Enebro-Ecologistas en Acción se opone al proyecto beach club, sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, de inversiones Valhalla 2019 SL que se pretende instalar este año en la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera.
El proyecto, que cuenta con los parabienes del Ayuntamiento vejeriego, es promovido por Azotea Grupo, una empresa madrileña que ya tiene El Cuartel del Mar, en Chiclana, y otro proyecto en San Roque.
En cambio, la organización conservacionista anuncia que llevará a los tribunales esta nueva inversión, ya que, según sostienen, "la citada instalación es contraria a la legislación del suelo, al Plan de Ordenación del Territorio (POT) de La Janda y a la Ley de Costas". "Ni es un proyecto de Utilidad Pública e Interés Social ni es una instalación o actividad que no pueda tener otra ubicación que no sea la Zona de Servidumbre de Protección y no presta servicios necesarios o convenientes para el Dominio Público Marítimo y Terrestre (DPMT). Se trata de un negocio particular que la empresa puede instalar en otros suelos que no tengan ningún tipo de protección", argumentan.
Enebro-Ecologistas en Acción se ha dirigido reiteradamente al Ayuntamiento de Vejer solicitando la licencia de obras, la evaluación ambiental… "y, en definitiva, el expediente de este controvertido proyecto que el citado Ayuntamiento esconde celosamente". Al cabo de casi dos años, han denunciado, "seguimos sin tener una parte del expediente administrativo del proyecto de actuación que reiteradamente hemos pedido. Igualmente, hemos requerido la personación en el expediente sin que el Ayuntamiento lo haya aceptado, respondiendo con trucos y estratagemas".
Aunque el Ayuntamiento de Vejer ya ha aprobado el proyecto de actuación y se han iniciado los movimientos de tierra, "el proyecto es ilegal", sostienen. En este sentido, remarcan que "se lleva a cabo en Suelo No Urbanizable de Especial Protección por ser Servidumbre de Protección del DPMT, según se indica en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vejer. Para estos tipos de suelos son usos autorizables los que se declaran de Utilidad Pública e Interés Social".
A raíz de lo anterior, exponen, "para que un proyecto sea de Utilidad Pública e Interés Social no basta con que la promotora cree algún puesto de trabajo más o menos temporal. Según indica el propio PGOU de Vejer, tiene que tratarse de un proyecto que, por su naturaleza, no puede tener otra ubicación, o prestar servicios necesarios o convenientes para el uso de DPMT. El beach club se puede instalar fuera de la Servidumbre de Protección y no presta servicio alguno al DPMT; más bien lo contrario, lo altera".
Igualmente, justifican, "el proyecto no debe inducir a la formación de nuevos asentamientos. Dada la indisciplina urbanística existente en El Palmar, ya se está incumpliendo. Incumple el POT de La Janda porque, como indica la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se trata de un proyecto de ocio de promoción privada cuyo ámbito está incluido en la franja litoral de 200 metros desde la ribera del mar. Por todo ello, en aplicación de la normativa del POT, su implantación no resulta compatible con el planeamiento territorial, ya que no se garantiza el uso público inherente a los espacios libres, y, en concreto, a la Red Comarcal de Espacios Libres establecida por el Plan de Ordenación del Territorio de La Janda, tal como se recoge en el artículo 32.c de la normativa del POT.
Por último, han denunciado desde Ecologistas, "incumple la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, por pretender la instalación en la Servidumbre de Protección del DPMT". "Estas ilegalidades, como hemos advertido al concejal de Urbanismo, José Ortiz (PP), podrían salirle muy caras al Ayuntamiento por culpa de su exclusivo empecinamiento". Por ello, Enebro-Ecologistas en Acción anuncia que presentará recurso contencioso-administrativo ante los tribunales por la ilegal actuación del Ayuntamiento de Vejer al aprobar este proyecto.
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