El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se enfrenta a su peor crisis institucional y reputacional desde que en 2019, en la anterior legislatura, tomara posesión del cargo. El affaire Doñana, amplificado a escala nacional por la cercanía del comienzo del ciclo electoral —municipales, autonómicas en y generales— y con impacto en las altas instancias de la Unión Europea por ser un asunto que escapa a la mera confrontación partidista, se ha convertido en una especie de callejón sin salida donde el también presidente del PP andaluz parece estar quemándose como nunca hasta ahora ante la opinión pública.
Moreno, en una entrevista en Antena 3 este miércoles, ha abogado por "reuniones discretas" —sacar la polémica del foco mediático no parece que vaya a ocurrir— para buscar "alternativas imaginativas" en Doñana, como la permuta de terrenos fuera del conocido como el preparque a los regantes que demandan ser legalizados para que puedan seguir con su actividad. Una propuesta que ha permitido del ex vicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra.
"Lo que le preguntamos al Gobierno es cuál es su alternativa pero desgraciadamente solo tenemos la callada por respuesta", ha lamentado el presidente de la Junta, quien ha añadido que el Gobierno de España, al que llevan desde noviembre pasando reclamándole reuniones bilaterales sobre este asunto, "aparte de falsear la verdad, quiere que nos crucemos de brazos, pero el problema va a seguir".
El Gobierno ya ha dejado claro que no negociara nada mientras sigue su curso la tramitación de la controvertida ley de legalización de regadíos, que impulsan PP y Vox desde el Parlamento andaluz. Precisamente Vox, por boca de su portavoz andaluza, Manuel Gavira, ha apoyado nuevamente la proposición del Gobierno andaluz.
"Es buena para los agricultores del condado de Huelva, no toca el acuífero, se está hablando de aguas superficiales; lo vamos a decir todas las veces que sea necesario y si el Gobierno no nos recibe pues habrá que acampar en la puerta del Ministerio hasta que baje un funcionario y nos atienda", ha mantenido en una concentración en Cádiz pidiendo protección para el Parque Natural de Los Alcornocales contra la lagarta peluda.
En paralelo, se suceden los ataques del PSOE, desde el Gobierno y la oposición en Andalucía. La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha pedido a la Junta de Andalucía que "revierta la situación" con los regadíos de Doñana, "no puede repartir lo que no tiene", mientras que el líder de la oposición, Juan Espadas, ha instado a Moreno a que "reconozca el gran error" con la propuesta de legalización de regadíos de Doñana. "Lo sensato es que la retire", ha defendido.
Como ha advertido WWF, la ONG conservacionista que puso en manos del Tribunal Justicia de la UE —y a la que le dio la razón— la sobreexplotación del acuífero y el deterioro de este espacio Patrimonio de la Humanidad, ha dicho que, en realidad, los planes sobre la Corona Norte de Doñana podría "llegar a legalizar una superficie de hasta 1.903,7 hectáreas", es decir, "mucho más del doble de las hectáreas de las que hablan sus promotores".
Además, ha afirmado que "el 70% de las hectáreas de secano no se habían regado nunca antes del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Pota)". La propia Comisión Europea, tras el encuentro del pasado lunes con la Junta, ya ha dejado que estos planes recogidos en la proposición son inviables, y no haría más que agravar el deterioro del parque.
Ni hay recursos ni se pueden garantizar
Sin recursos y sin posibilidad de garantizarlos, WWF asegura en sus cálculos que la superficie a amnistiar proviene de dos tipos de suelos: los agrícolas de secano y los forestales. En ambos casos, "transformados ilegalmente" entre 2004 y 2014. Según ha detallado el coordinador para Doñana de WWF España, Juanjo Carmona, la norma habla de "dos actuaciones, por un lado, el suelo de secano que pasa a ser agrícola de regadíos y, por otro, suelos forestales que pasa a ser de regadíos", todos ellos "de manera ilegal".
Al respecto, según ha abundado Carmona, 1.432,4 hectáreas calificadas de secano, pero que "regaron en algún momento entre 2004 y 2014", pasarían a ser convertidas en suelos agrícolas regables.
Por otro lado, ha detallado que con la proposición de Ley viene aparejada "la modificación de la Ley Forestal de Andalucía", que "afectaría no solo a Doñana, sino a toda la comunidad", por lo cual "hasta 471,3 hectáreas ilegales en zona forestal, es decir, en zonas donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para plantar cultivos ilegales de fresas y frutos rojos", además de que ha señalado que la Proposición de Ley "califica estas hectáreas primero como suelos agrícolas y, como se comenzaron a regar entre 2004 y 2014, las convierte, en un segundo paso, en suelos agrícolas de regadío".
"Con esta ley se aumentará la superficie de regadío en un 20% y, por tanto, la presión sobre la exhausta Doñana como le ha recriminado la Comisión Europea, ya que no hay recursos para esta superficie y no van a existir en un futuro", ha reprochado Carmona, quien entiende que la "ley anti Doñana es una burla para los agricultores honrados y un premio para los ilegales que vulneran las leyes deliberadamente y a los que se les reconoce un derecho inexistente que no han probado ante tribunal alguno, y supondrá un enorme negocio especulativo ya que se multiplicará el valor de sus tierras de secano".
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