El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería va a acoger este viernes la vista oral contra los 28 activistas de Greenpeace acusados de provocar presuntos daños al hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), durante una acción reivindicativa que llevaron a cabo en mayo de 2014.
En la vista oral, los acusados se enfrentan a penas de un año de prisión y de multa de 24 meses a razón de seis euros al día por un presunto delito de daños, esto es, 30.240 euros en total. Los 28 activistas se sentarán en el banquillo tras prosperar la acusación particular ejercida por la promotora Azata del Sol.
El juez instructor de la causa dictó auto de apertura de juicio oral en febrero de 2021 e imputó a los acusados la presunta comisión de delitos de daños por el que interesa multas de 24 meses a razón de seis euros al día. Además, les atribuye un supuesto delito de desobediencia, por el que la promotora del hotel solicita 12 meses de cárcel para cada uno. Al margen, pide una la responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, de 186.703 euros.
El auto sostiene que los activistas accedieron presuntamente al hotel, que pintaron la fachada de negro con la leyenda Hotel ilegal, que "fracturaron las puertas" y que, al ser requeridos por agentes de la Guardia Civil para que cesaran y depusieran sus actitud, habrían desobedecido tales órdenes. La causa penal fue archivada por el juzgado instructor, si bien en segunda instancia, la Audiencia Provincial ordenó su reapertura en 2017 tras la impugnación de Azata del Sol.
El papel de la Junta de Andalucía
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado esta semana que la Junta ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la ejecución de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio la licencia municipal de obras concedida en 2003 para construir el hotel de Azata en el paraje del Algarrobico.
Fernández-Pacheco ha precisado que la consejería "también se ha personado""en el incidente de ejecución para que se revise la licencia urbanística del Algarrobico, "lo que es un requisito ineludible para el restablecimiento de los terrenos a su estado original. Estamos actuando para eliminar la licencia urbanística en vigor y que todavía hoy otorga cobertura legal a esa obra que es, a todas luces, ilegal".
A vueltas con el PGOU
El TSJA ha dado un plazo de diez días al Ayuntamiento de Carboneras para que aporte "certificación" de que el PGOU en vigor "cumple debidamente" la sentencia que le obliga a calificar el paraje de El Algarrobico donde se levanta el hotel de Azata como "suelo no urbanizable" y "de especial protección".
La sala requiere al consistorio carbonero el contenido del instrumento de planeamiento "vigente" en "aquello que sea expresivo del debido cumplimiento" de la resolución judicial, que es firme desde 2018, pero desestima el recurso de reposición contra su decisión de no multar al alcalde del municipio que presentó Greenpeace, y al que se adhirieron Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, ya que consideran que no se ha ejecutado la sentencia.
Ha señalado que, junto al recurso presentado contra el acuerdo de pleno de abril de 2023 por el que el ayuntamiento carbonero calificaba el suelo como no urbanizable de especial protección, son "medidas que tienen como objetivo que el Algarrobico deje de ser una realidad y se convierta pronto en un recuerdo".