El presidente de la Junta de Andalucía, se ha puesto de perfil ante el problema de los residuos tóxicos procedentes de Montenegro y las peticiones de cierre del vertedero de Nerva. Moreno Bonilla, que por un lado sostiene que su gobierno es el "primero y único que ha solicitado el cierre progresivo" del centro de residuos, sostiene que debe hacerse "de manera progresiva" y "buscando una alternativa".
"El propio municipio de Nerva lo sigue necesitando", ha aclarado en declaraciones de este jueves en el Puerto de Huelva, donde ha acudido a las obras de modernización y mejora de la sostenibilidad ambiental de los muelles de graneles sólidos. "El gobierno de la aJunta ha instado al cierre al vaso 1 de los seis existentes. Se irá cerrando", señala el jefe del Ejecutivo, que, al mismo tiempo, dice haber solicitado al Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Democrático que sea "mucho más exigente en los requisitos que se solicitan para el uso de este vertedero".
Moreno Bonilla también se ha pronunciado sobre la autorización del traslado de las 12.000 toneladas de residuos tóxicos de Montenegro, en el que continúa el cruce de acusaciones entre Junta de Andalucía y Gobierno central. El presidente de la Junta señala que la autorización es del Ministerio, a quien llama a hacer "algo en esta materia". "La competencia es exclusiva del Gobierno central, es quien lo ha autorizado y esto se lleva haciendo desde hace 14 años.
El Gobierno asegura que la competencia es de la Junta
Por otro lado, la delegación el Gobierno de España en Andalucía ha indicado que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, es la que "ha dado su autorización a la llegada de los residuos" ya que es "un trámite necesario, tal y como contempla la ley". Pedro Fernández responde a las declaraciones de Moreno Bonilla donde ha señalado que la competencia sobre esta materia es "exclusiva" del Gobierno central "que es quien ha lo ha autorizado".
Desde la Delegación han indicado que "al ser un material transfronterizo" el Gobierno es "el que actúa, previa autorización e informe favorable de la Junta de Andalucía, que es la administración que informa favorablemente a la llegada de los mismos a instalaciones situadas en Andalucía". No obstante, señalan "la competencia para la inspección y vigilancia de las instalaciones de tratamiento de residuos recae en las comunidades autónomas", por lo que "deberá ser la Junta la autoridad competente para vigilar que esas plantas operan y tratan los residuos adecuadamente conforme a su autorización".
En ese ámbito, se remiten artículo 12.4 de la Ley 22/2011 donde se detallan las competencias de la comunidades autónomas, que tienen la elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de los planes autonómicos de gestión de residuos, a autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos así como el registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en su ámbito competencia.
Además, han señalado que también corresponde a las autonomías "el otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, así como las de los traslados en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados.
"La misma ley artículo 27.1 detalla que estas instalaciones quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha instalación", concluye Fernández.
El Ejecutivo de Moreno lo niega: "Están manipulando a la opinión pública"
Por su parte, María López Sanchís, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático lo niega y ha pedido al delegado del Gobierno que "deje de manipular a la opinión pública, se estudie la ley y reconozca las competencias del Ministerio". "Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para autorizar el traslado de residuos procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea", explica la responsable de la Junta de Andalucía, que se apoya en la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados (Ley 22/2011).
"En el artículo 12.3 se recoge que el Ministerio es competente para autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, así como ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración que pueda prestarse por la comunidad autónoma donde esté situado el centro de la actividad correspondiente", insiste Sanchís, que cree que la propia "resolución de autorización de notificación de movimientos transfronterizos y traslados de residuos" que emite el Ministerio se basa en este punto de la normativa para autorizar el traslado de residuos de Valgo Montenegro hasta el vertedero de Nerva.
"La Junta es competente para autorizar el traslado de residuos desde y hacia países de la Unión Europea, como indica el punto 4 del artículo 12 de la ley estatal de residuos, pero para el traslado de residuos de terceros países es el Ministerio. Este puede prohibir de forma motivada toda importación de residuos procedentes de terceros países cuando exista alguna razón para prever que los residuos no van a ser gestionados sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio ambiente, durante el transporte o su posterior tratamiento", concluye la directora general.
