No haber recibido aún indemnización por el desastre medioambiental de la mina de Aznalcóllar no impedirá que la Junta de Andalucía autorice la reapertura tras el proceso de permisos necesarios. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha asegurado este martes que "es cuestión de pocos meses que seamos capaces de finalizar el proceso de permisos" necesarios para reabrir la mina sevillana.
Cerrada desde 1998 tras la rotura de la balsa que amenazó al Parque Nacional de Doñana, pendiente de juicio contra la multinacional Boliden, el Gobierno andaluz se ha mostrado seguro de que la vuelta a la actividad de este yacimiento es "viable". "Pensamos que sí", ha apostillado el consejero. Como se publicó hace unos meses, el juez fija la vista oral del proceso de la Junta contra Boliden para 2023. La administración autonómica reclama 89 millones por la contaminación de 4.643 hectáreas a raíz del vertido fruto de la rotura de la balsa de residuos minero en el municipio sevillano.
Sin embargo, la Junta no esperará esta resolución judicial para que la mina vuelva a funcionar, en contra de la posición de organizaciones ecologistas. En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Paradela ha anunciado que el trámite "próximo" en el que está trabajando la Junta de Andalucía es el de la autorización ambiental unificada, un trámite "complejo" ya que tiene que recoger cuestiones como la "admisibilidad de vertidos" con parámetros técnicos más exigentes que hace décadas precisamente para preservar el medio ambiente.
El titular andaluz de Política Industrial y Energía ha confirmado que "hace un par de semanas" su equipo se reunió con el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), para abordar la reapertura de la mina que "lógicamente, se espera como agua de mayo en la comarca". Según las estimaciones del primer edil, esta vuelta a la actividad podría suponer la creación de más de 2.000 puestos de empleo "estables y de calidad".
El alcalde de Aznalcóllar ha advertido de que el municipio está "condenado" por los diferentes conflictos que rodean al yacimiento minero de Los Frailes, protagonista de la gran catástrofe medioambiental de 1998 al romperse su balsa de residuos de metales pesados; y el impacto mediático de los litigios derivados del devenir de la corta minera, reclamando así la reapertura efectiva del complejo y la reactivación de las extracciones de mineral como fuente de actividad económica y empleo para la localidad y su comarca.
En 2018, las cinco principales organizaciones ecologistas de España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, urgieron a la Junta de Andalucía a que revocara el permiso de reapertura de la mina de Aznalcóllar para que no se repita la catástrofe sufrida hace 25 años. Además, recordaron entonces que la mina requerirá una "tremenda demanda de agua", cuyo origen se ignora, y los restos del mineral extraído se verterían en la cercana Corta de Aznalcóllar, que ya almacena los lodos retirados del Guadiamar tras el desastre ecológico de 1998, lo que aumentaría la amenaza ecológica sobre el río Guadiamar, principal afluente de Doñana.