalizado y no puede atribuirse a la descarga natural o a la irregularidad de las precipitaciones, ni tampoco a la combinación de ambos factores" sino a la existencia de "extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea en el entorno del espacio natural protegido de Doñana".
Estas extracciones, añade, son la "causa significativa del deterioro medioambiental que dicho espacio viene sufriendo desde hace ya varias décadas”.