El PSOE pide paralizar la entrada de residuos en Nerva
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha pedido al presidente de la Junta, "hechos y no palabras para que se lleve a cabo el cierre del vertedero". Según Limón, el Partido Socialista van "a luchar para que esta planta de residuos se cierre". "Tenemos muy claro que Nerva no puede ni debe seguir siendo el vertedero de Europa", explican.
En esa línea, Limón anuncia que el PSOE ha registrado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa para el cierre del vertedero de Nerva, un cierre que debe ser "responsable". Además, el equipo de gobierno del Ayuntamiento nervense llevará a Pleno municipal una declaración de no interés público del vertedero para iniciar el expediente para su cierre. Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha reclamado al presidente de la Junta que "no genere confusión y actúe, porque si de verdad cree y apuesta por un cierre responsable de la planta lo que tiene que hacer es paralizar de inmediato la entrada de residuos en el vertedero de Nerva".
Asimismo, le ha pedido "congruencia y que deje de echarle la culpa al Gobierno central, porque si la Junta no hubiera informado favorablemente no nos encontraríamos ahora en esta situación". "Si Moreno aboga y tiene a ciencia cierta intención de trabajar por un cierre responsable del vertedero lo primero que tendría que haber hecho es haberse puesto en contacto con este alcalde para hablar de este asunto y negociar, para salvaguardar los puestos de trabajo y compensar justamente al pueblo de Nerva, porque aún no lo ha hecho y no sabemos a qué está esperando", concluye.
La empresa que gestiona el vertedero dice que es "esencial" para la industria de Andalucía
DSM, que gestiona el centro de residuos, ha manifestado que "cumple rigurosamente la ley" y presta "un servicio esencial a la industria andaluza". "Se trata de un movimiento totalmente autorizado por las administraciones pertinentes. Este proyecto procede de una licitación pública promovida por la Agencia Medioambiental de Montenegro en colaboración con el Banco Mundial para la limpieza y descontaminación del Astillero de Bijela bajo las normas de licitación internacionales", explican en un comunicado de prensa sobre la polémica del vertedero de Nerva.
Montenegro, ha recordado DMS, "es un país acogido al convenio de Basilea", un acuerdo multilateral sobre medio ambiente "por medio del cual 170 países dentro del sistema de Naciones Unidas convinieron proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos". "La normativa nacional e internacional vela por la correcta gestión y movimiento de los residuos, en especial se rige por el Reglamento CE 1013/2006", remarcan desde la empresa, que sostiene que para el traslado es necesario "la realización de completos estudios analíticos sobre el residuo y sobre el tratamiento que se debe realizar a los mismos".
Por otro lado, aseguran que lLos residuos proceden de un astillero y que "no son especialmente peligrosos ni distintos a los que se pueden producir en actividades similares en España". Además, aprovecha para defenderse de las críticas porque es una empresa "clave" en el tejido industrial de Andalucía, que "no podría prescindir de una instalación como la de Nerva".
"Más de la mitad de los residuos que se gestionan en el complejo medioambiental de Nerva proceden de empresas andaluzas, que no podrían desarrollar su actividad sin la existencia de instalaciones de este tipo", concluyen desde la compañía, que dice que genera en Nerva más de 40 empleos directos y 150 indirectos, dando servicio a más de 800 clientes y contratando a más de 200 proveedores.
Nuevas movilizaciones ecologistas
Por su parte, la Comisión por el Cierre del Vertedero de Nerva y diferentes asociaciones ecologistas asociadas a ella han llamado a participar en una marcha protesta hacia el vertedero de Nerva, que partirá desde el Centro de Transportes a las 17:30 horas de este viernes 4 de febrero.
La comisión ya organizó una concentración de protesta este lunes ante la llegada del primero de los barcos, con más de 5.000 toneladas de residuos tóxicos de Montenegro que atracaron en el Puerto de Sevilla.
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