La alarma social y la guerra partidista desatada tras la aprobación en el Parlamento andaluz, gracias a los votos de PP —tiene mayoría absoluta en la Cámara y gobierna la Junta— y Vox, de la proposición de ley para regularizar 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana no es más que el choque de trenes entre unos altísimos intereses económicos —cada vez menos repartidos en el territorio, dicho sea de paso— y la protección medioambiental que exige la legislación europea sobre una reserva declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Todo ello, con el telón de fondo de la sequía estructural que tiene deshidratado al Espacio Natural, que incluye el Parque Nacional, y la amenaza del Cambio Climático sobre un ecosistema tan diverso y rico como extremadamente frágil y vulnerable. El acuífero, tras el expolio de las últimas décadas, necesitaría 30 años para recuperarse. El 80% de las marismas del Guadalquivir se perdieron en el siglo XX, un 20% es el caudal de agua natural que le queda a Doñana respecto a la situación histórica. Son datos de organizaciones conservacionistas como WWF que llevan batallando décadas para preservar una reserva única en Europa.
“La situación es alarmante. Hay más linces, flamencos y águilas imperiales fuera que dentro de Doñana. ¿Por qué? Su hogar ya está en otro sitio, estas especies no se sienten protegidas. Sin agua, por ejemplo, una cerceta pardilla allí no prospera. Un ave acuática, o tiene agua, o no vive”, afirman expertos ambientólogos e ingenieros de Montes consultados por lavozdelsur.es. WWF, presente desde hace medio siglo en este espacio natural, ya alertó de que se detectó la pérdida de especies de libélulas y caballitos del diablo en las lagunas de Doñana: de 42 especies observadas históricamente a 25 en la actualidad. Doñana no es solo la imagen del humedal de Doñana. Es muchísimo más.
En el último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, los datos demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. Se ha constatado que el 59% de las lagunas de mayor tamaño no se han inundado al menos desde 2013. Unos cambios, ratifican, que tienen ver directamente con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf.
Entre todo el ruido político de las últimas semanas y los incesantes intercambios de golpes en forma de titulares de prensa en torno al futuro de Doñana, algunas claves que ofrecen a lavozdelsur.es expertos en Doñana para entender el contexto y el trasfondo de lo que hay en juego y de por qué la proposición de ley impulsada en el Parlamento pone al límite la esperanza de revertir la situación de este tesoro de la naturaleza que pertenece a todos. Un problema sobre el que durante muchos años se miró para otro lado, pero que ahora tampoco parece que vaya a aliviarse.
Esta situación arranca a finales del franquismo. En una zona con graves problemas sociales, fundamentalmente de paro, “con hambre en las calles”, se plantea el plan Almonte-Marismas, que abarca las provincias de Huelva y Sevilla. Fue un ambicioso plan estatal que perseguía la transformación en regadíos de 14.000 hectáreas del parque —para ganadería, frutos rojos…— y que fue paralizado por su impacto sobre Doñana. Casi desde el minuto uno ya se sabía que la solución iba a ser un problema.
En 1977, el Ministerio de Agricultura da el visto bueno a las obras, en 1979 se adjudican las primeras tierras, pero lo que viene luego es una recogida de cable permanente ante el desastre que ya se palpa. Más de 45 años después el objetivo siempre ha sido restaurar todos los destrozos y propiciar la recarga natural de agua sobre parte de las 122.487 hectáreas, 54.251 de parque nacional y 68.236 hectáreas de parque natural.
En suma, el Estado hace unos pozos, los pone en riego, pero se da cuenta de cómo afectan a Doñana. Cede las parcelas en propiedad a los arrendatarios, pero deja por escrito que no pueden utilizar los pozos. “Aquellos suelos de arena, mayoritariamente en la parte de Almonte, son muy estériles, por lo que sin agua solo pueden ser destinado a cultivos de secano. ¿Qué sucede? Aparece el negocio de los berries, que necesitan mucha agua”.
“Una hectárea de cultivo de frutos rojos (fresas, arandanos, frambuesas...) deja limpio al año del orden de 20-30.000 euros. Con que un agricultor tenga tres o cuatro hectáreas… Y una hectárea es como un campo de fútbol, unos 10.000 metros cuadrados. Todos los que están allí saben que esto es una carrera a ninguna parte, pero aguantarán aquí hasta que puedan”. Las fresas en Andalucía comenzaron a cultivarse en Almería, pero entre Moguer y Palos de la Frontera se introdujeron en Huelva y “empezó a verse que aquello tenía un futuro impresionante, consiguiéndose cultivar la mejor fresa de Europa”. Pero no era lo mejor para Doñana.
“Huelva acapara el 98 por ciento de la producción del país, y contabiliza más de 100.000 empleos. En los últimos 40 años, este sector se ha ganado la posición preeminente que hoy tiene a base de un trabajo constante y de visión de futuro, combinando cuidado con investigación”, ha afirmado hace unos días el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al recibir un premio que otorga la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, a personas e instituciones que apoyan al sector.
