La polémica ley de la pasada legislatura que presentaron Partido Popular, Ciudadanos y Vox y amenazaba con la legalización de 1.460 hectáreas de regadíos ilegales en el Parque Nacional de Doñana tendrá que esperar a pesar de que en la actual legislatura el PP tiene una mayoría absoluta que le permitiría aprobar el texto sin dificultades. Así lo confirma el portavoz del grupo parlamentario, Toni Martín, a lavozdelsur.es en una entrevista que podrá leerse al completo este fin de semana.
Entre las prioridades de los populares no se encuentra esta norma actualmente. El Gobierno de la Junta de Andalucía, además, echaba balones fuera en una comparecencia reciente asegurando que se trataba de una iniciativa del grupo parlamentario. Sin embargo, el grupo parlamentario también ha decidido aparcar esta ley durante un tiempo, aunque su portavoz asegura que no descarta "nada" en este asunto.
Hace unas semanas la preocupación por el estado del Parque Nacional aumentaba al publicar el CSIC una imagen en la que la mayor laguna permanente de Doñana, la de Santa Olalla, amanecía seca por complento. Esto sólo había ocurrido en un par de ocasiones en la historia reciente. Pero este no ha sido el motivo por el cuál la iniciativa que contaba con el visto bueno de PP, Cs y Vox se ha dejado a un lado. Al menos de momento. "No es tanto la imagen de la laguna seca sino el empeoramiento drástico de la cuestión de la sequía", cuenta Martín.
Aquella ley fue presentada en dos ocasiones debido a que se hizo en el último tramo de la legislatura, cuando Ciudadanos decidió tomar distancias con Vox. Por todo ello, el Partido Popular tuvo que ejercer de enlace entre ambas formaciones. Por esto, los populares firmaron dos propuestas, una con la extrema derecha y otra con su socio de coalición. El texto en ambas era el mismo. Pasó los primeros trámites parlamentarios con una abstención inesperada del PSOE, pero decayó con la disolución del Parlamento de Andalucía al convocar Juanma Moreno elecciones en Andalucía.
El portavoz popular define esta ley como "muy complicada" porque "por un lado afecta por un lado a Doñana y por otro a centenares de familias que tienen en la agricultura su vida". La intención del grupo es conjugar ambas cuestiones, "los gobiernos y los grupos parlamentarios estamos para encontrar soluciones".
Desde el Partido Popular reivindican algo en lo que insistió Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, durante el debate, "la ley llevaba una solución". La solución a la que se refiere el portavoz del PP es al agua en superficie a través de obras hidráulicas que no están completadas como el trasvase Tinto-Odiel-Piedras al Gualdaquivir, "para que haya agua en superficie quien tiene que hacer las obras de infraestructuras hidráulicas es el Gobierno de España".
"La Junta tiene el 33% y ha aprobado dos decretos de sequía y se han movilizado 1.500 millones de inversión, 140 directamente en infraestructuras hidráulicas. Y el Gobierno de España con dos tercios de las competencias ha invertido 9 millones de euros. Así no vamos a ningún lado", comenta Martín.
Toda esta cuestión ha provocado que el Partido Popular se replantee la ley y su contenido, "dadas las circunstancias, sobre la urgencia de aprobar la ley está la conveniencia de que lo que venga al Parlamento sea un texto para solucionar y no para agravar problemas; no vamos a traer esto en una semana cuando hay que traer un texto que conjugue los dos problemas: la pervivencia de Doñana como espacio medioambiental a nivel mundial y por otro lado la forma de vida de tantas familias de Huelva".
Rechazo de la UE, el Gobierno y la oposición a la ley de Doñana
En su momento, aunque finalmente quedó en nada por la convocatoria electoral, esta iniciativa fue muy polémica a todos los niveles. Empezando por los partidos de la oposición - a pesar de esa abstención del PSOE por la presión de los alcaldes de la zona - y de las organizaciones ecologistas.
Desde el Gobierno hubo manifestaciones muy duras contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por parte de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La ministra llegó a advertir de que aprobar esta ley suponía poner en riesgo la llegada de fondos europeos a España, un país que ya había sido sancionada por la Justicia europea al descuidar este mismo parque nacional.
Fueron semanas de muchas visitas a Bruselas por parte de Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Ambas formaciones se reunieron con representantes de la Comisión Europea en materia de Medio Ambiente para pedir que pusieran medios para frenar la iniciativa. Incluso la Unesco se pronunció en contra de esta ley. Una ley que no pisará el Parlamento a corto plazo. Las circunstancias provocan que los populares se hayan replanteado la situación.
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