La polémica provocada tras las declaraciones de Alberto Garzón, ministro de Consumo, tienen su eco en Andalucía. El compañero de filas y líder de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha anunciado que Unidas Podemos llevará al Parlamento una iniciativa que impida la construcción de nuevas macrogranjas en la comunidad.
En principio, la propuesta será tramitada en forma de Proposición No de Ley (PNL), algo que no tendría carácter vinculante para el Gobierno. Este hecho, sin embargo, aún no está decidido en el seno del grupo parlamentario. Además, observando las reacciones en estos últimos días, lo normal sería que esta iniciativa no consiguiera el respaldo necesario ya que, tanto PP, Ciudadanos, Vox e, incluso, el Partido Socialista, se han manifestado en contra de las declaraciones de Garzón.
Desde Unidas Podemos avisan de que en el contenido del texto se establecerá que se frenen “los planes de expansión” de las macrogranjas, “se acaben las licitaciones” para no permitir nuevas construcciones de este tipo y, por último, se aprueben ayudas directas para los ganaderos que practican la ganadería extensiva. Valero ha pedido que el Gobierno “se ponga a la altura” de lo que califica como “una demanda social”.
La Junta de Andalucía camina por la senda de intentar contentar a todas las partes implicadas. Moreno Bonilla ha criticado a Garzón por “generar mala reputación” entre los ganaderos, lo cierto es que el Gobierno andaluz ya ha tenido manifestaciones que van en la línea del ministro de Consumo.
Sin ir más lejos, en julio, días después de que Garzón advirtiera sobre el excesivo consumo de carne, Elías Bendodo, portavoz de la Junta, anunció ayudas para la ganadería extensiva por ser “mejor” para el medio ambiente. La propia web de la Junta ya establecía la recomendación de disminuir la ingesta de carne.
Aun así, recientemente, la Junta también otorgó a Cefusa – El Pozo – una Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este hecho fue denunciado por la plataforma Salvemos el Altiplano, compuesta por agricultores, vecinos y regantes por temor a que facilitara la industria de Castilléjar, en Granada.
La explotación industrial de Castilléjar está considerada la más contaminante de España. Valero ha señalado que todos los partidos de la zona afectados por esta macrogranja “independientemente de su color político” se han posicionado en contra y pide a la Junta que haga lo mismo.
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