Los Verdes de Europa-Tarifa han exigido la inmediata paralización de la tala de árboles en el Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate, dentro de la Red Natura 2000. Esta deforestación se está llevando a cabo con fondos europeos, sin contar con el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, lo que supondría una vulneración de leyes y directivas de protección de espacios naturales.
El grupo ecologista ha defendido el movimiento ciudadano 'Por la tierra, por nuestra Breña', reivindicando el derecho a la conservación de la biodiversidad amparado en la Constitución.
Según el comunicado, esta tala amenaza ecosistemas vulnerables y atenta contra los derechos ciudadanos. Señalan que los actos llevados a cabo en la zona pueden considerarse un ecocidio, al implicar daños graves y duraderos al medio ambiente.
Los Verdes de Europa-Tarifa han interpuesto denuncias para que se investigue la responsabilidad de la administración en esta tala indiscriminada. Recuerdan que existen sentencias del Tribunal Europeo que obligan a realizar un Estudio de Impacto Ambiental en este tipo de intervenciones, algo que, según sostienen, las administraciones han ignorado.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales establece que el aprovechamiento de la madera debe realizarse de manera cautelosa, priorizando la conservación del pinar, que tiene una función protectora más que productora. Por su parte, el Plan Forestal Español 2022-2032 determina que cualquier actuación en la Red Natura 2000 debe someterse a un procedimiento de evaluación ambiental.
La organización también ha denunciado que la tala en Montenmedio, Los Lances y ahora en La Breña y Marismas de Barbate es solo una parte de un problema mayor. Aseguran que estos delitos ambientales dependen de la vigilancia ciudadana y que, a pesar de las denuncias, la administración no ha tomado medidas efectivas.
Los ecologistas acusan a las autoridades de retrasar deliberadamente las actuaciones hasta convertir los daños en hechos consumados. Sostienen que existe una corrupción sistemática que ampara la impunidad de quienes permiten la degradación del medio ambiente.
En este contexto, recalcan que la población está movilizándose para frenar esta situación y exigen una mayor transparencia y celeridad en la aplicación de la legislación medioambiental. Consideran que el tiempo para la inacción ha terminado y que es urgente adoptar medidas para proteger los ecosistemas afectados.
