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Ecologistas en Acción ha asegurado que ha logrado una pequeña victoria administrativa contra el proceso de reapertura de la mina de Aznalcóllar, el proyecto que pretende poner en marcha la minería en el lugar del desastre ecológico que afectó a Doñana hace más de dos décadas.
Este proyecto implica una enorme tubería para verter al Guadalquivir a la altura del Estadio Olímpico de Sevilla los restos que aún se acumulan en Aznalcóllar de aquella crisis ecológica. Eso se haría en una primera fase preoperacional. Una vez eliminados esos restos, comenzarían a verterse los que generase la reactivación propiamente dicha de la explotación minera. Ecologistas y científicos alertan de que, a pesar del filtrado de esos restos mineros, el agua del río contendrá arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre o zinc, entre otros, afectando al ecosistema, pues con el paso del tiempo su acumulación supone un riesgo para el ser humano. Alegan que ni las administraciones no la propietaria de la mina (Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México junto a los hermanos cordobeses López Magdaleno) han apreciado realmente un posible daño medioambiental.
Tras la Autorización Ambiental Unificada de julio de 2024 otorgada por la Junta el pasado mes de julio, Ecologistas en Acción presentó un recurso de alzada ante la propia Administración autonómica. Ese documento de la Junta venía firmado por las Consejerías de Medio Ambiente, por un lado, y de Industria, por otro. El recurso de alzada se presentó el 12 de agosto. El pasado viernes se cumplieron un mes y un día, por lo que, desde ese momento, según los Ecologistas, al no haber respuesta, se pone en marcha el llamado 'silencio positivo' de la administración.
Es decir, legalmente, como la Junta no ha resuelto el recurso, automáticamente tienen efecto las pretensiones de la parte recurrente. Y esto es, tumbar la Autorización Ambiental Unificada. Pero solo de forma provisional. En tanto la Junta conteste durante los próximos días, la AAU deviene legal de nuevo. Eso sí, con esto, se cumple con el requisito legal de concluir la vía administrativa, abriéndose ahora nuevos escenarios legales, en busca de la pretensión final de este y otros colectivos que llevan años alegando contra la vuelta de la minería a la localidad de Aznalcóllar.
Los motivos para tratar de impugnarlo son variados, pero principalmente implican seguir lo que viene a llamarxse el 'principio de precaución': si no hay completa seguridad de que el Guadalquivir no se verá afectado negativamente por la acumulación de los desechos de la minería, debería pararse la actividad, alegan.
En solo año y medio, en el proceso de fase preoperativa para liquidar los restos que llevan más de 20 años esperando en Aznalcóllar para ser retirados, el vertido será de 17.520 millones de litros. Luego vendrá el que genere la minería durante los siguientes 17 años.
El proceso se encuentra, más allá de este recurso de alzada y sus efectos en el corto plazo, en marcha para recuperar la actividad en la zona. Las alegaciones fueron sistemáticamente denegadas, como pudo conocer en exclusiva lavozdelsur.es, que tuvo acceso a los argumentos de la administración en defensa de la minería. Hasta una misa está pendiente de celebrarse, oficiada por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El alcalde de la localidad sevillana, de IU, está presionando también desde su Ayuntamiento para que vuelva la actividad minera. En principio, ni siquiera paralizará en el futuro la reactivación el hecho de que exista un contencioso en los juzgados con otra multinacional sobre los derechos de explotación. Un juicio en el próximo marzo en el ámbito penal donde Emerita-Forbes tratará de revocar la concesión tras no ganar la puja para la explotación.