Gobierno central y Junta de Andalucía ha coincidido este martes a la hora de aprobar importantes decisiones políticas en materia forestal. Si el Consejo de Ministros ha validado tres documentos para la reforma de la política forestal —la reforma del Programa Forestal Español para el periodo 2022-2032, la revisión de la Estrategia Española Horizonte 2050, así como las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible previstas en la Ley de Montes—, el Consejo de Gobierno de Juanma Moreno, como ya avanzó el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, el pasado domingo en una entrevista en lavozdelsur.es, ha decidido también este martes impulsar una nueva Ley de Montes de Andalucía. Dicha norma vendrá renovar a la actual, "con más de 30 años de vigencia".
A nivel nacional, el marco estratégico forestal constituye el hito 64 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo objetivo es reformar la política forestal a largo plazo para conseguir montes bien gestionados, conservados y más resistentes frente al cambio climático, protegidos de las amenazas del abandono forestal, los incendios, las enfermedades y plagas y para que proporcionen los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar común y favorecer una transición ecológica en la economía.
La Estrategia Forestal Española horizonte 2050 es el documento de referencia para establecer la política forestal española, que recoge las necesidades, retos y orientaciones estratégicas que permitan reforzar la sostenibilidad de los montes, de manera que se visualice y refuerce la contribución de estos, sus producciones forestales y los sectores económicos y sociales vinculados a ellos, para su conservación, protección y uso sostenible.
En cuanto al Plan Forestal Español 2022-2032 con 289 medidas de las que 86 se consideran prioritarias, es el instrumento que desarrolla la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 durante el próximo decenio y será implementado por las comunidades autónomas mediante sus propios planes forestales autonómicos o instrumentos equivalentes de planificación estratégica, conforme a sus competencias en materia forestal.
En concreto, la Estrategia y el Plan se articulan en cinco ejes: la conservación y mejora del patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad; la prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos; la Bioeconomía forestal; desarrollo y diversificación socioeconómica del sector forestal; el desarrollo y mejora del conocimiento y la cultura forestal y, por último, el modelo de gobernanza forestal: marco normativo, administrativo e instrumental de la política forestal española.
Nueva Ley de Montes en Andalucía
En cuanto a la futura Ley de Montes de Andalucía, el Gobierno andaluz, ha explicado en rueda de presa posterior al Consejo de Gobierno el propio Fernández-Pacheco, persigue "fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y los agentes sociales y económicos implicados en materia forestal y hacer compatible la puesta en valor y rentabilidad de los recursos disponibles con su sostenibilidad, dando respuesta a las necesidades del sector y coherencia a la gestión de los montes en relación con las demandas de la sociedad en su conjunto".
La elaboración de la nueva Ley de Montes deberá regirse, según ha abundado, por la simplificación normativa, la multifuncionalidad de los terrenos forestales en el marco de la gestión forestal sostenible, la adaptación de la superficie forestal al cambio climático, la inclusión de estrategias de compensación voluntaria de emisiones, la prevención de los incendios forestales y la inclusión de las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) como palanca de las nuevas ordenaciones de montes.
Con este nuevo texto normativo se pretende también "el fomento de la colaboración público-privada en la gestión de los montes públicos, la potenciación de los incentivos a los propietarios forestales privados y la simplificación en la tramitación de los procedimientos administrativo, la conservación y restauración de la biodiversidad, el fomento de la formación y la capacitación forestal, el fomento del ecoturismo y del turismo de observación de la naturaleza, así como la dinamización de las instalaciones de uso público y otros aprovechamientos compatibles y sostenibles en los montes".
Estos principios, según ha defendido el también portavoz del Gobierno andaluz, son coherentes con las orientaciones y acuerdos aprobados a nivel internacional que tienen incidencia en la superficie forestal, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el planeta. En este sentido, resultan de "especial interés" el ODS13 ('Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos') y el ODS15 ('Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la esertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad').
En esta línea, la nueva legislación forestal de Andalucía debe "reforzar la contribución de los montes a la provisión de servicios de los ecosistemas imprescindibles para el desenvolvimiento de la sociedad, conjugando su conservación con la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su multifuncionalidad".
Por otro lado, debe "consolidar el Catálogo de Montes de Andalucía como el instrumento de custodia y defensa del terreno forestal público andaluz, velando por la protección de todos los montes públicos en general y, en especial, de los terrenos forestales de propiedad de la comunidad autónoma, como patrimonio común de todas las personas que habitan la región".
Revisión de la legislación forestal autonómica
Asimismo, tal y como establece el acuerdo de 14 de enero de 2020 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía horizonte 2030, la adecuación de este Plan deberá "servir de base para la revisión de la legislación forestal autonómica".
Tras haber contado con un amplio proceso de participación social, la adecuación del Plan Forestal de Andalucía está en su última fase de elaboración, por lo que sus orientaciones podrán ser incorporadas en el proceso de la revisión de la normativa forestal, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente.
Desde la Junta han recordado que Andalucía inició su andadura en materia de política forestal con la aprobación, el 7 de febrero de 1989, del Plan Forestal Andaluz y con la promulgación, tres años después, de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, que lleva tres décadas de vigencia, durante los que ha venido y sigue siendo el instrumento legislativo de máximo rango en esta comunidad.
Según el Gobierno andaluz, el propio rodaje de la normativa forestal en Andalucía durante estos 30 años ha puesto de manifiesto "las lógicas distorsiones derivadas de los cambios sociales propios de tres décadas".
El tiempo de aplicación de la ley es precisamente "uno de los principales activos a la hora de plantear su actualización, puesto que es posible identificar las principales disfunciones, carencias y oportunidades futuras".
Además, tras la aprobación en 2003, de la Ley básica estatal de Montes, existen preceptos de la normativa andaluza que, "sin entrar en contradicción abierta con la Ley estatal, se hace necesario aclarar o matizar para adaptarlos al contexto actual, tanto en el ámbito legislativo, como en sus aspectos social y medioambiental", según defiende el Gobierno andaluz.