El pasado viernes, el gigante petroquímico Cepsa dio a conocer que paralizaba la inversión de 3.000 millones para la puesta en marcha del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Lo hizo como medida de presión al Gobierno de España para que no convierta en permanente el impuesto a las empresas energéticas y la banca que se puso en marcha en 2022, del 1,2% de los beneficios para aquellas compañías con una facturación superior a los 1.000 millones. Lo hizo en un contexto concreto, la salida de la crisis económica derivada de la pandemia, y en pleno alza de los precios de la energía por la guerra de Ucrania. Teóricamente, el impuesto caduca este 2024, pero el Gobierno negocia en el Congreso para que se mantenga sine die.
Las empresas de la energía afectadas no llegan a la decena: Cepsa, Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y DISA. Y han advertido que se van a repensar las inversiones en España, especialmente en renovables, que es lo que se lleva buena parte del I+D del sector. Dentro desas inversiones está el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.
En concreto, consiste en la instalación de dos centros en Palos de la Frontera y en San Roque. En estas plantas, se instalan generadores de energía renovable para que se ponga en marcha el proceso de electrólisis, la separación por medio de electricidad de elementos. Estas plantas junto al mar llevarán a cabo la separación de las moléculas de agua: H2O, dos de hidrógeno por cada una de oxígeno. El resultado es el empleo del hidrógeno como energía. A diferencia del hidrógeno gris o el hidrógeno rosa, no hacen falta para la separación de las moléculas ni emitir gases contaminantes ni emplear energía nuclear. Es la revolución energética del siglo XXI, el hidrógeno verde.
Para llevar a cabo este proceso, hacen falta ubicaciones con buenas perspectivas de energía solar o viento. Y Andalucía cumple con ambas. Energía de molinos o de placas que ponen en marcha el proceso para obtener la energía que interesa, el hidrógeno. Pero también cumplen otros países del norte de África. El objetivo de Europa y de las empresas energéticas es que en las próximas décadas existan corredores de hidrógeno verde que conecten el norte de África. España, entonces, sería lugar de paso, pero también de producción. Hay acuerdos con Francia para que estas tuberías de hidrógeno estén en marcha, e incluso es posible reconvertir las existentes de gas natural.
En un acto en 2022 con Pedro Sánchez y Juanma Moreno presentes, Cepsa anunció una inversión de 3.000 millones. El impacto en empleos, dice la empresa, es de 10.000 puestos de trabajo. "Esta inversión va a ayudar a que España logre su objetivo de convertirse en un país exportador de energía, a través del primer corredor europeo de hidrógeno verde entre el Campo de Gibraltar y el puerto holandés de Rotterdam", dijo Pedro Sánchez entonces. "Andalucía tiene todas las condiciones para ser una de las regiones más competitivas del mundo en producción de hidrógeno". Moreno, por su parte, hablaba de "la gran fuente energética del futuro". "Será posible alcanzar la descarbonización en la industria, en la movilidad y en los hogares. Y Andalucía tiene liderazgo, posición y fortaleza para ser vanguardia en la generación y exportación de hidrógeno verde".
Ahora, si la amenaza de Cepsa se cumpliera, las inversiones irían a África, Brasil o Estados Unidos. Una industria que está ahora mismo en crecimiento, y que aún no ha logrado los niveles de eficiencia que permitirán la tecnología dentro de unos años. Pero España es favorita en este ámbito porque es una economía dentro de la UE, y porque lleva años liderando la inversión en renovables.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llamó este viernes a la tranquilidad en el sector y le pidió que no "sobreactúe e hiperventile" con esas amenazas. "Es un camino inevitable" el hecho de que se paguen también impuestos por los beneficios en sectores concretos, porque de ellos surgen políticas que fomenten la descarbonización. Impuestos verdes pero que, según la industria, puede poner en peligro la puesta en marcha de inversiones como las del Valle andaluz. Por eso, existe la posibilidad de que las grandes compañías encuentren incentivo de otra forma, reduciendo por ejemplo la factura del impuesto si se justifican inversiones en renovables.
Este lunes, el presidente Juanma Moreno pedía al Gobierno que recapacite. "Las obras están previstas para marzo del año que viene. Son 10.000 puestos de trabajo, una inversión de 3.000 millones, no es ninguna broma. Hemos trabajado en todos los pasos. Pero es un riesgo que la presión fiscal añadida que no tienen países vecinos, especialmente Portugal, que es nuestro gran competidor, ponga en riesgo esa inversión. En zonas de Andalucía que necesitan desarrollo. Si lo hace, dinamita la inversión en el ámbito energético".
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