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El Gobierno quiere crear un almacén privado de gas fósil bajo Doñana con una autorización ambiental de 2010

La Plataforma Salvemos Doñana se opone al proyecto e incide en que la zona está afectada por riesgo sísmico

Doñana, una tras otra. Imagen reciente del Parque Nacional.
Doñana, una tras otra. Imagen reciente del Parque Nacional. MAURI BUHIGAS
15 de abril de 2025 a las 10:12h

La Plataforma Salvemos Doñana ha presentado una serie de alegaciones contra la autorización del proyecto “Sondeo Marismas-3NE”, que contempla la inyección de gas natural bajo el acuífero del espacio natural de Doñana, en el término municipal de Almonte (Huelva). Concluido el periodo de información pública, más de una decena de organizaciones y ciudadanos a título individual han registrado al menos quince alegaciones que cuestionan la idoneidad ambiental y legal del proyecto.

El “Sondeo Marismas-3NE” está vinculado al sistema de almacenamiento subterráneo de gas denominado “Marismas”. Según Salvemos Doñana, este proyecto no garantiza la protección de los valores ecológicos de la zona, considerada una de las más sensibles de Europa. Por ello, las entidades solicitan la denegación de su autorización administrativa.

El Ejecutivo central ha recordado que este proyecto se encuadra dentro del denominado Marismas Occidental, una iniciativa autorizada en 2010 tras superar una declaración de impacto ambiental. Esa aprobación sigue vigente, según el Gobierno, al considerar válidos los estudios presentados entonces. Sin embargo, las organizaciones ecologistas advierten de que esos informes han quedado obsoletos, dada la evolución del conocimiento científico y el contexto actual de crisis climática.

Las entidades firmantes de las alegaciones argumentan que la información hidrogeológica y sísmica disponible en la actualidad es mucho más amplia que la de hace quince años. Aseguran que estos nuevos datos deben ser considerados en la evaluación del impacto ambiental, especialmente al tratarse de un entorno declarado en riesgo y que está siendo objeto de proyectos de recuperación ambiental.

Además, las organizaciones sostienen que el sondeo contraviene los compromisos del Gobierno en materia de transición energética. A su juicio, la actuación propuesta es incompatible con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. También cuestionan su necesidad desde el punto de vista de la seguridad energética.

Uno de los principales argumentos en contra del proyecto es el riesgo potencial para las masas de agua subterránea de La Rocina y Almonte. Estas zonas hídricas, situadas junto al lugar previsto para el sondeo, ya han sido declaradas en mal estado cuantitativo, y en el caso de La Rocina, también cualitativo. Las entidades advierten de que la intervención podría provocar daños irreversibles tanto ecológicos como económicos.

La dependencia agrícola

En este sentido, subrayan que más de 3.300 titulares agrícolas dependen de estas masas de agua, a través de las dos Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea (CUMAS) que operan en la zona. La posible contaminación o alteración del acuífero, alertan, podría tener consecuencias graves para la actividad agraria local y para el equilibrio hídrico del espacio protegido.

La Plataforma considera que ha cumplido con su responsabilidad al presentar alegaciones técnico-científicas durante el plazo habilitado, con el objetivo de evitar una nueva amenaza al entorno de Doñana. Ahora, espera que los grupos parlamentarios ejerzan su labor de control y promuevan iniciativas que insten al Gobierno a abandonar definitivamente el proyecto.

Salvemos Doñana también ha reclamado que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana sea informado con rigor antes de cualquier resolución. Consideran imprescindible que este órgano colegiado cuente con el asesoramiento de entidades científicas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Geológico y Minero de España o distintas universidades.

Mientras se resuelve la autorización del sondeo, las entidades han reiterado su oposición a que el subsuelo de Doñana se utilice para el almacenamiento de combustibles fósiles. Defienden que esta infraestructura, de carácter privado, es contraria tanto al interés general como a la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del país.

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Emilio Cabrera.

Emilio Cabrera

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