El negacionismo no es tan raro: casi un tercio de la población española no cree en el cambio climático

Pese a las evidencias, en forma de sequía, olas de calor, subida del nivel del mar o deshielos, aún existen muchas personas que no creen que exista el fenómeno del cambio climático.

Así lo señala también un reciente informe, que se centra en analizar la percepción que la población tiene sobre las políticas de transición ecológica, y cuyos resultados se han hecho públicos este jueves.  De este estudio se desprende que existen profundas brechas entre la población española en lo relativo al medio ambiente y a la emergencia climática; brechas que tienen que ver con cuestiones políticas e identitarias, según explica una de las consultoras que ha elaborado el estudio, beBartlet.

Uno de los datos más alarmantes es que, según este análisis, casi un tercio de la sociedad española es negacionista del cambio climático. Paradójicamente, este dato se contrapone a otros como que dos tercios de la población están a favor de implantar un impuesto extraordinario a los ingresos de las compañías energéticas, y que un 84 por ciento está a favor del empleo de biocombustibles, además de vehículos eléctricos.

Destaca asimismo que, en su mayoría (un 58 por ciento), la sociedad española está a favor de que las nucleares continúen siendo una fuente importante de energía.

Entre los resultados que se apuntan en el informe, se remarca que un tercio se opone a las energías renovables. Además, un 57 por ciento de la población cree que los vehículos eléctricos no son una buena opción para luchar contra el cambio climático, y tres de cada cuatro personas consideran que la agricultura debería disponer de agua frente a otros usos "menos prioritarios", según el estudio.

Por partidos políticos, los votantes de Vox son el perfil del negacionista climático, según apunta el informe, y los autores destacan, como dato curioso, que los votantes de Sumar son más negacionistas que los del PSOE.

En lo que sí coinciden la amplia mayoría (siete de cada diez personas) es en que el Gobierno no está actuando lo suficiente para garantizar "una transición justa".