La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha trasladado al Ministerio de Agricultura su “máxima preocupación” ante la expansión sin control de varias especies de fauna silvestre, especialmente conejos y jabalíes, que está provocando graves pérdidas en explotaciones agrarias de todo el país. Esta situación, afirman, se ha visto agravada por una primavera especialmente generosa en alimento tras varios años de sequía.
Durante una reunión bilateral con la Directora General de Mercados y Producciones Agrarias del Ministerio, Elena Busutil, COAG ha expuesto el incremento exponencial de la población de conejos en zonas agrícolas, donde la abundancia de recursos ha favorecido su asentamiento. "Ya no sólo se comen las cosechas: excavan sus madrigueras dentro de las parcelas, provocando el hundimiento del terreno y dificultando el paso de maquinaria agrícola", ha explicado Javier Fatás, responsable de Fauna Salvaje de la organización.
Los daños no se limitan a los cultivos herbáceos. Según COAG, las pérdidas en cereales pueden situarse entre un 20% y un 30%, pero se triplican en cultivos leñosos, donde conejos y roedores dañan directamente los troncos de los árboles. La superficie afectada por estos animales alcanza ya las 800.000 hectáreas, a lo que se suman más de un millón de hectáreas impactadas por otras especies.
Además de los conejos, otras especies como el jabalí, la cabra hispánica —con focos de sarna que evidencian sobrepoblación—, ciervos, corzos, ratas y topillos están generando daños significativos en diversas regiones. Las aves también juegan un papel relevante en estas pérdidas: perdices, tórtolas y palomas atacan los cultivos, en especial durante los días posteriores a la siembra, con mermas que pueden alcanzar hasta el 40% de lo sembrado.
Propuestas de COAG
COAG ha exigido al Gobierno central y a las comunidades autónomas una respuesta urgente y coordinada para gestionar esta crisis. La organización reclama un paquete de medidas que incluye la armonización legal entre territorios y una mejor definición del papel de la caza como herramienta de control poblacional, más allá del enfoque deportivo. También se propone facilitar permisos a agricultores para que puedan intervenir directamente en sus tierras.
Uno de los focos de preocupación señalados por COAG son las infraestructuras sin control adecuado. Autopistas, vías férreas y plantas solares se están convirtiendo en “refugios seguros” para estas especies. Por ello, instan a que las empresas responsables asuman medidas como la instalación de vallados o la limpieza de taludes, amparadas por la Ley 30/2022, que permite la coordinación desde el Ministerio.
Asimismo, COAG ha propuesto utilizar fondos europeos —como los Next Generation o la PAC— para fomentar cultivos menos atractivos para las especies problemáticas, como el triticale o el cártamo, y para impulsar prácticas innovadoras de gestión. También reclaman compensaciones económicas para los agricultores más afectados y ayudas para cubrir los costes derivados de medidas de protección.
En cuanto al control de poblaciones, COAG plantea métodos más rápidos y eficaces, como trampas autorizadas o el uso controlado de biocidas como el fosfuro de aluminio y el CO₂. Además, solicitan formación específica para los agricultores en la aplicación segura de estas técnicas. La organización desaconseja, además, la reintroducción del lince en zonas de emergencia cinegética, al considerar que podría alterar el equilibrio entre depredadores y presas.
Estas medidas buscan una gestión sostenible y equilibrada de la fauna silvestre, compatible con la protección de la biodiversidad y el desarrollo agrari, ha remarcado Javier Fatás, subrayando la urgencia de adoptar un enfoque integral y coordinado para evitar que la situación siga deteriorándose.