El estado del Parque Nacional de Doñana vuelve a la primera línea política. El Gobierno de España ha decidido tomar las riendas de una situación límite aunque lo ha hecho sin apenas contar con la Junta de Andalucía, algo que ha reprochado el Ejecutivo de Juanma Moreno. Se trata del primer movimiento oficial tras el fallido intento de legalizar los regadíos en el Parlamento de Andalucía durante la pasada legislatura. De momento, la Junta ha manifestado que no va a retomar aquella norma a pesar de que Vox la ha registrado nuevamente. El Gobierno central rechazó aquella iniciativa y Teresa Ribera, la responsable de Transición Ecológica, ha vuelto a insistir tachándola de barbaridad.
La ministra de Transición Ecológica ha anunciado en un acto junto a alcaldes de la zona, científicos y representantes socialen el Marco de Actuaciones para Doñana, con un presupuesto de 356,3 millones, de los cuales se prevé que 118 millones (el 33%) estén ya en ejecución a lo largo de 2023. Una iniciativa que busca recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio emblemático y revertir la situación de degradación ambiental en la que se encuentra en la actualidad.
La ministra ha señalado que el crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de Doñana, basada en las extracciones del acuífero, ha provocado "un grave impacto en las aguas subterráneas", de forma que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero (Rocinas, Almonte y Marismas) han sido catalogadas como "en mal estado".
Este hace que sean "cada vez más graves" los problemas relacionados con la calidad del agua, producidos principalmente por una "insuficiente" depuración de los núcleos urbanos y por la presencia de nutrientes en los cauces que llegan a la marisma derivados de la agricultura intensiva por lo que 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales. Para mejorar la gestión del acuífero se elaborarán planes de actuación específicos para cada una de las masas de agua subterránea declaradas en riesgo. Además, se destinan 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas.
A pesar de que la Junta de Andalucía ha celebrado todas las medidas "que sean positivas", ha recriminado al Gobierno que no se haya contado con ella para un gran pacto por Doñana. El portavoz andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ya criticó el martes que el Gobierno de Andalucía no tuviera un papel principal en el acto.
"La ministra ha venido en busca de titulares y de pocas soluciones", ha criticado tras asegurar que "la mitad de las obras que presenta el plan del Gobierno son actuaciones de depuración, muchas de ellas ya en marcha y algunas tan lejos de Doñana como que se están haciendo en Sevilla". "La opinión de la Junta es que Doñana necesita un gran pacto que orille nuestras diferencias y aporte soluciones. Nuestra predisposición sigue intacta", ha concluido.
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