En 1992, hace algo más de 30 años, la comisión de expertos —coordinada entonces por el sociólogo Manuel Castells, que ejerció como ministro de Universidades entre 2020 y 2021— diseñó un plan de desarrollo económico para el entorno del Parque Nacional, compatible con la conservación de un espacio único en Europa, que proponía la creación de una industria agroalimentaria alternativa al monocultivo de la fresa y el arroz dependiente del acuífero de Doñana. No se hizo nada.
No se conoce bien el dato. La plataforma Salvemos Doñana asegura que se han abierto 451 expedientes en varios años en los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sellado más de 1.000 pozos, pero eso “no tiene relación con las fincas que faltan por expedientar por estar robando agua sin ser de regadío, que son las que quiere legalizar la Junta de Andalucía, y ni se sabe cuántas son”.
La mayor productora de berries del entorno de Doñana se llama Surexport (ingresos de unos 200 millones de euros anuales). Fundada en Huelva en 1994 por la familia Morales, de hecho es una de las empresas líderes del sector en Europa. Hace un par de años entró en su accionariado Alantra Private Equity Fund III, un fondo de inversión decidido a impulsar su plan de crecimiento. Otra de las grandes empresas, Atlantic Blue, fundada hace 30 años y especializada en arándanos, fue vendida en 2021 a la chilena Hortifrut a cambio de 241 millones de euros. Las 400 hectáreas de Huelva están en manos del gigante chileno especializado en la producción y comercialización de berries frescos y congelados.
“¿Por qué no se da un listado, por qué no se dice quiénes son a los que beneficiaría esta ley que pretende regularizar las 1.500 hectáreas? Esto es como si dices que vas a hacer una ley para que me toque la lotería. Con la sequía tan tremenda que tenemos, plantear el incremento de una superficie de riego es algo de locos. Y sobre todo, echar un pulso a las autoridades europeas”.
“El Espacio Natural Doñana, y el Parque Nacional, como parte de él, están en peligro desde hace décadas por sobreexplotación y contaminación de las masas de agua debido al sobredimensionamiento y malas prácticas agrícolas. Si se declaran de riego 1.400-1.500 hectáreas más, sin agua, ¿Cerrarán los pozos?”, cuestiona la plataforma Salvemos Doñana. Y añaden: La Junta de Andalucía tiene competencias para otorgar derecho de riego, declarando fincas agrícolas de regadío. El derecho de agua luego lo pedirán a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y será imposible que lo concedan porque no hay agua. Es como si se diera licencia de primera ocupación en una casa donde no se puede vivir. La Junta, a todo esto, asegura que las fincas que se pretenden convertir en suelos agrícolas de regadío no están dentro del Parque Nacional.
La plataforma asegura que, efectivamente, se trata de algunas fincas a 30 kilómetros del Parque Nacional y otras a menos de 1 kilómetro del Parque Natural. Pero lo que realmente importante es que pinchan el mismo acuífero, su acuífero, el del Parque Nacional y Natural Doñana. Y lo que realmente preocupa son las canalizaciones kilométricas y los trabajos sin control que han llevado a cabo hasta pinchar en dicho acuífero. La distancia por carretera, obviamente, ha sido lo de menos.
En 2003 se aprobó en Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (Potad). En 2004 entró en vigor un plan de punto y final: grosso modo, el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana fijaba que quienes cultivaban hasta 2004 iban a tener legalidad y, a partir de esa fecha, sería ya imposible. El plan afectaba a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que unas 9.340 pueden ser consideradas como regables en los términos de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana.
La organización ecologista WWF advirtió de que el Plan (la Junta socialista de entonces) "no puede crear falsas expectativas de legalidad a los agricultores, porque no legaliza nada (…) aunque la Junta intenta amnistiar toda la superficie de regadío existente en 2004 (9.340 hectáreas), no puede hacerlo porque en muchas fincas existen incumplimientos de normativas ambientales como la ley de aguas o la ley forestal andaluza”.
Ya las hay. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedras sufre restricciones por primera vez en su historia: la sequía estructural obliga a recortar un 25% la disponibilidad para riego. Huelva tenía más de 200.000 hectáreas de eucaliptal, era una provincia muy forestal y había una percepción de que el agua era abundante allí. Ahora muchos de esos eucaliptales son cultivos de naranjos, aguacates y mangos, y ya hay, como se ha dicho, zonas con restricciones de agua. La agricultura en la provincia de Huelva representa el 8,33% de su PIB, valor que toma mayor protagonismo, pues en Andalucía la agricultura es el 7,20% del PIB y en España el 3,05%. Es decir, en la provincia de Huelva la agricultura tiene un peso proporcional de casi dos veces y medio del que tiene en la media de España.
