Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, ha emitido once recomendaciones urgentes a 33 ayuntamientos, incluyendo seis ciudades de Andalucía, por incumplir el plazo legal para implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), según revela su informe anual presentado este martes en el Congreso. La Ley de Cambio Climático obligaba a estos municipios (todos con más de 50.000 habitantes) a activar estas áreas antes del 1 de enero de 2023.
Estas recomendaciones, recoge el informe presentado este martes por Ángel Gabilondo en el Congreso, pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una ZBE, y también a los municipios que ya cuentan con una zona de bajas emisiones en funcionamiento.
La lista de ciudades señaladas abarca 15 comunidades autónomas, con especial concentración en:
Madrid: Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Majadahonda, Tres Cantos y Valdemoro.
Andalucía: Córdoba, El Puerto de Santa María, Málaga, Mijas, Motril y Sanlúcar de Barrameda.
Comunidad Valenciana: Alicante, Castellón, Elche y Orihuela.
Canarias: Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de La Laguna.
El informe alerta de una "interpretación restrictiva" de las normas ambientales por parte de las administraciones, que en muchos casos evitan supervisar proyectos ya evaluados. Gabilondo critica especialmente el enlace de la autovía A7 con la Carretera de la Gombalda (Valencia) y la construcción del Centro Insular del Motor en Tenerife, donde las obras comenzaron "in extremis" antes del vencimiento de los plazos legales, riesgo que podría dejar las declaraciones ambientales "obsoletas".
Las respuestas de los ayuntamientos
El Defensor detectó 964 expedientes ambientales en 2024 (2.8% del total) y destacan la falta de seguimiento porque los órganos ambientales no supervisan el cumplimiento de las evaluaciones de impacto ni activan sanciones; que algunas CCAA han derogado legislaciones autonómicas de impacto ambiental, excluyendo proyectos menores de la evaluación obligatoria.
Entre las respuestas recibidas por los ayuntamientos, el Defensor ha destacado la fijación de un plazo demasiado corto para la creación de la zona de bajas emisiones; el eventual cambio en los equipos de gobierno local tras la celebración de elecciones municipales; la falta de medios técnicos especializados para su realización; las peculiaridades geográficas del territorio municipal; la no superación de los niveles de emisiones contaminantes establecidos por la normativa; o la adopción preferente de otras medidas de movilidad sostenible diferentes. En este punto, Gabilondo pide tener en cuenta también que algunos ayuntamientos "han recibido ayudas económicas" para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Otras actuaciones emprendidas por el Defensor en materia de medioambiente estás relacionadas con el puerto de Almería, con dos recomendaciones sobre la reducción de emisión de partículas PM10 y PM 2,5 y la mejora del funcionamiento de las estaciones de medición; y con el de Málaga, para que se complete su red de control de emisiones.
El informe también cuestiona a 27 ayuntamientos por no abordar la contaminación acústica derivada de locales de ocio, aunque no especifica cuáles. Gabilondo reclama "participación activa" de las administraciones para garantizar que las ZBE y otras medidas ambientales "no queden en papel mojado". Estas recomendaciones llegan cuando la UE endurece las exigencias de calidad del aire y España acumula sanciones millonarias por incumplimientos ambientales.
