Entre las elecciones en Castilla y León, la crisis del Partido Popular y la invasión a Ucrania es como si el resto de temas se hubieran congelado y ya no existieran. Por suerte o por desgracia, el resto de cuestiones siguen su curso como si nada de lo mencionado anteriormente hubiera ocurrido. Una de ellas es la ley sobre la legalización de hectáreas de regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Mientras el texto mantiene sus trámites parlamentarios, la oposición busca fórmulas para evitar su aprobación definitiva.
Esta semana ha sido Adelante Andalucía la formación que ha movido ficha con el objetivo de encontrar soluciones. Una delegación de la plataforma andalucista, con Teresa Rodríguez a la cabeza, ha viajado hasta Bruselas para tener varios encuentros, tanto en el seno de las instituciones de la Unión Europea como con otras organizaciones interesadas. Hace unas semanas, Rodríguez ya se desplazó a Madrid para entrevistarse con un representante de la Unesco.
Una de las personas que se ha reunido con la delegación de Adelante Andalucía ha sido Ion Codescu, miembro de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Codescu ha confirmado algo que ya advirtió en el Congreso de los Diputados la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según este representante europeo, que prospere esta ley podría suponer que España y Andalucía se quedaran sin recibir fondos europeos, "la atribución de fondos es condicional. Hay que cumplir las exigencias de la Unión Europea incluyendo las medioambientales".
Rodríguez, tras las reuniones, ha manifestado que el viaje ha sido "para buscar el apoyo de instituciones del ámbito internacional" ante la poca oposición que ha habido dentro del Parlamento de Andalucía. A los votos afirmativos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox hay que sumar la abstención del PSOE andaluz. Una abstención que no estuvo falta de polémica porque tanto la dirección nacional del partido como organismos afectados por la ley que están dirigidos por miembros del PSOE – como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir – habían apostado firmemente por rechazar esta Proposición de Ley.
La líder de Adelante Andalucía también ha anunciado que ha registrado una petición ante la Comisión. Una de las cuestiones que más ha criticado Teresa Rodríguez ha sido que la iniciativa fuera presentada por los grupos que sostienen al Gobierno y no por el propio Gobierno. Según la gaditana, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha usado al Parlamento "como escudo". También señala Rodríguez que este hecho ejemplifica "la dificultad que tiene el Gobierno para justificar públicamente esta iniciativa" que rompe el equilibrio en el Parque Nacional de Doñana.
Precisamente, Moreno Bonilla se negó en varias ocasiones a hacer valoraciones sobre esta Proposición de Ley porque no partía del Gobierno sino de los grupos parlamentarios – como si el presidente del Partido Popular en Andalucía (él) no tuviera constancia de lo que ocurre en el PP andaluz –. Por ello, la Junta, ante el rechazo internacional, envió una carta a la Comisión en la que se mencionaba un amplio consenso parlamentario. Todo ello gracias a la foto que permitió el PSOE-A a la vez que en su discurso afirmaba estar decididamente en contra.
En esta línea, el Gobierno de Andalucía también ha rechazado en varias ocasiones emitir informes acerca de la ley, asegurando que lo hará llegado el momento. Una de las cosas que se barajó en la oposición es que era una iniciativa que buscaba comprometer el voto de los agricultores que se veían beneficiados por la regularización de las hectáreas por la inminencia que entonces parecían tener las elecciones. Sin embargo, tras los acontecimientos de las últimas semanas, la legislatura se va a alargar algunos meses más, por lo que podría dar tiempo de que la ley fuera una realidad.
Acompañada de Salvemos Doñana, WWF, Ecologistas en Acción y SEOBirdlife, Rodríguez también se ha reunido con la Oficina Europea del Medio Ambiente así como con otras organizaciones ecologistas internacionales. Sergiy Moroz, del European Environmental Bureau de Green Europe ha señalado que "la Comisión debe usar todas las herramientas legales que tiene en su mano. La situación es crítica, se trata de una emergencia".
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