Andalucía y el resto de comunidades autónomas de España van a recibir una cantidad de dinero para localizar, exhaumar e identificar a las víctimas desaparecidas durante el franquismo que sus familiares buscan sin descanso. Además de para la realización de actividades de divulgación de los trabajos y resultados conseguidos.
En concreto, el Gobierno ha aprobado la distribución de dos millones de euros para los trabajos propios de enhumación y un millón para dar a conocer el seguimiento y organizar "actividades de dignificación de los lugares de enterramiento".
Así lo ha acordado este viernes el Consejo Territorial de Memoria Democrática, el primero que se celebra desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, y que ha estado presidido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Durante el encuentro se han aprobado los criterios de reparto y distribución de los fondos correspondientes al ejercicio 2023.
El Gobierno ha detallado que la partida irá dirigida a tres líneas de actuación, la primera a la búsqueda de las personas represaliadas y la segunda y tercera, a actividades para que la ciudadanía descubra de primera mano los pasos a seguir.
Además, a petición de varias CCAA y dentro de la tercera línea de actuación, se ha incorporado la posibilidad de financiar investigaciones relacionadas con la elaboración de censos de víctimas y el tratamiento de series documentales vinculadas con la memoria democrática.
Según ha explicado Moncloa, para la financiación de las actividades de localización, exhumación e identificación de personas desparecidas, cada comunidad o ciudad autónoma recibirá un importe fijo de 21.250 euros si cuenta con, al menos, una fosa pendiente de intervención. Por su parte, los 1.660.000 euros restantes se repartirán en función del número de fosas pendientes de intervenir en cada una de ellas.
Para las actividades de divulgación de los trabajos efectuados y resultados conseguidos, así como de dignificación de los lugares de enterramiento y de promoción de los de memoria asociados a los mismos, las comunidades y ciudades autónomas se repartirán 600.000 euros. Los 400.000 euros restantes se distribuirán en función del número de fosas intervenidas con metodología científica desde 2000 a 2021.
Durante su intervención, el ministro ha recordado que "las políticas de memoria democrática son un instrumento clave para promover la defensa de los derechos humanos y defender la democracia". Asimismo, ha agradecido a los consejeros salientes y a sus equipos la colaboración y el trabajo conjunto en el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática durante estos años.
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