Aparte, el polo químico de Huelva (Cepsa, Fertiberia, Ence Celulosa…) consume al año unos 50 hectómetros de agua, 50.000.000.000 litros de agua.
España podría pagar hasta 300 millones de euros de multa a la UE por esta proposición de ley. Y ya hay sentencias previas.
En junio de 2021, el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea dio la razón a WWF y sentenció que las administraciones responsables de cuidar Doñana están incumpliendo las leyes europeas, provocando un grave daño a la biodiversidad de este espacio natural único en el planeta. La sentencia concluía que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que ha condenado al estado español”. Esta sentencia histórica confirmaba las reiteradas denuncias que venían efectuando desde hace décadas ante todo tipo de instituciones, alertando del grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua, la impunidad que impera en el entorno y la inacción y falta de medidas efectivas para evitarlo por parte de la Junta de Andalucía y el Estado Central.
Este proceso culminaba, hasta ese momento, con esta histórica sentencia que se inició diez años antes tras la queja que presentó WWF ante la Comisión Europea (CE), en la que denunciaron la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas. Todo ello, ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el gobierno central.
Hace unos días, la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, envió una carta al embajador español ante la UE, Marcos Alonso Alonso. Decía textualmente: "La Comisión ha tenido conocimiento de que el pasado 3 de marzo de 2023 se presentó ante el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley para ser tramitada por procedimiento de urgencia, que pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales en el entorno de Doñana. En mi anterior carta de 31 de enero de 2022 ya le transmití la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 24 de junio de 2021"
La Junta, ahora en manos del PP, dice que quiere acabar con el problema que no resolvieron gobiernos anteriores, pero la realidad es que su proposición de ley no hace más que agravarlo. "El uso del agua, ilegal, no se puede ocultar. Un pozo ilegal es casi imposible de detectar y se puede hacer en horas en una noche. No hay agua para las hectáreas actuales de fresas legales (algo menos de 5.000 hectáreas), ¿a quiénes les interesan más hectáreas? Al final, agua para nadie. Actualmente, con los litros de lluvia no se dan las condiciones para que corra el agua por los arroyos que desembocan en la marisma de Doñana. El suelo está tan seco que se chupa el agua, las plantas lo absorben, y ni se recarga el acuífero ni corren los arroyos. No hay agua para todos los usos económicos, agrícolas, medioambientales y de boca para nuestros pueblos y ciudades, pero la ambición no tiene límites", aseguran los expertos.
Las infraestructuras hídricas, en el panorama de cambio climático y sequía estructural, no resuelven nada. No es posible garantizar que vaya a llover, por lo que puede darse la paradoja de que por más inversiones millonarias que se ejecuten para trasvases, el agua no corra por estas infraestructuras. Hay que cambiar el modelo.
“Sería una irresponsabilidad cargarse el oro rojo (los berries) de Huelva, hay que dejarlo que se consolide en equilibrio con Doñana, pero se entendería que se discriminara en positivo al pequeño agricultor, hasta tres hectáreas, y que se viera que se cultivan y cómo. El que tenga 100 hectáreas no tiene prioridad, y menos para que se lleve el dinero a otro lado”. Y por otro lado, ¿nadie ha pensado en compensar al medio ambiente o compensar por ese consumo de agua? ¿Sabes que el agua que se extrae de los pozos, no solamente de Doñana, sino del resto de la Península Ibérica, no paga ningún tipo de impuesto canon a la administración? El agua de los embalses sí paga un canon, pero el agua de los pozos es gratis, y lo que es gratis no se valora como se tiene que valorar. Entonces, claro, es que es mucho dinero limpio el que se gana.
En Almería se usa agua desalada, pero significa pasar de pagar 0 a 4.000 euros por hectárea de cultivo. Si esto se trasladara al entorno de Doñana, seguiría siendo una agricultura rentable, pero “no tan, tan, tan, tan rentable como ahora”. Y tampoco es la panacea el agua desalada, “que también tiene sus problemas: el 25% genera una salmuera que tiene un impacto en el medio marino brutal, que funciona como un ácido. Si montas una desaladora en Matalascañas y viertes esa salmuera en Doñana te cargas parte de su ecosistema”. Otra idea: las fresas certificadas ecológicas no consumen productos químicos de síntesis ni son transgénicas, por tanto no contaminarían Doñana, y sus frutos saludables se venden a mayor precio, poniendo en evidencia práctica calidad frente a producción, para conseguir lo mismo y con mejor resultado para el medio ambiente.
Y por otra parte, ¿cómo los dueños de este oro rojo permiten que, en algunos sitios, la mano de obra viva en chabolas o haya casos de condiciones de semiesclavitud? Como ya se decía hace treinta años: hay que bajar de forma acusada, y cuanto antes, el impacto del modelo actual.