Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, ha declarado este jueves ante el juez que inició la regularización de los pozos investigados en una finca familiar tras la denuncia presentada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que dio origen a la causa judicial. Martínez de Irujo ha comparecido en calidad de investigado y como representante legal de la sociedad Eurotécnica Agraria ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) por presuntas extracciones de agua no autorizadas en la finca Aljobar, situada en el municipio de Aznalcázar, dentro del entorno de Doñana.
Fuentes del caso han informado de que durante su declaración ha manifestado que asumió la gestión de la finca en 2016 como parte de la herencia de su abuela, aunque no intervenía en su operación diaria. Al asumir la administración, ha explicado que la finca contaba con una balsa de riego que se abastecía de diversos pozos, cuyo uso entendía que era legal.
Según su versión, la denuncia presentada en 2023 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir impulsó el proceso de regularización de los pozos, a pesar de que dicho organismo ya había inspeccionado la finca anteriormente sin señalar irregularidades, según Martínez de Irujo.
Al término de su comparecencia, en la que evitó responder a las preguntas de la acusación particular ejercida por Ecologistas en Acción, consultó al juez sobre la posibilidad de abandonar el juzgado por una entrada alternativa, pero se le indicó que debía salir por la puerta principal.
Aunque abandonó el edificio por el acceso principal, lo hizo acompañado por sus abogados y subió rápidamente a un vehículo que lo esperaba, evitando así a los medios de comunicación presentes en el lugar.
Nueve pozos intervenidos
La comparecencia se ha producido pocos días después de que el juzgado ampliara las medidas cautelares y ordenara el precintado de un noveno pozo en la finca investigada, sumándose a los ocho previamente clausurados tras un informe del Seprona de la Guardia Civil.
Dicho informe señaló que había retirado los elementos de extracción de agua de ocho pozos y los había precintado, aunque advertía de la existencia de un noveno pozo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En un informe pericial, según recogía el mismo auto en el que se citó a Martínez de Irujo, se concretaban e individualizaban posibles "daños sustanciales" al medioambiente en extracciones "ilegales" de agua a un acuífero y su entorno natural asociado.
El informe técnico de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil estimó los metros cúbicos que habrían sido extraídos por medio de pozos no autorizados teniendo en cuenta un periodo de tiempo desde 2014 a 2024, la cantidad de metros cúbicos necesarios para el cultivo de la superficie y el volumen sí autorizado por la Confederación para el riego.
"Se está ante un acuífero (...) conectado hidráulicamente con el acuífero Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de la reserva ecológica tan importante que constituye ese Parque Natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible", indicaba el auto
