Caixabank ejecutará 1.051 despidos en Andalucía, la segunda comunidad más afectada por el recorte de 8.291 personas anunciada por la compañía, que cerrará 1.534 oficinas en todo el país tras anunciar su fusión con Bankia. En estos momentos, Caixabank cuenta con 44.000 empleados, una cifra que bajará considerablemente.
Madrid (1.511), Barcelona (595), Valencia (528), Las Palmas (293), Alicante (253), Granada (279), Sevilla (237) o Cádiz (125) son las provincias más afectadas por los recortes de Caixabank, que ejecutará así uno de los mayores ERE de la historia del sector financiero español. Madrid, con 1.511 despidos; Andalucía, con 1.051; la Comunidad Valenciana, con 942, y Cataluña, con 754, son las comunidades autónomas más afectadas por el ERE de Caixabank.
El banco ha descartado las prejubilaciones y tratará de que las salidas se produzcan con arreglo a la máxima voluntariedad y la meritocracia. El criterio preferente de la adscripción voluntaria podrá rechazarse por superarse el límite de los excedentes en cada área o provincia o para evitar un desequilibrio generacional.
De este modo, a pesar de que se preveía que gran parte de las salidas fuera asumidas por los mayores, el banco pretende que el ajuste sea equilibrado y afecte en un 50% a personas con más de 50 años y la otra mitad a menores de este límite de edad. Del total de despidos propuestos, hasta 5.742 de ellos se aplicarán sobre sucursales y unos 688 sobre filiales; mientras que 1.611 empleos se recortarán en servicios centrales y hasta 250 de ellos en direcciones territoriales.
Además, el banco ha establecido cuatro grupos de salida para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Así, ha propuesto hasta 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para los mayores de 63 años. De 58 a 63 años, con más de 15 años de antigüedad, la mitad del salario pensionable con descuento del desempleo y pago del convenio de la Seguridad Social.
Asimismo, para los trabajadores de entre 55 a 58 años con 15 años de antigüedad ofrece el 50% del salario regulador con máximo de dos anualidades. El resto de la plantilla tendría 25 días por año trabajado con un tope de 18 mensualidades. Respecto a oficinas, el podrecimiento se saldará con el cierre de 1.534 de ellas y los criterios se basarán en el tamaño del municipio y competencia bancaria en la plaza; la distancia entre oficinas de ambas entidades; la cuota de presencia y solapamiemtos; evitar la exclusión financiera y potenciar oficinas de mayor tamaño y especialización.