Los colectivos Ecologistas en Acción y Greenpeace han denunciado este martes la situación que se vive en la previa a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un proyecto por el cual el gigante de la minería Grupo México va a volver a extraer con el compromiso de limpiar los restos del desastre ecológico sufrido hace un cuarto de siglo. Lo hará con un tratamiento y posterior vertido al Guadalquivir a la altura de la capital sevillana, pero con muchas dudas por parte de científicos y de los propios ecologistas.
El lunes arrancaba el juicio por los derechos mineros otorgados a Grupo México, Magtel y Minorbis (los tres unidos bajo Minera Los Frailes), tras la denuncia de Emerita Mining, que perdió el concurso público de la Junta, otorgado en tiempos del PSOE y mantenido por el actual ejecutivo del PP. La denuncia habla de prevaricación y negociaciones ilegales.
Ambos colectivos han ofrecido una rueda de prensa con Isidoro Albarreal, de Ecologistas, y Luis Berraquero, de Greenpeace. Uno de los avisos lanzados es que los diez funcionarios de la Junta que participaron en la mesa de contratación han pasado a ser defendidos por el mismo bufete que defiende a Grupo México.
"Grupo México se parece mucho a Boliden"
"Los funcionarios deben determinar claramente cómo fueron los hechos y si recibieron o no instrucciones de qué tenían que hacer para otorgar esos derechos mineros al consorcio de Minorbis-Grupo México", señalaba Albarreal. "Grupo México no se presentó al concurso pero tiene ahora mismo el 97% de los derechos mineros. Hizo el aval técnico y económico a Minorbis, que nunca había tenido un proyecto minero, y se le ha adjudicado nada más y nada menos que reabrir Aznalcóllar".
Para Ecologistas, la clave está en que Grupo México "reventó seis meses antes del concurso" una balsa minera en el río Sonora, en México. "Se parece mucho a Boliden, muchísimo, y tiene un currículum de desastres en América". En cambio, "Minorbis no había tenido jamás una explotación minera".
Los colectivos han llevado también la acusación de prevaricación ambiental al juicio, al entender que el vertido incumplía la normativa "y todas las personas de la mesa de contratación y de la comisión técnica lo sabían". "Estaba clarísimo que no se podía adjudicar".
"Ni se ha avisado Consejo de Participación de Doñana"
Por su parte, Berraquero, de Greenpeace, ha pedido una comisión técnica para evaluar los daños que pudiera provocar el vertido en el Guadalquivir, "como pide un catedrático de la Universidad de Sevilla en un informe", y la Junta está "desoyendo a la comunidad científica". Además del Defensor del Pueblo, también han pedido esta comisión los ayuntamientos de Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena.
"Hay que recordar que este vertido autoriza 85 millones de litros de aguas tóxicas sobre el Guadalquivir, vaciando parte de los lodos que quedaron del anterior desastre sobre el río y con nuevos vertidos y que tampoco se está teniendo en cuenta la afección que va a tener esto al Espacio Natural de Doñana. No se ha sentado al Consejo de Participación de Doñana, no se le ha avisado ni se ha decidido, como dice la normativa, de cualquier cosa que afecte al Espacio Natural de Doñana", defiende Greenpeace. "Hay que parar cualquier permiso de explotación minera".